Chile: Auge y caída de la UDI

La Unión Demócrata Independiente (UDI), un conglomerado político que ha cobijado durante más de 30 años a una derecha fervorosamente adicta a la dictadura de las FF.AA. que encabezó el general Augusto Pinochet, ha comenzado a desintegrarse en lo que parece el comienzo de su destino final.
Varios de sus principales dirigentes históricos y un número significativo de empresarios que se beneficiaron de las políticas neoliberales impuestas por el régimen militar, y que han apoyado financieramente a la UDI en todos estos años, han quedado expuestos a la sanción pública al conocerse una serie de escandalosas maniobras para manipular la redacción de leyes en el Parlamento mediante el cohecho de diputados, senadores, ministros y ex funcionarios del Estado ligados a ese partido.
La UDI la fundó en 1983 el abogado Jaime Guzmán Errázuriz, uno de los principales colaboradores civiles de Pinochet, asesinado en abril de 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo, una facción escindida del Partido Comunista en 1987. Dos de los llamados “coroneles” de la UDI -Jovino Novoa y Pablo Longueira-, quienes han sido conductores ideológicos y políticos del partido desde sus orígenes, están comprometidos en procesos judiciales que investigan el financiamiento irregular que les proporcionó la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich, hoy SQM), un conglomerado empresarial dedicado a la minería no metálica controlado por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet. Este personaje levantó un imperio transnacional gracias a sus relaciones con la dictadura y luego -recuperada la democracia en 1990- construyó espurios puentes con figuras de la Concertación de Partidos por la Democracia y con su sucesora, la Nueva Mayoría.
Ponce Lerou, radicado ahora en Austria, se mantiene como un “intocable” para la justicia debido a los temores del oficialismo y oposición de que sus eventuales revelaciones puedan conmocionar hasta sus cimientos los ya carcomidos soportes de la institucionalidad. En cambio la mano derecha de Ponce Lerou, el gerente general de SQM Patricio Contesse, es sindicado como el principal corruptor de la política criolla. Contesse entregó miles de millones de pesos de SQM a dirigentes de casi todo el espectro político a cambio de participar en la redacción de algunas leyes y otros favores que permanecen todavía en penumbras, a la espera de las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público.

Novoa y Longueira
Jovino Novoa estudió en el colegio Saint George y en la Universidad Católica, donde, en 1963, se sumó a los fundadores del movimiento gremialista que lideraba Jaime Guzmán y que se opuso a los cambios que impulsaba la Iglesia Católica y que, más tarde, encarnó el gobierno democratacristiano del presidente Eduardo Frei Montalva.
Poco después del triunfo de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, Novoa abandonó el país y se radicó en Buenos Aires. Jaime Guzmán le pidió que en Argentina buscara fondos para la resistencia al gobierno de la Unidad Popular. Tras el golpe de septiembre de 1973, Novoa se incorporó al gobierno dictatorial. En 1979 fue subsecretario general de Gobierno. Su misión era preparar el plebiscito de septiembre de 1980, un gigantesco fraude destinado a ratificar la Constitución elaborada por el régimen militar con la colaboración decisiva de Jaime Guzmán.
En 1982 fue degollado el dirigente gremial de los funcionarios públicos, Tucapel Jiménez, en una operación de la inteligencia militar. Novoa, desde su cargo en La Moneda era responsable de la Secretaría Nacional de los Gremios, organismo que participaba en el espionaje a los dirigentes sindicales, entre ellos Tucapel Jiménez.

Desde su puesto en la dictadura Novoa pasó a desempeñarse como editor general de El Mercurio. En ese cargo reunió a un grupo de ex ministros y colaboradores de Pinochet para defender desde el periódico de Agustín Edwards los fundamentos del modelo político y económico impuesto por el régimen militar y los empresarios que lo apoyaron.
Más tarde, al vislumbrarse el retorno de la democracia, fundó la UDI junto con Jaime Guzmán y otros gremialistas. A la muerte de Guzmán, Novoa se transformó en el ideólogo del partido, al que mantuvo apegado al ideario neoliberal de la dictadura militar-empresarial. En 2015 la justicia investigó a Novoa por la emisión de boletas ideológicamente falsas al conglomerado Penta, lo que permitía obtener subsidios que él distribuía entre sus seguidores en la UDI para financiar actividades políticas y personales. En diciembre pasado, el ex senador Jovino Novoa confesó sus delitos tributarios y fue condenado a tres años de pena remitida. Sin embargo no ha renunciado a su partido, que lo ampara.
Pablo Longueira, otro fundador de la UDI, precandidato presidencial en 2014, fue el motor político del partido. Bajo su dirección la UDI armó una máquina electoral en sectores populares de Santiago y otras ciudades. De profesión ingeniero, fue el principal artífice para que la UDI se convirtiera en el mayor partido de Chile, con una ancha base popular y la mayor bancada de diputados y senadores. En 2014 la UDI obtuvo 29 diputados y 7 senadores.
En el gobierno del empresario Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014, Longueira dejó el Senado para asumir como ministro de Economía. En ese periodo, según el Ministerio Público, recibió de SQM más de 700 millones de pesos mientras se redactaba una ley que obligaba a las empresas mineras a pagar un royalty. En el trámite de esa ley, Longueira envió el texto de un artículo clave a Patricio Contesse quien se lo devolvió con las modificaciones que interesaban a SQM: y así fue aprobado en el Parlamento.
Ante el escándalo provocado por estas actuaciones, Longueira renunció a la UDI, asegurando que primero demostraría su inocencia y luego volvería a la tienda para levantarla desde sus cenizas. La UDI, en tanto, reunida en asamblea, resolvió abandonar los sectores populares como prioridad de su proselitismo y abocarse a los sectores de clase media, cada vez más inquietos por una eventual crisis económica.
El fiscal Pablo Gómez, que investiga la denominada “arista royalty” del caso SQM, ya tiene identificadas a 169 personas que emitieron boletas falsas, todas vinculadas a políticos de la UDI, Renovación Nacional, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Radical. Muchos de los delitos tributarios ya han prescrito, pero las sospechas de que estas prácticas se remontan a inicios de la década de los 90 tienen por los suelos el prestigio de los políticos y la política.
De igual modo se ha desmoronado la popularidad de la presidenta Bachelet y de su gobierno, tras conocerse el intento de su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon, de enriquecerse rápidamente con una especulación inmobiliaria financiada por el empresario Andrónico Luksic, dueño del Banco de Chile y de varias compañías mineras. Paralelamente, se develó también que los equipos de colaboradores que prepararon el retorno de Michelle Bachelet a La Moneda se financiaron con fondos que aportaba SQM mediante boletas falsas por trabajos que nunca se realizaron. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, considerado el “heredero político” de Bachelet, debió renunciar a su cargo al verse comprometido en los pagos ilícitos efectuados por SQM a una sociedad creada para financiar la precampaña presidencial de la actual gobernante.

Datos reveladores
En diciembre de 2015 se conoció un estudio del bufete de abogados Shearman&Sterlin, de EE.UU., por encargo del directorio de SQM y que contabilizó los controles internos, los riesgos de soborno y los pagos cuestionados efectuados por la minera.
Los abogados norteamericanos recopilaron 3,5 millones de documentos, revisaron más de 930 mil y entrevistaron a 24 personas. El ex gerente general Patricio Contesse fue uno de los pocos que se negó a testificar.
Los abogados concluyeron que SQM había efectuado tres rectificaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos por 7.129 millones de pesos -equivalentes a casi 15 millones de dólares- en seis años. La cuenta completa incluyó 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los puntos más altos se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, año de comicios municipales.
Los abogados reportaron una lista de 20 proveedores de estas rectificaciones. Entre ellos Cristián Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami; Sebastián Piñera, ex presidente de la República; Giorgio Martelli, operador de la campaña presidencial de Bachelet; Cristina Bitar, dueña de una empresa de comunicación estratégica y asesora de la UDI; Marcelo Rozas, operador político del matrimonio democratacristiano Gutenberg Martínez y Soledad Alvear; el ex senador Carlos Ominami Pascual, padrastro de Marco Enríquez-Ominami y, Pablo Longueira.
Shearman&Sterling vinculó también a otras sociedades o emisores de boletas falsas con políticos como Claudio Eguiluz, el fallecido Adolfo Zaldívar y el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand.
El 96,81% de los pagos ilícitos fueron aprobados por Contesse. En suma, los consultores identificaron a 236 proveedores que aparecían vinculados a 159 políticos.
Las reuniones entre Patricio Contesse y los políticos eran frecuentes, afirmó Shearman&Sterling. El informe mencionó que en mayo de 2014, el gerente de SQM programó reuniones con siete políticos en menos de 48 horas. El 19 de mayo, Contesse recibía a las 9 de la mañana al senador Jovino Novoa. Ese mismo día, a las 16 horas, a Ernesto Silva y Javier Macaya, dirigentes de la UDI. A las 18.45 tuvo una reunión con el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, militante de la UDI; y, a las 21 horas, Contesse tuvo una cena con el socialista Carlos Ominami. Al día siguiente, a las 9:15 horas, el ejecutivo recibía a Pablo Longueira y a Cristian Leay, ambos de la UDI.
Finalmente, la investigación de los abogados norteamericanos se concentró en 26 políticos asociados a 67 proveedores de boletas que recibieron 5,8 millones de dólares. El 45% estaba ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% al PDC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD.

¡Caiga quien caiga!
Estos datos y otras revelaciones que han copado la prensa nacional en los últimos 18 meses cubrieron con las sombras de la corrupción a la política. El ya escaso prestigio del gobierno, de los partidos y del Parlamento cayó de bruces. Las explicaciones no han aparecido. Por el contrario, desde La Moneda se ha intentado detener la marea de acusaciones evitando que el Servicio de Impuestos Internos presente las denuncias y querellas respectivas para que la Fiscalía Nacional pueda esclarecer los hechos ante los tribunales.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, hizo un llamado para que el SII contribuya a sanear la política y coopere en la búsqueda de la verdad, no sólo en el caso de SQM sino también de varios otros grupos económicos como Penta, Luksic, Ripley, Angelini, Corpesca, Saieh, Agrosuper y Matte, por mencionar algunos.
En este escenario, la UDI es la más afectada y ya han surgido voces entre los militantes más jóvenes que piden el retiro de los viejos dirigentes que cavaron la tumba del partido, pero los aludidos se aferran a sus cargos.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 848, 1º de abril 2016.