Chile: El perdonazo de Impuestos Internos (al financiamiento irregular a la política)
Trama “es un sistema de relaciones entre política y empresas con la voluntad de generar un proyecto de país. Es un sistema de relaciones con capacidad de mando”(1) dice Rubén Juste, doctor en sociología y experto en relaciones entre empresas y Estado. Su tesis: dada la actual correlación de fuerzas, el Estado ya no regula y condiciona el devenir de las grandes compañías. Al contrario, son las empresas las que han pasado a tener el control de determinadas áreas del Estado. Son ellas las que mandan, sin figurar en la nomenclatura del poder.
El mejor ejemplo lo podemos ver en Chile, luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, anunció que el Ministerio Público deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, debido a la decisión del ServChile: El perdonazo de Impuestos Internos (al financiamiento irregular a la polìtica) de no presentar querellas. Ello, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene la exclusividad en cuanto al inicio de acciones legales por delitos tributarios.
En declaraciones al programa “Informe Especial”, Michel Jorratt, director del Servicio de Impuestos Internos hasta mayo de 2015, reafirmó haber recibido durante su gestión fuertes presiones desde el Ministerio del Interior para no investigar el caso SQM: “El mensaje era que no nos siguiéramos metiendo en el caso SQM. Cuando el Ministerio Público quería incautar cierta documentación, pidieron que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes (…) Nos pidieron, supuestamente a nombre del ministro Peñailillo, que concurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”, afirmó el ex director de SII.
Estas presiones habrían concluido con la destitución de Jorratt y su reemplazo por Fernando Barraza, quien optó por utilizar la vía pecuniaria -y no la penal- para sancionar y restituir los perjuicios fiscales provocados por las empresas investigadas en los dos principales casos de financiamiento ilegal de la política (Penta y SQM). De esa forma, no sólo imposibilitó que se sancione con cárcel a los involucrados, sino que además hizo imposible para el Ministerio Público proseguir sus investigaciones. Entre las empresas que se “beneficiaron” por este sistema de multas (sin persecución penal) figuran BCI, Eccsa (Ripley), Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; CorpBanca, de Alvaro Saieh; Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Según El Mercurio, habrían más de 200 firmas involucradas. En el fondo, todas las empresas que cotizan en el IPSA.
Según Barraza la única misión del SII es recaudar la mayor cantidad de impuestos posible, reservando la vía penal “para los casos de mayor gravedad”. Incluso se habla de la “doctrina Escobar”, impulsada por Ricardo Escobar, sobrino del ex presidente Ricardo Lagos, y ex director del SII entre 2006 y 2010, que mandata priorizar la salida administrativa por sobre la acción penal. Esta singular “doctrina” resulta bastante contradictoria: el reportaje “Informe Especial” de TVN consultó a Barraza por una querella presentada en este mismo año por el SII en Arica a una pequeña empresa, en un caso que involucra 12 millones de pesos. ¿Por qué ese caso puede representar “mayor gravedad” y ameritar la acción penal y no la enorme trama de financiamiento irregular de la política, cuyos montos es necesario medirlos en millones de dólares y afectan la legitimidad y probidad de los tres poderes del Estado?
Las puertas giratorias entre empresas y política
Incluso cuando el SII ha optado por recurrir penalmente en algunos contados casos de financiamiento ilegal de la política, lo ha hecho de forma que no afecte los intereses de los políticos involucrados. En abril de 2016 el Servicio de Impuestos Internos, ya dirigido por Barraza, presentó 27 querellas contra emisores de boletas falsas a SQM. Entre los querellados figuran asesores y familiares directos de dirigentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría, por ejemplo el hijo del diputado Roberto León (DC), una periodista contratada por el senador Fulvio Rossi (PS), los hijos del ex presidente de la DC Jorge Pizarro. Sin embrago, estas querellas fueron redactadas de forma “nominativa”, lo que implica que excluyen la posibilidad de alcanzar a “todos quienes resulten responsables”. Es decir, si se llega a la condena, sólo afectará a la “persona interpuesta” pero no a los destinatarios de los recursos.
Otro caso similar, denunciado por la Contraloría, fue la inexplicable demora de siete meses del SII en presentar querella, luego de que el Ministerio Público le comunicara a la institución una denuncia en contra de Carlos Ominami. Debido a ese retraso el caso prescribió y el ex senador fue sobreseído, lo que sentó un precedente para futuros casos en esta materia, que pueden prescribir en un plazo perentorio, por lo cual toda sanción futura, producto de un cambio de criterio en las autoridades, queda descartada.
Para varios analistas, el rumbo de acción del SII habría sido diseñado por el ex ministro del Interior Jorge Burgos, al asumir luego de la caída de Rodrigo Peñailillo debido a su vinculación al caso SQM. Burgos habría pensado una política de “control de daños” basada en colocar un cortafuegos que impidiera que las denuncias llegaran hasta AyN, empresa de propiedad de Giorgio Martelli, el operador financiero de Peñailillo en recaudación electoral. Pero obviamente, el manto de protección pensado por Burgos fue mucho más allá, y buscó abarcar todas las aristas políticas en materia tributaria, por lo cual el nombramiento de Barraza habría representado una salida de fondo a la crisis, ya que Joratt habría perdido la confianza por haber interpuesto querellas en los casos Penta y SQM.
No se indigne más, edúquese
En entrevista en La Tercera(2), el ex director del SII Ricardo Escobar fue consultado por “la sensación de impunidad” que este cuadro ha dejado en la opinión pública. Su respuesta: “Yo creo que esto hay que combatirlo con educación. La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”. Así que ya sabe, si usted mantiene su indignación moral y política ante este cuadro, edúquese.
La educación a la que nos invita Ricardo Escobar tiene varias asignaturas. Comienza por “Cumplimiento creativo de la ley” en materia tributaria. Es lo que se enseña públicamente en las Facultades de Derecho: cómo evadir impuestos dentro de la legalidad vigente, mediante la interpretación formalista del derecho. Si la ley es solo forma, no tiene ninguna relación con los problemas que importan a la sociedad: ¿Para que preocuparse de lo que buscó Corpesca o SQM al financiar campañas electorales?
La segunda asignatura que Escobar nos sugiere se llama “Cómo despolitizar los impuestos”. En este curso se nos enseña a olvidar ideas anticuadas: por ejemplo que todos debemos concurrir de acuerdo a nuestras capacidades al financiamiento del Estado. O que los impuestos son un mecanismo a través del cual nos vinculamos como iguales y que deben ayudar a redistribuir la riqueza. Lejos de eso, la nueva doctrina coloca lo tributario en el marco de la protección de la propiedad privada. Y eso implica que un delito contra la propiedad no es perseguible si se devuelve lo robado. Las multas son castigo suficiente. Un correctivo, un aviso, un “no lo haga más” y como dijo Ricardo Lagos (el tío de Ricardo Escobar) al declinar su candidatura presidencial: “La vida continúa”.
La tercera asignatura se llama “Introducción a la industria de la defensa de la riqueza”, y allí se aprende que los impuestos son un robo, y por lo tanto la tarea de abogados, tributaristas y legisladores, es proteger a los contribuyentes de un Estado que les quita su patrimonio. Por eso olvídese de ideas anticuadas, como esa que sostiene que las empresas, junto con evadir impuestos, compraron voluntades políticas, mantos de protección, criterios legales que les favorecieron, leyes redactadas en sus propios despachos que luego llegaron por arte de magia a las páginas del Diario Oficial.
Nuestro curso nos lleva a una sola conclusión: los conflictos ligados al financiamiento ilegal de la política constituyen un simple problema de evasión de impuestos. Si el SII logra recaudar lo que las empresas evadieron, mediante multas, todo quedará en orden. Esta es el educación que corre en los tiempos posneoliberales, en donde todo se resuelve a favor de los que triunfan en el mercado y no existe respeto por las instituciones democráticas. Este es el núcleo de la trama, su modus operandi más evidente.
Notas
(1) Juste, R. “Ibex 35, una historia herética del poder en España”, Capitán Swing, Madrid, 2017.
(2) Ricardo Escobar, ex director del SII: “La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”, La Tercera, 18/04/17.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 874, 28 de abril 2017.