Tres días de octubre para los chilenos
El mes de octubre es simbólico para las y los chilenos. En 1988, un día 5 de octubre y en el filo de la medianoche, la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet reconoció el resultado del plebiscito con el cual se dio inicio al fin de 17 años de un régimen que dejó una estela de sangre, crímenes y corrupción, como no se conocía en la historia política del país. La herencia fue, entre otras, el modelo neoliberal anclado en una Constitución ilegítima en su origen y en la que, pese a las más de 50 veces que se han introducido reformas, no se ha logrado borrar la impronta autoritaria ni cambiar en lo fundamental el modelo económico con el que han crecido dos generaciones de chilenos.
En 2019, un 18 de octubre, se produjo la explosión social que desbordó las calles de las principales ciudades del país resumidas en un grito salido de las entrañas de mujeres, hombre y jóvenes exigiendo Dignidad. Esa palabra resume bien el malestar social que se fue acumulando desde el regreso de la democracia en el año 1990. El éxito económico, traducido en altas tasas de crecimiento, reducción de la pobreza y mejoramiento de los índices de salud, educación e ingresos, entre otros, coadyuvaron a aumentar las expectativas de un mejoramiento superior a lo que el sistema basado en el individualismo extremo y el sistema privado de prestaciones sociales podía ofrecer.
Prontamente el modelo neoliberal extremo tocó un techo para la mayoría de las personas y comenzó a crecer y acumularse el malestar, donde en parte se hizo responsable a los sucesivos gobiernos democráticos por no haber desmontado el perverso engranaje constitucional heredado, el cual privilegia el individualismo sobre el bien común. Se asigna a la propiedad e iniciativa privada, absoluta prioridad por sobre lo social, basado en el principio de subsidiariedad donde todo puede ser hecho por privados, sin intervención del Estado, llegando al extremo de garantizar la propiedad privada del agua. Cada vez que se intentó modificar estos aspectos, han operado los candados constitucionales apoyados por los partidos de la derecha y los sectores conservadores.
El 25 de octubre del presente año pasará a ser un día histórico para Chile, y probablemente para las mujeres en el mundo. Ese día se efectuará el plebiscito acordado luego de las masivas y continuas manifestaciones en las calles de Chile exigiendo una nueva Constitución. El actual gobierno de Sebastián Piñera, apoyado por una coalición de derecha, tuvo que ceder ante la magnitud de las protestas y acordar, en conjunto con los partidos del centro izquierda, primero reformar la actual carta fundamental para poder llamar a un plebiscito donde las y los chilenos deberán decidir si desean una nueva Constitución o mantener la actual.
Al mismo tiempo deberán pronunciarse si desean una convención constitucional, equivalente a una asamblea constituyente, 100 por ciento electa o conformada por la mitad del actual Parlamento y la otra mitad elegida. El carácter inédito, y de ahí la relevancia mundial de este proceso, es que por primera vez en la historia los constituyentes serán 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. Es decir, la eventual nueva Constitución que regirá Chile habrá sido redactada bajo el principio de paridad, lo que no ha ocurrido con ninguna de las constituciones en el mundo.
La pandemia del coronavirus y el confinamiento obligado en las principales ciudades, a partir de marzo del año en curso, sirvió como amortiguador de las protestas al reducir la movilidad, la prohibición de reuniones y el toque de queda impuesto junto al régimen de excepción que limita las libertades de movimiento. Aun así, en los sectores populares se han mantenido las manifestaciones, y este mes de octubre inició mal para el gobierno. Con el paulatino levantamiento de las restricciones comenzaron nuevamente las manifestaciones de jóvenes en la plaza Baquedano, un lugar emblemático de Santiago, donde se reunieron más de un millón de personas el año pasado y que hoy llamamos Plaza de la Dignidad.
Sectores radicales y violentistas han aprovechado para enfrentar a la policía y destruir propiedad pública y privada, lo que ha sido condenado por la mayoría de la población y los partidos políticos. Sin embargo, la policía –Carabineros de Chile– que arrastra una larga historia de violaciones a los derechos humanos desde la época de la dictadura, no ha estado a la altura del cumplimiento de sus obligaciones como órgano del Estado encargado de la seguridad. En un año ha dejado centenares de heridos, con daños oculares y a dos personas inocentes, una mujer trabajadora y un estudiante, ciegos por el uso indiscriminado de balines y lanzamiento de bombas lacrimógenas a los rostros.
El pasado 2 de octubre, un carabinero impulsó a un muchacho de 16 años, que participaba en una protesta, por sobre la baranda de uno de los puentes del río Mapocho, cayendo desde más de 7 metros a la débil corriente de agua. Quedó con traumatismo encéfalo craneano, y por fortuna se ha recuperado.
La institución policial está en el ojo del huracán, mientras desde diversos sectores políticos se pide la renuncia del general director y la reestructuración de la institución. El gobierno y el presidente Piñera, con una tozudez difícil de entender, se resiste a removerlo pese a que desde hace meses se les ha solicitado. Carabineros es una institución respetada por cuanto son miles de funcionarios y funcionarias que cumplen las tareas de seguridad pública en todo el país, por lo que el cuestionamiento es únicamente a los equipos encargados de enfrentar a los manifestantes.
Las encuestas, hasta hoy, indican que el plebiscito del 25 de octubre será una gran victoria de las fuerzas que desean un nueva Constitución, lo que incluye a sectores minoritarios de la derecha. También los sondeos aseguran una alta participación, pero nada está garantizado. La pandemia y un infundado temor al contagio influye, al igual que la propaganda de los sectores conservadores que se oponen a una nueva carta fundamental. Tampoco ayuda la violencia desatada por los sectores radicales que destruyen y atemorizan a la población, así como el descriterio del alto mando de carabineros que ha permitido un uso excesivo de la fuerza.
El plebiscito debiera ser la gran válvula que alivie la presión social acumulada. Una amplia victoria de los partidarios de una nueva Constitución contribuirá a alimentar los sueños de construcción de un país más justo, de una sociedad con mayores grados de igualdad de oportunidades para todos, que asegure el acceso a la salud, la educación, la vivienda, pensiones dignas y el agua como un bien de uso público para todas y todos los chilenos.
*Economista de la Universidad de Zagreb en Croacia y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Exembajador, actualmente es Subdirector de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Chile.