Baltasar Garzón, el juez odiado por el pinochetismo

El escándalo montado por la derecha en Chile a propósito de la medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado que el presidente Gabriel Boric otorgó al juez Baltasar Garzón en Madrid, es a todas luces una venganza política contra el magistrado que despojó a Augusto Pinochet de su condición de intocable y de cancerbero de una vigilada transición a la democracia. Todo el arsenal de argumentos pretendidamente patrióticos y supuestamente legales que parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos han sacado a colación es un compendio sibilino, que no alcanza a enmascarar el repetido afán de cuestionar y desacreditar a Boric y de paso renovar el resentimiento contra el magistrado español.

En rigor, la transición a la post dictadura comenzó en Chile el 16 de octubre de 1998, cuando agentes de Scotland Yard llegaron a The Clinic en Londres para arrestar al exdictador, general retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte, cumpliendo una orden de captura emitida por el juez Baltasar Garzón para que respondiera por el asesinato de ciudadanos españoles durante la dictadura (1973-1990).

Hasta entonces el país vivía una suerte de democracia regulada bajo los pactos de la transición y también, y sobre todo, por las demostraciones de fuerza de un Pinochet que mantuvo hasta marzo de 1998 la comandancia del Ejército, desde donde ordenó en diciembre de 1990 el “Ejercicio de enlace” y el 28 de mayo de 1993 el “Boinazo”. Ambos, actos intimidatorios contra el gobierno de Patricio Aylwin a propósito del escándalo de los “Pinocheques”, que remitía al traspaso en 1989 de unos tres millones de dólares del Ejército al hijo del dictador, Augusto Pinochet Hiriart.

El gobierno de Aylwin, a través de los oficios de su ministro Enrique Correa, paralizó una comisión investigadora de los “Pinocheques” en la Cámara de Diputados. El caso fue derivado al Consejo de Defensa del Estado y en 1994 el recién asumido presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ordenó a este organismo el cierre definitivo de la investigación “por razones de Estado”. Para completar este ejercicio de memoria sobre la impunidad de hecho de Pinochet, en marzo de 1998 el mismo gobernante movería todo tipo de influencias desde su partido Demócrata Cristiano hasta toda la entonces oficialista Concertación Democrática para hacer fracasar una acusación constitucional contra el ex dictador cuyo objetivo era impedir que asumiera como senador vitalicio.

Pinochet blindado hasta el exceso se vio confrontado desde octubre de 1998 a su faz de violador de los derechos humanos y autor de crímenes de lesa humanidad gracias al juez Garzón. Su arresto en Londres fue emblemático, ya que en julio de ese mismo año había sido adoptado en Roma el estatuto que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional.

Los dieciocho meses de arresto de Pinochet en Gran Bretaña generaron cambios en el libreto de la transición. Se facilitaron acuerdos para desmontar enclaves autoritarios y aprobar reformas constitucionales el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que aunque con avances en derechos humanos mantuvieron la esencia neoliberal del Estado chileno. Lagos también conformó la Comisión Valech en 2003, que documentó más de 20.000 casos de torturas, tras cerrar en agosto del año 2000 la infructuosa Mesa de Diálogo donde se pretendía que los militares revelaran la suerte de detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos.

En el trasfondo de las protestas derechistas por el reconocimiento de Boric a Garzón se asoman estos antecedentes y así el empeño de desacreditar a un juez con una trayectoria ligada a la persecución de crímenes de lesa humanidad tiene el anverso de reivindicar la figura de Pinochet medio siglo después del cruento golpe de Estado.

La medalla otorgada a Garzón es un acto de gratitud de contenido político, qué duda cabe, pero también humanitario. El acto en la Casa de las Américas de Madrid el sábado 15 estuvo marcado por la reivindicación de los derechos humanos, graficada sobre todo con la presencia de Gioconda Belli, la poeta perseguida en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega, acogida en Chile.

Gran parte de la prensa chilena ha actuado como caja de resonancia de los pronunciamientos derechistas que a propósito de este episodio buscan desacreditar a Boric y a Garzón, en operaciones donde el tema de los derechos humanos está ausente.

¿Es Garzón un enemigo de Chile por haber trabajado como profesional para Bolivia en su demanda ante la Corte de La Haya por una salida al Pacífico? ¿O el mensaje subliminal de la derecha es que ese fue “un nuevo ataque a nuestra soberanía” tras la orden de captura contra Pinochet que emitió en 1998?

Parlamentarios de Chile Vamos, la coalición opositora de derecha, han calificado al juez de “delincuente” porque estuvo castigado en España por cargos de prevaricación, que él rechaza y en los cuales hubo sospechas de persecución política ya que investigaba un escándalo que involucraba a miembros del derechista Partido Popular. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó en 2022 a España a borrar los antecedentes penales de Garzón en este caso.

En el “prontuario” que se atribuye a Garzón no se incluye que el año 2008 acogió una demanda de veintidós agrupaciones de familiares de víctimas para abrir una investigación de los crímenes del franquismo que permanecen en la impunidad en España, pero el Tribunal Supremo lo obligó a declararse incompetente.

En el acto donde Boric entregó la medalla de los 50 años también a Joan Manuel Serrat, Garzón recordó que así como en Chile y Argentina, también en España persiste la impunidad de autores de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos contra los derechos humanos bajo la dictadura de Francisco Franco, a quien Pinochet admiraba. No faltan desde la extrema derecha en Chile y América Latina quienes acusan livianamente el juez hispano de servir a gobiernos “corruptos” por haber prestado asesorías en materia de sistemas judiciales a Rafael Correa en Ecuador y a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina.

Por último, esta derecha que rasga vestiduras continuamente por la libertad de expresión omite que Baltasar Garzón encabeza la defensa del periodista australiano Julian Assange, arrestado en el Reino Unido y bajo amenaza de ser condenado en Estados Unidos a prisión perpetua por sus revelaciones en Wikileaks de crímenes de guerra norteamericanos en Irak y Afganistán.

*Periodista y escritor. Magíster en Comunicación Política, Diplomado en Periodismo y Crítica Cultural en la Universidad de Chile. Fue director de la Escuela de Periodismo de esa misma universidad (2003-2008) y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile (1992-1995). Corresponsal en Ecuador y director de la oficina de Inter Press Service en Chile. Fue corresponsal también de Latin America Newsletter (Inglaterra), El Periódico de Barcelona (España), revista Brecha (Uruguay) y diario Milenio (México). Autor de los libros «Caso Spiniak. Poder, ética y operaciones mediáticas» (ensayo), «Nombres de mujer» (cuentos) y «La muerte de la bailarina» (novela).