Chile, reportaje desde la zona del desastre

Francisco Herreros.*

Después de un recorrido de cinco días, y casi dos mil kilómetros, por la geografía de uno de los mayores desastres en la historia del país, nuestra primera conclusión apunta a que la situación es más grave y dramática de lo que los chilenos imaginan, y de lo que han proyectado los medios de comunicación. Eso conduce a la segunda, relativa al carácter que puede asumir el proceso de reconstrucción, el cual necesariamente se medirá en años.

No es infrecuente que grandes desastres naturales condicionen las estrategias de desarrollo e incluso los procesos políticos de los países donde suceden.

El terremoto que destruyó Chillán, en 1939, generó la Corporación de Fomento y Reconstrucción, CORFO, institución estatal que condujo el proceso de industrialización del país, hasta 1975, cuando la dictadura la convirtió en el agente de la privatización del patrimonio público.

El terremoto de Managua, en 1972, marcó el inicio del fin del régimen de Anastasio Somoza, en Nicaragua. La notoria incompetencia del gobierno de Miguel de la Madrid en el manejo del terremoto de Ciudad de México, en 1985, fue uno de los factores que erosionó el aura de intangibilidad del Partido Revolucionario Institucional, y que terminó en su desalojo, el año 2000.

El terremoto del 27 de febrero de 2010 en Maule y Bío-Bío ocurrió en vísperas de la entronización de un gobierno de derecha, que dispondrá de virtualmente la totalidad del poder y del cual cabe esperar la profundización del modelo económico que, en nuestra opinión, es la causa basal de la incapacidad que mostró el Estado para enfrentar con eficiencia una emergencia de semejante magnitud.

En consecuencia, y a modo de tercera conclusión, sólo de la organización que sea capaz de darse la ciudadanía, la cual también ha sufrido el embate de tres decenios de neoliberalismo rampante, dependerá que el actual desastre no se convierta en un nuevo pretexto para la ganancia del capital, y en un nuevo factor de opresión y deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares azotados por la tragedia.

Talca, París y crack

La magnitud del sismo se aprecia tempranamente, en el grado de destrucción del centro histórico de la ciudad de Talca, que seis días después del terremoto, continuaba virtualmente paralizada. El comercio cerrado, enfermos en la calle y un hospital de campaña frente a la elegante fachada del nuevo hospital, que oculta graves daños estructurales, constituyen imágenes estremecedoras.

La provisión de víveres de primera necesidad había comenzado sólo el día anterior, miércoles 3 de marzo, y extensos sectores de la ciudad permanecían sin suministro de electricidad y agua potable, sin perjuicio de que las compañías anunciaban, en la prensa local, el reestablecimiento de los servicios en importantes porcentajes.

No sería la primera ni la única vez que comprobaríamos la distancia que media entre el discurso y la realidad, en el contexto de esta tragedia.

Los daños en la ruta 5 Sur se concentran en el tramo entre Curicó y Chillán, cuya concesión pertenece al Consorcio Cintra, presidido por Herman Chadwick Piñera, primo hermano del nuevo Presidente de la República, a la vez presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública.

Aparte de un puente destruido y dos severamente dañados, en la autopista Talca-Chillán las enormes grietas en la carretera desnudan la precariedad de su construcción: apenas un trabajo de estabilizado de terreno para soportar una delgada carpeta asfáltica. Al punto se viene a la mente el concepto de carretera desechable. Aunque las cláusulas de los contratos de las concesiones permanecen en riguroso secreto, es altamente probable que se pueda establecer una correlación entre el plazo de las mismas y la calidad de la construcción. A menor plazo, mayor precariedad, debajo de los elegantes cierres, la moderna señalética y, por cierto, las casetas de cobro de peaje.

Y nadie puede llamarse a engaño: el objetivo de los concesionarios privados no es la conectividad de Chile, sino la rentabilidad de su inversión.

Privatización de la solidaridad

La ruta L-30-M que conecta San Javier con Constitución no es concesionada. Por tanto, fue construida por el Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a la normativa antisísmica. Y, en efecto, a igual magnitud telúrica, presenta daños inconmensurablemente menores que la emblemática ruta 5 Sur.

Lo que en este trayecto llama la atención es la cantidad de autos particulares engalanados con banderas chilenas, señal de que transportan ayuda, y a medida que se acerca Constitución, la cantidad de familias instaladas a la vera del camino, que junto a la consabida bandera, enarbolan toscos carteles manuscritos, donde proclaman sus necesidades: agua, pan, leche y pañales. Es la privatización de la solidaridad.

Esas familias no se organizan para ir a buscar ayuda canalizada a través de alguna institución del Estado. Simplemente, se sentaban a esperarla de contrapartidas particulares, que tampoco obraban de manera organizada, ni de acuerdo a un plan. De esa manera, sin catastros, ni información ni conducción, el resultado no podía ser otro que una distribución caótica, que acentuaba la sensación de desconcierto y confusión, al punto que los propios damnificados rechazaban ropa que no necesitaban. Pero en Constitución, a diferencia de otras ciudades castigadas, se advertía cierto nivel de conducción. Precario, pero lo había.

Los ojos enrojecidos del alcalde, Hugo Tillería y el Concejal Carlos Zúñiga, denunciaban una actividad incansable. Además, la presidenta Bachelet dejó en la ciudad una delegada personal, la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz. En el momento de nuestra pasada, maquinaria pesada trabajaba en la limpieza de escombros en el sector costanero de La Poza, arrasado totalmente por el tsunami, mientras el alcalde y el concejal analizaban con las organizaciones de pescadores artesanales, la habilitación de un embarcadero provisorio que permitiera reanudar la actividad, lo que se consiguió días después.

Cualquiera que visite la hermosa ciudad de Constitución necesariamente quedará con la impresión de que la reanudación de la vida normal tardará meses y la reconstrucción, probablemente años.

Apocalipsis ahora

La autopista del Itata, de 75 kilómetros, que une Chillán con Concepción es concesionada, y a la misma intensidad sísmica, también presenta un nivel de daños mucho menor a la ruta 5 Sur. Nuestra sospecha se confirma. Mientras la Ruta Talca-Chillán tiene un plazo de concesión de 19 años, el de la autopista del Itata es de 28 años. Y que se sepa, al señor Chadwick Piñera el descalabro de su autopista no le ha salido ni por curado.

Llegamos a Concepción una semana después del terremoto, pero por su aspecto, pareciera que ocurrió el día anterior. Los escombros bloquean las calles y los cables de electricidad siguen repartidos por el suelo. La ciudad sigue sin electricidad ni agua potable. El tránsito hacia San Pedro, y por consiguiente hacia Lota, Coronel y la provincia de Arauco, por el puente Llacolén, el único que resistió más mal que bien el sismo, aún no se ha restituido.

El edificio Vista Río, emblemático por su pasmoso derrumbe, no es una excepción. En el centro de la ciudad hay a lo menos veinte grandes edificios, todos nuevos e incluso algunos todavía en construcción, que deberán ser demolidos. Si hay una ciudad donde las empresas constructoras se dieron un festín de irregularidades, esa es Concepción. De hecho, Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, presidente de Socovil, constructora del edificio Alto Río, era también presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, cuyo presidente nacional, Lorenzo Constans, se inscribió en el libro Guiness de las chambonadas: “hay edificios inclinados que están en pie; el ejemplo más claro es la torre de Pisa, que se ha mantenido por siglos”.

Sobrecoge pensar que el país quedó en manos de este tipo de chapuceros.

Fuerzas armadas en tiempos de paz

Por la noche, y a pesar del toque de queda, la ciudad se cubre con el humo de las barricadas, cuyo fulgor ilumina fantasmagóricamente las cuadrillas de vigilancia ciudadana desplegadas en las esquinas, organizadas por los vecinos para defenderse de turbas vandálicas más ilusorias que reales, y que en último término, eran muchos de ellos mismos, en tanto saqueadores, las 48 horas de de furia y terror de los días sábado 27 de febrero y domingo 1º de marzo.

Y si hay una ciudad donde no se advierte el menor vestigio de liderazgo y conducción, esa también es Concepción. En la práctica, el único protagonismo de su alcaldesa, Jacqueline van Risselberghe, ascendida tal vez por eso a intendenta, se ha reducido a polemizar con el gobierno (de Bachelet) por el tardío despliegue de las fuerzas armadas.

En rigor, ese mismo reclamo escuchamos en Lota y Curanilahue, donde el espasmo de violencia social también fue superlativo, y aterrador para sus habitantes, aterrados por la magnitud del terremoto.

Nadie se inquieta por la presencia de la fuerzas armadas en los locales de votación en los distintos procesos electorales, porque de alguna manera está asumido que esa es una de sus tareas en tiempos de paz. Análogamente, el resguardo del orden público en situaciones de emergencia debería estar entre las funciones en tiempos de paz de las fuerzas armadas, que, en último término, son instituciones del Estado financiadas con fondos públicos.

Claro, en la medida en que lo hagan subordinadas al poder político y no sólo para resguardar el derecho a propiedad, sino, y principalmente, para garantizar el abastecimiento de subsistencia para el conjunto de la población.

Si la presidenta las hubiera convocado en el primer momento, en su calidad de Jefa de Estado, tal vez se hubiese ahorrado la polémica. Pero también es posible que haya tenido alguna información que la inhibió de hacerlo. Lo concreto es que los comandantes en Jefe de dos de las ramas de las fuerzasaArmadas, acunados por la naturaleza genéticamente sediciosa del diario El Mercurio, desplegaron una conducta inaceptablemente desafiante, registrada hasta por un columnista de derecha liberal, como Carlos Peña, en las propias páginas de El Mercurio:

“¿Dónde se ha visto que generales y almirantes litiguen con la autoridad civil, relativicen responsabilidades por la prensa, y deslicen trascendidos respecto de lo que hicieron o dejaron de hacer, de lo que informaron o dejaron de informar? La confrontación entre la Presidenta y los jefes militares –que equivale a un abandono casi explícito de deberes de parte de estos últimos– es simplemente inaceptable y no debe ser tolerada. Nadie duda de la importancia de las Fuerzas Armadas –menos en ocasiones como éstas–, pero nada debe hacer olvidar que, en estos y en otros momentos, ellas deben estar subordinadas al poder civil y sus jefes mantener los modales”.

Otrosí sobre el punto. El hasta entonces presidente electo, Sebastián Piñera, dedicó sus mejores esfuerzos en sostener una pueril competencia mediática con la presidenta Bachelet, acerca de quién enfrentaba con mayor eficiencia la conducción de la crisis y en desgranar, urbi et orbi, un discurso tan irresponsable como demagógico, que de ser real, supondría que todos los problemas estarían resueltos el día 12 de marzo. Pero como otra cosa es con guitarra, se vio obligado a solicitar la permanencia en el cargo de los gobernadores e intendentes del gobierno saliente. O sea, el primer tropezón, aún antes de partir.

Devastación y desolación

Nuestra próxima etapa fue la sobrecogedora devastación del puerto y el plano de Talcahuano, donde debimos enfrentar la pueril prepotencia de un recluta de la marina, que por fortuna no pasó a mayores en virtud de la oportuna aparición de un suboficial. Al cierre de estas líneas, se conocía la muerte del poblador David Riquelme Ruiz, en Hualpén, a manos de una patrulla de la infantería de marina. La fuerza del tsunami queda patentada con la insólita presencia de embarcaciones de gran tonelaje, diseminadas por calles y malecones.

La disposición de un salvoconducto, y la decisión de pasar en horario de toque de queda, nos libró del taco en el puente Llacolén, que puede insumir hasta cinco horas para atravesarlo. En Lota, se tiene la impresión de que el tiempo se ha detenido. No sólo por el grado de destrucción de viviendas, sino por la angustia en el rostro de la gente.

Es que a una semana de la tragedia, la ayuda casi no llegaba, la ciudad permanecía paralizada casi por completo, y no se normalizaba el suministro de agua, energía eléctrica e incluso de las redes de comunicación. La cadena de distribución y abastecimiento estaba totalmente trastrocada. Así, era posible encontrar un computador portátil a cuarenta mil pesos, mientras que una cajetilla de cigarrillos, por lejos el bien más preciado de estos días aciagos, podía costar cinco mil, claro, en la medida en que se la encontrase.

En medio de este desolador panorama, la única nota alentadora era la existencia de ollas comunes instaladas por juntas de vecinos y otras organizaciones populares.

Imágenes imborrables

Aunque en medida proporcional a su población, la situación era equivalente en Arauco, Curanilahue y Los Alamos. Desabastecimiento, carencia de agua y energía eléctrica y sensación de abandono, de parte de la población. Y un detalle tal vez premonitorio. Durante nuestra estadía por las localidades más alejadas de la provincia de Arauco, no encontramos un solo equipo de prensa, señal de que el tema empieza a perder preponderancia en la pauta de los medios de comunicación, preludio del silencio que seguramente recubrirá el proceso de reconstrucción. Incluso, hay situaciones en localidades remotas que ni siquiera han sido expuestas por los medios.

Una razón más para impulsar la construcción de organización popular, único mecanismo que, a esta altura, puede ejercer algún contrapeso a una nueva vuelta de tuerca contra el Chile popular, aquel que sufre la tragedia en carne propia, en vez de verla por las pantallas de televisión.

Dos imágenes para concluir un relato manifiestamente incapaz de describir la aterradora experiencia que sufrieron los compatriotas de las regiones del Maule y el Bío-Bío.

A pesar de que por el material de las casas, mayoritariamente de madera, y por el nivel de organización –un comité de emergencia, que según nuestros informes, funcionó razonablemente bien– la ciudad de Lebu fue la que mejor resistió el terremoto de la provincia de Arauco, sorprende a la llegada comprobar que una importante proporción de la población permanece acampada en los cerros circundantes.

Según la opinión que nos pudimos formar, ello obedece, en primer término, al desecamiento de la desembocadura del río, lo que induce a mucha gente a creer que el tsunami todavía no ha llegado; y en segundo lugar, a la prédica de ciertos pastores de corrientes evangélicas, que postulan la inminencia del fin de los tiempos.

La segunda, es la sobrecogedora imagen que presenta el otrora hermoso y apacible balneario de Dichato, tal vez, junto a Talcahuano, el más golpeado por el tsunami. Y eso tiene explicación. El emplazamiento de la isla Quiriquina, en el centro de la bahía de Concepción, hizo las veces de un gigantesco parteaguas, que por el sur desvió la arrolladora fuerza del tsunami sobre Talcahuano, arrasando con la base de operaciones de una institución que, como Pedro, lo negó tres veces, y por el norte, arremetió sobre una desprevenida población que disfrutaba el penúltimo día de la temporada de verano.

Tal vez nunca se sepa el número de personas que murió en Dichato.

* Periodista.
En www.telesurtv.net.