De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía de Brasil, el expresidente golpista Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores deben ser condenados por su pertenencia a una organización criminal armada, tentativa de abolición del estado democrático, golpe de Estado y otros delitos. Pese a ser defendido por Donald Trump.
Bolsonaro podría ser condenado a un máximo de 43 años de prisión si el Supremo Tribunal Federal (STF) aplica la mayor pena por cada uno de los delitos que le atribuye la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque la pena máxima se calcula en 43 años, la más probable estaría en un punto intermedio: más de 14 años, pero menos que el límite máximo establecido por el Código Penal.
El Fiscal General Paulo Gonet detalló los cinco delitos que se imputan a Bolsonaro en relación con el intento de golpe de Estado. Afirmó que los ataques a la sede de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 representaron el “resultado final del intento de golpe de Estado” organizado para mantener a Jair Bolsonaro en el poder, incluso después de su derrota en las elecciones de 2022. «El dramático acontecimiento ayudó a replantear toda una serie de acontecimientos pasados, que anteriormente parecían desconectados unos de otros”, dijo el Fiscal.
Cabe recordar que Bolsonaro alcanzó la Presidencia merced al lawfare, con el famoso Caso Lavajato,, ejerció el poder de manera autoritaria, antipopular e irresponsable y se resistió a abandonarlo una vez que la voluntad popular le negó un segundo mandato. Los ilícito señalados por la Fiscalía tuvieron lugar tras su derrota en las elecciones de 2022, en las que Lula ganó con 50.9 por ciento de los votos.
Desde entonces, hordas ultraderechistas instigadas por el presidente saliente clamaron por un golpe de Estado, incendiaron vehículos, planearon atentados dinamiteros en un aeropuerto y culminaron la intentona el 8 de enero de 2023 –ya con el político progresista en el cargo–, cuando irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, asaltaron la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.
A nadie llamó la atención que lo realizado por los bolsonaritas siguiera el mismo guión de la incursión en el Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021, azuzada por Donald Trump desde la Casa Blanca en un intento de última hora por impedir que Joe Biden lo sucediera. Bolsonaro y Trump, además, mantienen desde hace años una estrecha alianza y, en protesta por este proceso el mandatario estadounidense ordenó castigar a Brasil con un incremento de aranceles tan absurdo que prácticamente equivale a acabar con el comercio bilateral.
Según el fiscal Gonet los atentados no fueron obra de una masa desorganizada, sino de una estructura organizada que deseó, planeó y alentó el estallido popular, difundiendo una narrativa golpista y antidemocrática incluso antes de los resultados electorales. «En todo momento, según la narrativa difundida, el grupo buscó la inestabilidad social», declaró el titular de la Fiscalía General de la República.
«En retrospectiva, el 8 de enero de 2023 no fue más que el violento desenlace que se esperaba», concluyó. El documento de la Fiscalía incluye, además de Bolsonaro, a siete personas identificadas como parte del núcleo central del intento de golpe, entre ellos el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, general Walter Braga Netto (exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro) y el general Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional).
Asimismo, fueron imputados los exministros de Defensa y de Justicia, Paulo Sérgio Nogueira y Anderson Torres, el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Armada, almirante Almir Garnier y Mauro Cid (teniente coronel, exayudante de campo de Bolsonaro).
La investigación concluyó que el golpe no prosperó porque los militares resistieron a las presiones de Bolsonaro y su círculo más cercano. El plan incluía asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez supremo que instruye el caso, Alexander de Morais.
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, rompió el silencio días después del anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump, quien amenazó con imponer un incremento del 50 por ciento en los aranceles a los productos brasileños, en respuesta a lo que calificó como una “persecución política” contra el expresidente Bolsonaro. Barroso defendió las actuaciones del Tribunal y aclaró que la medida de Trump se basa en una «comprensión imprecisa» de los acontecimientos.
La demanda formal de castigo para Bolsonaro es una buena noticia para América Latina: un dato esperanzador ante el alineamiento faccioso y corrupto de los poderes judiciales de buena parte de América Latina con proyectos políticos antidemocráticos, autoritarios y antipopulares; como en Brasil, Argentina, Perú, Guatemala, entre otros países. En Argentina la expresidenta Cristina Fernández cumple una aberrante condena de prisión domiciliaria–, en Perú, el “poder” mantiene en la cárcel al expresidente Pedro Castillo, y en Guatemala, los intereses cavernarios persiguen a fiscales y jueces con el fin de deponer al presidente Bernardo Arévalo.
Bolsonaro es consciente de que será muy difícil esquivar la condena, que le dejaría fuera del tablero político, aunque ya la Justicia Electoral lo condenó por haber abusado del poder que le daba la presidencia para beneficiarse en la última campaña electoral. Está inhabilitado hasta 2030, así que no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Aun así, públicamente Bolsonaro actúa como único y legítimo candidato de la derecha, lo que empieza a poner nerviosos a sus propios aliados.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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