Caso Penta: la política al servicio de los negocios
Si nos remontamos a los primeros años del proceso denominado “transición a la democracia”, observaremos que desde entonces aparece, como un legado más de la dictadura, una tendencia en la vida pública y privada que se extiende por las décadas siguientes: la corrupción en el aparato público.
Ésta, que tuvo sus momentos de clímax a comienzos del 2000, se ha ido engrosando con la corrupción en los negocios para envolver, finalmente, a prácticamente todo el sistema público y privado. Eventos como los sobresueldos, coimas en las concesiones, o para financiar campañas electorales, gastos injustificados en casi todas las reparticiones del Estado, boletas abultadas o decididamente falsas, puerta giratoria entre negocios privados y públicos, contratación de parientes y amantes han sido parte del inventario mensual de la política.
En todos estos casos, con nombres que van desde los sobresueldos al MOPgate, de Chiledeportes a Indap, bonos en Correos de Chile y Codelco, por mencionar algunos, se trata de acciones ilegales e inmorales para el beneficio personal y corporativo a costa del Fisco o las personas. Un ejercicio periódico que ha puesto a los políticos como las figuras más despreciadas por la ciudadanía.
En la sociedad neoliberal, que ha transferido el poder y la riqueza a las grandes empresas, este fenómeno se reproduce con frecuencia y magnitud en el sector privado. Ocultados los casos por intereses corporativos y defensas ideológicas durante los primeros años de la transición, ya a partir de la década pasada la corrupción y abuso en los negocios marca una línea continua y en plena expansión.
Desde el caso Chispas, de Endesa y José Yurasze
ck, hay un hilo conductor que pasa por Soquimich y Ponce Lerou, las repactaciones unilaterales de La Polar y Cencosud, el lucro ilegal en el sistema de educación superior, las colusiones en las farmacias y los pollos, al caso Penta. El desprecio ciudadano hacia los empresarios y su ilimitada codicia sólo es superado por la repulsión hacia los políticos.
El caso Penta es probablemente la síntesis perfecta, la quintaesencia de ambos ámbitos de corrupción, es el cierre del círculo, la ecuación resuelta. Es el resultado lógico de la mercantilización de todas las esferas públicas y privadas. Es la expresión transparente de un proceso de deterioro institucional que sin duda hunde sus raíces en el centro de la dictadura, en las bases del actual modelo económico y su referente político.
Si el mayor escándalo de corrupción de 2013 fue protagonizado por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, beneficiado por su entonces suegro a través del proceso de privatización de la empresa minera Soquimich, los protagonistas del mayor espectáculo de 2014-2015 han sido otros grandes favorecidos por la dictadura. El grupo Penta, mecenas financista de la ultraderechista UDI, nació al cobijo de las políticas económicas del dictador. El poder y la riqueza obtenidos entonces por medio del fraude, amparado por la violencia, se ha mantenido y consolidado hasta el día de hoy por técnicas si no iguales, similares. En reemplazo del crimen, la mentira, el cohecho, el soborno, el fraude tributario. La forma de ejercer el poder se basa en sistemas corruptos y la UDI actúa como tapón antidemocrático representante de las oligarquías y los poderes fácticos.
La UDI, mercenarios del poder económico en la política
Hay una íntima relación y una retroalimentación entre la política y los negocios. Una observación y extendida percepción ciudadana que el caso Penta ha constatado. El poder de la propiedad y el capital puede balancear a su antojo los equilibrios políticos. Puede, tal como estamos viendo, comprar legisladores que diseñen un país a su medida. Los abusos en los carteles del pollo, de las farmacias, el lucro ilegal en las universidades privadas, los fraudes en la Bolsa o la misma permanencia de sistemas tan arbitrarios como los fondos de pensiones y las Isapres, se han mantenido impunes gracias a estos grupos de mercenarios de la política.
La entrega fraudulenta de millonarios fondos a las campañas de parlamentarios de la UDI ha vuelto a invalidar todo el sistema electoral. Si ya el sistema binominal, que llegó felizmente a su fin, le restó representatividad durante 25 años, el actual escándalo vuelve a quitarle confianza. No hay gran diferencia entre los senadores designados durante la década de los noventa con los actuales senadores comprados. El sistema completo aparece sesgado, tramposo, injusto.
Lo que vemos hoy en Chile es la corrupción de gran parte de su institucionalidad, lo cual no sólo conduce al deterioro de su sistema político sino a su colapso. Esta afirmación se basa en la simple constatación, por múltiples ejemplos que hemos visto en otras democracias latinoamericanas. En Sudamérica podemos recordar cómo colapsaron los gobiernos de derecha y centro imbricados con el poder del capital en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Durante las últimas décadas la clase política y las elites financieras y económicas chilenas han resuelto con espurias e inútiles leyes y pactos los eventos de corrupción, los cuales han derivado en el observado proceso de acumulación y metástasis. Soluciones aparentes y de cara al electorado, como el pacto con la UDI para resolver el caso MOPgate, sólo han servido a la clase política para salir del atolladero. Si nos remontamos a ese episodio de comienzos de la década pasada, podemos ver que marcó un primer derrumbe en la credibilidad ciudadana en las instituciones, hecho confirmado desde entonces por múltiples sondeos de opinión. Es también uno de los factores que le ha impedido a Ricardo Lagos mantener su protagonismo político y es probablemente una de las causas de la derrota de la Concertación en 2010.
Si aquel episodio tuvo al Ejecutivo por las cuerdas, el caso Penta ha abierto el estercolero en el Poder Legislativo. De alguna manera ha habido una configuración de los astros que ha permitido que toda la sociedad observe uno de los actos más escabrosos y ruines de la política chilena. La magnitud de los delitos ha sido tal, que las instituciones del Estado no han podido bloquearlos o matizarlos, ni la prensa empresarial silenciarlos.
Una teleserie como representación de la transición
El desarrollo del caso Penta tiene los ingredientes de una gran serie de televisión, que mezcla dinero, política a altos niveles, y cuyos personajes están movidos por la codicia y la ambición, la envidia y la traición. Podría serlo, pero la realidad ha superado una vez más a la ficción. El caso Penta no tiene ni la liviandad ni la lejanía de una teleserie, sino una realidad en la cual todos estamos involucrados. Es la expresión de un proceso diseñado en la dictadura y pactado por los actores de la transición. Es el mejor símbolo de nuestra democracia neoliberal.
Esta trama, que comenzó en el otoño del año pasado por un fraude tributario del grupo Penta y la consiguiente investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), crece, abarca a la UDI, se extiende por figuras ligadas a la Nueva Mayoría y amenaza a la clase política como un tsunami. Los primeros capítulos de este proceso, en pleno desarrollo, surgen con las querellas del SII contra Hugo Bravo López, mano derecha de los dueños del grupo Penta, quien tuvo que renunciar a varios directorios tras ser acusado de fraude. Cuando Bravo observó que los dueños del conglomerado, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, no le darían una jugosa indemnización y que lo dejarían solo en el trance legal, decidió abrir la boca y contar todo.
De forma paralela aparece aquí la figura del martillero público Jorge Valdivia, un operador entre empresarios con problemas tributarios y funcionarios del SII dispuestos a resolverlos a costa de un pago. Una red a la que Bravo López acudía desde hacía años. Pocas semanas más tarde el tribunal formalizó al funcionario Iván Alvarez, conectado con Penta al que la empresa había pagado varios millones. ¿Por qué contó todo esto el martillero Valdivia? No tenía mucho que perder. Estaba enfermo y murió a las pocas semanas.
El escándalo saltó oficialmente a la luz pública tras la denuncia del SII, en agosto pasado, contra Délano y Lavín, los socios fundadores del grupo Penta, como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta. Esa primera acción estaba dirigida contra ellos y sus representantes legales, la que establecía un perjuicio fiscal entre los años 2009 y 2014 de más de 400 millones de pesos. Se trataba de una arista de la investigación del denominado fraude al FUT, por el cual el SII había denunciado a Bravo López, entonces director del Banco Penta, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
Desde entonces, el fiscal Carlos Gajardo tomó el caso, proceso que detonó con fuerza hacia finales de septiembre cuando saltó la relación entre los delitos tributarios y las boletas y facturas falsas con favores financieros a las campañas electorales de conspicuos representantes de la UDI y al ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet y ex precandidato presidencial, Andrés Velasco. Pero no fue hasta el fin del secreto del sumario, levantado en diciembre, cuando se comenzaron a conocer impúdicos detalles de la trama delictiva de Penta para comprar parlamentarios y sobornar funcionarios públicos. Una de las boletas fue extendida a nombre de una de las sociedades del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Hacia finales de diciembre se hicieron públicas las declaraciones de Bravo López, el encargado de canalizar los aportes ilegales de Penta a los miembros de la UDI, muchos de ellos parlamentarios en ejercicio. En las declaraciones que Bravo López hizo ante el tribunal, han salido como beneficiarios los senadores Iván Moreira, Ena von Baer, los diputados Ernesto Silva, Felipe de Mussy, los candidatos Laurence Golborne y Pablo Zalaquett y los ex diputados Alberto Cardemil (RN) y Cristián Letelier, así como el ex senador Jovino Novoa, encargado por Penta para seleccionar a los futuros beneficiarios, y el ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, el militante de la UDI Pablo Wagner. Este funcionario ya había tenido serios problemas durante el ejercicio de sus funciones al entregar de manera fraudulenta la licitación del litio.
Wagner era el vínculo al interior del gobierno de Piñera de las empresas Penta. Actualmente enfrenta, junto a su cuñada María Carolina de la Cerda, una querella criminal del SII por cohecho y lavado de activos, por lo cual podría ser condenado hasta con 15 años de cárcel. Wagner, ex empleado por más de una década del grupo Penta, puede ser un nodo en esta trama, ya que desde la cartera de Minería mantuvo una permanente relación con sus antiguos jefes.
La justicia lo ha formalizado por la emisión de boletas de honorarios falsas, obtención indebida de devoluciones de impuestos y otros delitos. De acuerdo al SII, Wagner habría emitido al menos 59 boletas de honorarios ideológicamente falsas entre 2009 y 2014 por 120 millones de pesos a varias sociedades vinculadas a Penta y a la Sociedad Química y Minera de Chile, cuyo presidente es Julio Ponce Lerou, formalizado por estafa en el caso de las “sociedades cascada”. Hacia la tercera semana de enero, el fiscal Gajardo junto a la PDI allanó las oficinas de esta empresa para buscar más antecedentes, lo que amplía no sólo la investigación, sino a los involucrados y beneficiarios. Por aquellos días la cuñada de Wagner, también acusada, mencionó una boleta emitida en 2009 por siete millones de pesos para la campaña de Joaquín Lavín.
Por el momento, es una trama en desarrollo y en expansión con protagonistas, actores y extras. Personajes de la vida política y económica del país -todos símbolos de la transición neoliberal levantados por la dictadura-, enfrentan en estos días delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, fraudes tributarios. Un proceso en expansión que podría fácilmente ampliarse hacia otros sectores de la política. Por el momento, la clase política y económica no puede haber caído más bajo, por lo menos en el desprecio ciudadano. En un país decente, también debieran caer en la cárcel.
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Addendo
Entre bueyes no hay cornadas (Editorial de Punto Final)
Los que pensaban que el caso Penta serviría de escarmiento al maridaje de la política con los negocios,sufrirán otra decepción. La Nueva Mayoría, que también se alimenta de recursos empresariales- vio que el cielo amenazaba desplomarse sobre todos los partidos y, en último término, sobre la institucionalidad. Antela amenaza accionó el freno de mano. Así lo revela el documentado análisis de La Tercera (“Los primerospasos para encauzar la crisis Penta”, Reportajes,18/1/2015), acerca de las conversaciones de la UDI con elministro del Interior para “encauzar la crisis Penta”.
Hay que agregar la diligente actividad en ese mismosentido desplegada por el presidente del PS, Osvaldo Andrade. El plan es construir un cortafuego para que el escándalo Penta no achicharre a toda la “clase política”. El instrumento: una ley de financiamiento de partidos políticos consensuada por moros y cristianos
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 822, 23 de enero, 2015