Boric lanza plan para buscar 1.162 desaparecidos en dictadura
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente chileno Gabriel Boric anunció que por primera vez el Estado buscará a más de mil 100 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, una de sus promesas de gobierno.
Boric también reflexionó sobre las ausencias -de dirigentes de la derecha- tanto en la historia del país como en la ceremonia de presentación del plan de búsqueda. Así, expresó su lamento por las ausencias que marcan tanto el pasado como el presente.
“Es momento que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que no requiere contexto, que no requiere mayores explicaciones, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto, nada más”, dijo.
Boric, “en momentos en los que hay quienes se atreven a negar todo esto”, planteó que “tenemos el deber de seguir buscando y disponer de los recursos necesarios, porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes”. Este programa, agregó, será una nueva herramienta institucional contra el olvido, aún cuando llega 33 años después de la caída de la dictadura.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 40 mil víctimas, entre ellas al menos 3 mil 200 opositores asesinados, de los cuales mil 469 fueron desaparecidos. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307, pero aún falta hallar a otros mil 162, según las últimas cifras oficiales.
Usada como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, la desaparición forzada afectó y afecta no sólo a las víctimas directas, sino también a los parientes próximos, las comunidades y al conjunto de la sociedad, señaló la Organización de Naciones Unidas, que advirtió que a pesar de los instrumentos legales en vigor, aún existe impunidad generalizada.
Para las familias y amigos de los desaparecidos, cada día es una lucha por conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. La verdad y la justicia son esenciales, declaró el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien desde Ginebra pidió a los países que garanticen la protección, la rendición de cuentas, la transparencia y la reparación a todas las víctimas.
El plan pretende que la responsabilidad de la búsqueda sea obligación permanente del Estado, comentó por su parte el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tiene dos tíos abuelos desaparecidos. Aseveró que entre los miembros y ex integrantes de las fuerzas armadas es evidente que hay personas que tienen información. Es una manera no sólo de reparar a las víctimas, sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva, sintetizó Cordero.
Y siguen las interrogantes: ¿Qué significa que se detenga el tiempo? ¿cómo se enfrenta una búsqueda, cuando te dicen que aquí no se ha perdido nada? ¿En qué momento se asume la muerte? ¿Hay un momento en que se asume la muerte? ¿Cómo se cuenta lo que se imagina que pasó? ¿Dónde, en qué lugar físico, material se vive el duelo? ¿Cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió? ¿Cómo se responde a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo?
Hasta ahora la búsqueda había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos. El trabajo de distintas instancias -como las comisiones generadas por el propio Estado-, así como las investigaciones judiciales realizadas a la fecha han establecido que no menos de 3 mil 200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el período 1973-1990.
Se estima que, de ese total, las víctimas de desaparición forzada alcanzan a 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a detenidos(as) desaparecidos(as) y 377 a ejecutados(as) políticos(as) sin entrega de cuerpos. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162 desaparecidos.
Boric prometió, además, que se destinarán unos 18 millones de dólares a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que tiene largos retrasos en los peritajes de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y se darán más recursos al Poder Judicial. El plan fue presentado dos semanas antes del 50 aniversario del golpe contra el presidente socialista Salvador Allende.
Esta política es permanente y nos hacemos cargo como Estado, no sólo como gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance y correr las barreras para esclarecer las desapariciones y muertes, añadió.
En el pasado, las autoridades hicieron algunos esfuerzos para ubicar a los desaparecidos. En 1991 se hallaron los restos de 126 personas en 107 tumbas que se creía que eran de opositores a la dictadura. Aunque el gobierno de entonces anunció que habían sido identificados e incluso los entregó a sus familiares, en 2006 se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver 82 cajas con los restos al instituto forense.
El Estado ha fallado en entregar respuestas que las familias y el país merecen, afirmó Boric, quien recordó que “mientras ellos sigan faltando, Chile está incompleto”.
Mientras, se anunció que el exbrigadier Hernán Chacón, uno de los siete militares condenados por el asesinato del cantante Victor Jara, se suicidó este miércoles durante el operativo que se llevaba adelante para detenerlo.
“Obviamente hay una responsabilidad del alto mando de las fuerzas armadas. No puede ser que no sepamos qué pasó con alrededor de mil chilenos”, aseveró Carlos González, detenido y torturado por militares. Pinochet murió en diciembre de 2006, a los 91 años, y nunca fue condenado en tribunales por su responsabilidad en los crímenes.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)