Chile en Chiloé: el señor Piñera no es williche
Con el paso de los días surgió –en las comunidades originarias– la sospecha de que el operativo de inteligencia no se centró en los negocios del señor Piñera, sino que se centró en la investigación del Consejo de Caciques de Chiloé. con el objetivo «anticipar eventuales escenarios conflictivos».
Dirigentes mapuche, por su parte, denuncian operativos similares en otras regiones del país. A los activistas mapuche se les ha aplicado en varias oportunidades una ley “antiterrorista” promulgada por la dictadura, y cuya aplicación por parte de los tribunales de justicia fue pedida por el terrateniente, abogado y presidente de la Fundación Neruda, señor Figueroa. Figueroa y algunas comunidades mapuche mantienen una larga controversia por cuestión de tierras.
Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche, publicó en Azkintuwe Noticias el miércoles 24 de agosto de 2005: “Con sorpresa e indignación reaccionaron los dirigentes del Consejo General de Caciques de Chiloé ante la divulgación de un informe de inteligencia policial relacionado con sus comunidades y «eventuales conflictos de tierras» que pudieran protagonizar a futuro con el empresario chileno y candidato presidencial, Sebastian Piñera, propietario de 140 mil hectáreas en la parte sur-oriental de la Isla Grande de Chiloé. El informe -denunciado erróneamente como un caso de espionaje político contra el magnate propietario de Lan Chile- fue divulgado el pasado domingo en un reportaje de la periodista Paula Afani publicado en El Mercurio de Santiago.
“Según se desprende del Informe -caratulado con el número 14- con fecha 21 de febrero de 2005, mediante el requerimiento Nº 7, desde la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) –que depende del director general de Investigaciones, quien a su vez reporta directamente al Ministro del Interior, Francisco Vidal–, se instruyó a un reducido equipo de agentes policiales para recopilar el máximo de información sobre las comunidades mapuche-huilliches, sus dirigentes y reclamaciones territoriales, todo ello tras la compra de 115 mil hectáreas en la isla de Chiloé por parte de Sebastián Piñera al magnate norteamericano Jeremiah Henderson, este último señalado como un histórico usurpador de tierras indígenas en la zona”.
Se lee tambien en el periódico mapuche que el Subsecretario de Investigaciones, Lincoyán Zepeda, manifestó que el informe de la investigación «no debió haber sido conocido por la opinión pública, no tenía esa finalidad de que se conociera por los medios de comunicación».
El informe “filtrado” a la periodista Paula Afani se publicó en el diario El Mercurio de Santiago. Fernando Ilabaca, subdirector operativo de Investigaciones, “reconoció que desde el año 2003 Investigaciones estaría realizando «monitoreos» constantes al conflicto mapuche en las regiones Octava, Novena y Décima, todo ello ante las demandas de tierras levantadas por comunidades y organizaciones mapuches”.
«Esta labor busca anticiparse a hechos delictivos o alteraciones al orden público que pudieren afectar la tranquilidad ciudadana en las ya citadas regiones», señaló Ilabaca, provocando la indignación de dirigentes del Consejo General de Caciques de Chiloé, organización que en los hechos estaba siendo víctima de dichas indagaciones policiales..
La confusa situación obligó al Consejo General de Caciques de Chiloé a emitir una declaración pública, que se reproduce textualmente.
DECLARACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
DE CACIQUES DE CHILOÉ
Tras la escandalosa investigación aparecida en el Diario El Mercurio, en el que se deja en evidencia la investigación policial realizada en torno a la organización tradicional de nuestro pueblo williche de Chiloé, el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé tiene a bien dirigirse a la opinión pública nacional e internacional, para exponer lo siguiente:
1. Todos los antecedentes referidos a la situación territorial de las comunidades williche de Chiloé, son materia conocida, tanto por el gobierno en particular, como por la opinión publica en general. Así puede constatarse en el informe emanado de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas, que fuera creada por Dn. Ricardo Lagos, precisamente con la finalidad de cambiar el trato discriminatorio y delictivo con que históricamente se ha operado hacia nuestros pueblos desde el Estado chileno.
2. Los antecedentes que obran en poder del Estado, surgidos de la Comisión de Estudio y Regularización de Tierras Williche de Chiloé, creada por el Gobierno chileno en enero de 1993, son producto de investigaciones científicas serias, que hoy constituyen pruebas ineludibles de los derechos legales, históricos y ancestrales de nuestro pueblo, que no requieren ser materia de indagación policial por cuanto nuestro pueblo, a través de sus autoridades tradicionales nunca ha escondido la cara para reclamar sus legítimos y justos derechos. No lo hicimos durante la dictadura militar y no lo haremos ahora.
3. La investigación policial realizada en torno a nuestra organización, que consigna nombres de personas honestas como si se tratara de criminales, así como las declaraciones posteriores de su Ministro del Interior y del Jefe de Policía, constituyen una grave ofensa y amenaza para nuestro pueblo, en tanto de sus voces queda en evidencia que las conversaciones con el gobierno chileno, no son las de respeto, ya que mientras nosotros actuamos como personas transparentes, enfrentamos a un gobierno que a través de sus representantes nos asume como delincuentes.
No es la policía la que en la legalidad de un gobierno democrático debe asumir el conocimiento de los estados de injusticia en que viven los pueblos indígenas, como es el caso de nuestro pueblo. Es un deber del Estado atender las situaciones de injusticia, en tanto no intermedie en nuestra contra algún tipo de indagatoria judicial, y no los organismos constituidos para resguardar los derechos de la población que convive en Chile.
4. La operación de “inteligencia”, encargada por el gobierno a la policía civil, carece de todo mérito y está fuera de la legalidad. Esta investigación, que claramente se realiza en contra del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé y fuera de toda norma que la ampare, constituye a todas luces una clara manifestación de intimidación, vulneración de los derechos humanos de personas y dirigentes williche de Chiloé, así como una acción de abierta discriminación hacia nuestro pueblo que no debe pasar inadvertido a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para observar la realidad que viven nuestro pueblos en el Estado de Chile.
5. En reiteradas ocasiones nosotros hemos denunciado el estado de irregularidad con que operan los ministerios de Chile en contra de nuestro pueblo. Ejemplo de ellos son la inexplicable transferencia que le hiciera el gobierno de Chile a Jeremías Henderson de la Isla San Pedro en Chiloé, o la clara usurpación de terrenos fiscales que realizara la empresa de Hong Kong Golden Spring a vista y paciencia del Ministerio de Bienes Nacionales. Hacia esos actos, que claramente vulneran los derechos de los chilenos, no ha concurrido la policía de investigaciones, como tampoco hacia otros actos administrativos de las autoridades públicas de los que hemos entregado los antecedentes y que involucran directamente a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Chile.
6. Si nuestro pueblo, su organización o las personas que nos desempeñamos en los diferentes ámbitos de la vida del mismo, evidencian algún tipo de conducta que se condiga con las supuestas anticipaciones a que hace referencia la policía civil de Chile, el procedimiento que las disposiciones legales establece son claros y deben ser referidas a los tribunales que correspondan, hacerlo sin orden judicial y de mutuo propio, constituye una acto arbitrario, de mala fe, y que atenta contra los derechos constitucionales de las personas, sean estas indígenas o no indígenas.
7. Sobre las compras que realizara el empresario Piñera en lo que son en gran parte territorios williche, entendemos que este empresario, desde que iniciara las gestiones de compra, fue puesto en antecedentes por parte del Obispo de Ancud, monseñor Juan Luis Ysern y hasta ahora desconocemos los efectos que hayan tenido las conversaciones del Obispo de Ancud con don Sebastián Piñera.
8. Queremos, una vez más, consignar ante la opinión pública, que el problema de los territorios williche usurpados por el fisco chileno, primero, y luego por diversos particulares chilenos y extranjeros, sigue siendo una materia que está radicada en el Estado y que corresponde al Gobierno dar respuesta a las que son las legítimas y justas demandas de nuestro pueblo williche en Chiloé.
9. Finalmente, queremos reiterar nuestra indignación ante este nuevo atropello a nuestros derechos humanos individuales y colectivos cometido por el gobierno chileno y esperamos que así como sus autoridades han tenido tanta premura para entregar sus explicaciones y excusas al empresario Sebastián Piñera, la misma disposición les alcance para explicar este atropello a nuestro pueblo williche y su organización tradicional.
No cesaremos de defender nuestros derechos y el de nuestros hermanos, somos hijos de la Madre Tierra y desde ella recuperaremos la fuerza para seguir el camino de justicia y de paz para nuestro pueblo.
Carlos Orlando Lincoman,
Lonko Mayor de Chiloe.
Armando Llaitureo Manquemilla,
Lonko Secretario General
del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé.
Konsejatu Chafün Williche Chilwe
Correo electrónico: ccchilwe@telsur.cl
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URL del periódico mapuche Azkintuwe: www.nodo50.org/azkintuwe