Chile: Pactos de silencio y esa larga impunidad
La muerte de los generales Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), además de la condena final para otros trece oficiales de inteligencia y de la justicia militar por el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1992, reabrieron la vieja llaga de la impunidad.
El “Mamo” Contreras, otrora poderoso director de la primera policía secreta de Augusto Pinochet que operó entre 1973 y 1977, responsable de los más atroces crímenes en la historia del país, falleció a los 86 años en el Hospital Militar. Estaba condenado a más de 500 años de cárcel y esperaba sentencia por otros cientos de procesos que aún se investigan en los tribunales. Fue cremado pocas horas después en el Cementerio Católico, vestido con su uniforme de gala de general. Ramírez Rurange, en tanto, de 76 años, se pegó un tiro en la sien en su domicilio para evitar ir a prisión por más de 20 años, sentencia emitida por la Corte Suprema a comienzos de agosto.
Contreras, autodicta en los secretos de la inteligencia militar, recibió una orden directa de Pinochet para crear la Dina a fines de 
septiembre de 1973, después que el entonces director de la Escuela Militar, el coronel Nilo Floody, elegido por el dictador para esa tarea, lo convenciera de que él no era el más indicado para la misión.
La Dina inició sus actividades en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, cerca del exclusivo balneario de Santo Domingo. Hasta allí llevaron a decenas de prisioneros que fueron sometidos a bárbaras torturas.
Contreras eligió personalmente a los oficiales que integraron los diferentes departamentos y cuarteles de la Dina, que empezaron a operar en paralelo a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. También reclutó a civiles que habían participado en agrupaciones políticas de ultraderecha durante el gobierno del presidente Salvador Allende.
Muchos oficiales seleccionados para servir en la Dina recurrieron a los más rebuscados argumentos para evitar ese destino. Otros, los menos, marcharon gustosos a la cruzada en contra del comunismo que pregonaba el “Mamo”. Hoy, estos últimos cumplen o ya cumplieron penas por crímenes de lesa humanidad y son los que conformaron el núcleo duro de la represión entre 1973 y 1978. A partir de ese último año, cuando la Dina ya había sido reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), y Contreras trataba de evitar las investigaciones judiciales por los asesinatos del general Carlos Prats, en Buenos Aires, en septiembre de 1974; del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en septiembre de 1976; y por el atentado en contra del dirigente democratacristiano Bernardo Leighton, en Roma, en octubre de 1975, el general Pinochet optó por involucrar en las tareas represivas a la Dine y a las estructuras más secretas del ejército, hasta ese momento sólo preocupadas de la seguridad externa.
El brazo armado
En 1981, Pinochet eligió a la Dine para que asesinara a Tucapel Jiménez, dirigente sindical socialdemócrata que amenazaba agrupar a las organizaciones laborales opositoras. También ordenó a la Dine que eliminara al ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, quien fue inoculado con una sustancia tóxica cuando se recuperaba de una operación gástrica en la Clínica Santa María. El dictador involucró luego a oficiales de la Dine y de los altos mandos del ejército en sus propios negocios turbios: adquisición de propiedades, coimas, depósitos ilegales en el extranjero e incluso narcotráfico, según revelaciones del propio Manuel Contreras en los últimos años.
A mediados de la década de los 80, cuando los tribunales de justicia empezaron tímidamente a investigar algunos crímenes de la dictadura, en instancias hasta ahora no bien precisadas se diseñaron estructuras de protección para los agentes más buscados. Algunos magistrados y detectives de la policía de Investigaciones sostienen que para crear “nidos” en el exterior que cobijaran a los prófugos se recurrió a agentes de espionaje y vínculos establecidos en el denominado Plan Cóndor, una instancia de colaboración entre policías secretas de las dictaduras del Cono Sur en cuya formación tuvo un papel protagónico el “Mamo” Contreras.
Así, por ejemplo, se recurrió a contactos en Brasil para refugiar a Raúl Osvaldo Romo Mena, agente civil de la Dina que trabajó en la represión del MIR. También se apeló a los paraguayos para esconder en ese país a Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, desertor del Partido Comunista que colaboró con el Comando Conjunto de la Fuerza Aérea en la captura y asesinato de militantes de las Juventudes Comunistas en los años 1975 y 1976. En el caso de oficiales aún en servicio activo se optó por ubicarlos como agregados militares en embajadas de Chile.
Paralelamente, desde el Ministerio de Justicia se ejerció un férreo control sobre el nombramiento de los jueces y en la Fiscalía Militar, bajo la conducción del coronel (J) Fernando Torres Silva, se diseñaron estrategias de defensa para los uniformados que se vieran obligados a declarar en los tribunales.
Tras el retorno de la democracia, Pinochet -al frente de la comandancia en jefe del ejército- ordenó al director de la Dine, el hoy suicidado general Hernán Ramírez, que sacara del país al químico Eugenio Berríos, fabricante de gas sarín en tiempos de la Dina y más tarde vinculado a la producción de estupefacientes. Ramírez formó un grupo de tarea con oficiales y suboficiales de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) y de las unidades de espionaje y contrainteligencia, y sacó a Berríos hacia Argentina con destino final en Uruguay, donde finalmente fue asesinado con cinco balazos en la nuca y sepultado en una playa, boca abajo y con las manos atadas a la espalda con alambre, replicando una amenazante ejecución mafiosa.
Las maniobras para esconder ese crimen se extendieron por casi veinte años. Pero al final tanto los autores como los encubridores terminaron sentenciados a largas condenas, incluido otro de los ex directores de la Dine, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien la comandó entre 1991 y 1996, que fue condenado a 15 años de cárcel, y el propio ex auditor militar, Fernando Torres, condenado a diez años.
Entre los autores también figuran tres oficiales uruguayos -Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose-; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco alias “Francisco Valenzuela”, ex miembro de la Dina, de la CNI y del BIE; y, el mayor (r) Arturo Silva Valdés, autor material del asesinato de Berríos, ex miembro del Servicio Secreto de la Dine. Este último oficial, miembro del arma de Caballería, jugador de polo, de refinados gustos, considerado por algunos de sus ex camaradas como “el James Bond chileno”, fue enviado junto a otros agentes de inteligencia a formar parte del equipo de seguridad de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio, luego de que su hijo Cristián fuera secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1992. Por esos mismos días la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde se entregaron antecedentes que revelaban la participación de Silva Valdés en el secuestro y asesinato de Berríos. El propio oficial acudió a hablar con el director de ese medio, Cristián Bofill, hoy director de Canal 13, para desmentir la información, petición que fue acogida por el medio.
La Dine también participó en la protección de los oficiales involucrados en una financiera ilegal, conocida como “La Cutufa”, que funcionó al interior del ejército desde mediados de los 80 hasta bien avanzados los años 90. Algunos jueces y detectives también creen que la Dine tuvo injerencia en los asesinatos del periodista inglés Jonathan Moyle, cuyo cadáver fue encontrado en su habitación del Hotel Carrera en marzo de 1990, y del coronel Gerardo Huber Olivares, en enero de 1992.