“Clarín”, víctima del complot de las elites chilenas
El reciente fallo del tribunal del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que, en principio, pone fin a un juicio de casi veinte años entre el ingeniero español Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende de España contra el Estado de Chile, es sin duda un duro golpe para Pey en su larga lucha por obtener una indemnización tras la expropiación del diario Clarín en 1973. Pero también es una derrota para la libertad de prensa, así como un fuerte revés en cuanto esta resolución constituye también una denegación de justicia.
Tras dos décadas de litigio Víctor Pey recibe de parte de ese tribunal, así como del Estado chileno, un rechazo a sus reclamaciones por una compensación por los activos expropiados y por las ganancias no percibidas durante los últimos 43 años.
El martes 13 de septiembre pasado el Ciadi comunicó a las partes litigantes la resolución que tendría carácter de inapelable. En ella, los jueces desestimaron las demandas de Pey, las que, contrariamente, sí tuvieron una favorable acogida en el laudo de 2008 de un tribunal anterior del mismo Ciadi. Este último tribunal, ad hoc, había sido convocado por las partes para establecer el monto de la indemnización sobre la base de que ésta era una compensación que Pey requería por haber sido despojado de sus derechos sobre el diario Clarín. El fallo del martes 13, sin embargo, desestimó los argumentos favorables al dueño del tradicional periódico y determinó que no tenía derecho a compensación.
El resultado, que fue en su momento muy discretamente difundido por los medios de comunicación y silenciado por el gobierno, sí generó una inmediata reacción de El Mercurio, órgano de difusión histórico para los turbios intereses públicos y privados que durante estos veinte años impugnaron las reclamaciones de Pey. En un editorial publicado el 17 de septiembre, titulado “Defensa del patrimonio fiscal”, el matutino festejó la resolución del tribunal, de la cual destacó que “Chile nunca reconoció que Víctor Pey fuera dueño de Clarín”. Pocos días más tarde, en la web de Clarín, el ingeniero Pey le responde al diario de Agustín Edwards en un breve texto titulado “El Mercurio miente” y demuestra que en no pocas resoluciones judiciales él fue declarado como legítimo dueño de Clarín. “El 1º de febrero de 1995 solicité del Octavo Juzgado de Santiago la devolución de los títulos y traspasos originales en razón de ser yo su legítimo propietario, petición que el Juzgado acogió, ordenando que se me devolvieran la totalidad de dichos títulos, orden que fue cumplida, estando ellos, en su totalidad, en mi poder, los que tengo depositados en la caja de seguridad de un banco europeo”.
Más aún. Pey escribe que “el párrafo 179 del laudo (del Ciadi) del 8 de mayo de 2008, concluye diciendo que “el Sr. Pey Casado procedió efectivamente a la adquisición de las sociedades CPP S.A. y EPC Ltda., contrariamente a lo que alega la demandada [el gobierno de Chile]. En segundo lugar, estima que esta adquisición debe ser considerada como una inversión de acuerdo al artículo 25 del Convenio Ciadi”.
Victor Pey, legitimo dueño de “Clarin”
La resolución del martes 13, que contradice al anterior fallo citado por Pey, requiere buscar los orígenes de este proceso en la compra de Clarín, en el golpe de Estado y, décadas más tarde, en las políticas de los consensos de la postdictadura.
Víctor Pey, al momento de la compra de Clarín en 1972 a Darío Sainte Marie, renombrado periodista, fundador y dueño del famoso tabloide, pagó por el diario un millón 280.000 dólares de la época. Durante el proceso de negociación y venta, que culminó en Estoril, Portugal (en vista que Sainte Marie vivía entonces en Madrid) y al que llamaron “Los protocolos de Estoril”, los pagos se realizaron de forma fraccionada. El primero fue por 500.000 dólares vía Londres a un banco de Madrid. Días más tarde, Sainte Marie le extiende a Pey un poder notarial que lo acredita como dueño del 50 por ciento del diario y presidente del Consejo de Administración del Consorcio, a la vez que recibe los títulos correspondientes a 25.200 acciones. Posteriormente, en octubre de 1972, en Ginebra, Suiza, Pey paga a Sainte Marie el saldo por las 14.800 acciones restantes. El ingeniero español recibe los títulos y los correspondientes traspasos de la propiedad, situación existente cuando ocurre el golpe de Estado y la posterior salida de Chile del dueño de Clarín, al exilio.
A diferencia de El Mercurio y los gobiernos de la Concertación, incluso la dictadura reconoció a Pey como el legítimo dueño del tabloide. Según consta en la documentación de la época, las autoridades militares admitían “que fue éste (Pey) quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín, efectuando los pagos correspondientes”.
Pey regresa a Chile a partir de los gobiernos de la transición y comienza a pedir la devolución de sus bienes expropiados. Desde entonces ingresa en un terreno lleno de obstáculos: las autoridades de la Concertación niegan desde un comienzo la posibilidad de devolución del diario, postura que se mantuvo intacta (con pasión, según declaró el tribunal en el fallo reciente) hasta la actualidad. Bajo esta decisión ocurrieron todo tipo de irregularidades, impugnación de jueces, hasta abiertas trampas y mentiras, como fue la infame Decisión 43, que demostró que las intenciones de la entonces Concertación no era pagar una indemnización pecuniaria, sino impedir a cualquier precio que el Clarín volviera a circular.
La política de la Concertación-Nueva Mayoría fue una estrategia ligada a los poderes fácticos, representados no pocas veces y con bastante descaro por abogados ligados a las más conspicuas esferas económicas y financieras. Ellos mismos llevaron el caso, cuya difusión, a nombre del Estado de Chile, canalizaban a través de El Mercurio. El largo proceso fue una consecuencia más de las políticas de los consensos. Las mismas manos que mantuvieron la herencia dictatorial en el modelo político y económico, direccionaron los consensos en materia de medios de comunicación. El duopolio, que se repartió desde la dictadura el mercado de lectoría y publicitario, no permitió que volviera a circular un diario popular, de clara tendencia antioligárquica y líder en ventas.
La trampa más infame: la decisión 43
Durante estas virtuales dos décadas de litigio, en que abundaron las descalificaciones del Estado chileno contra Pey y la Fundación Presidente Allende, presidida por el abogado español Joan Garcés, uno de los gobiernos de la Concertación, ante el avance del pleito, intentó por medios ilícitos poner fin al proceso. Así es que durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Ministerio de Bienes Nacionales emitió la Decisión Nº 43 en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación de Clarín. En esta operación el Estado gastó más de diez millones de dólares y no pidió ningún documento que acredite la propiedad.
Pero más que una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupción durante esos gobiernos, ésta tiene el perfil de un obstáculo político e ideológico pergeñado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulse el pensamiento crítico y la reorganización social.
Esa operación tramposa trasciende, incluso, al argumento falaz en cuanto a que es el mercado el único instrumento para regular a los medios de comunicación. Una verdad a medias, porque en este proceso de mercantilización de las comunicaciones existieron desde la dictadura evidentes subsidios a lo que hoy llamamos el duopolio. Una subvención no sólo financiera al consorcio del golpista Agustín Edwards, sino que también al favorecer a los dos grandes grupos barriendo con la competencia. La expropiación y desaparición de Clarín, así como la denegación de justicia a Víctor Pey se inscribe en este proceso que tiene finalmente como objetivo acotar el espacio de circulación de ideas, especialmente aquellas contrarias a las políticas que han dado forma al Chile postdictadura, y entregar prácticamente la totalidad del mercado de los impresos al duopolio.
Es en este escenario, bajo estas lógicas políticas, de oscuros consensos entre las elites políticas y económicas, en el cual se desarrolló el caso Clarín. Un territorio restringido bajo el sistema binominal heredado de la dictadura, con una economía efecto de privatizaciones fraudulentas que configuró uno de los países en los cuales el poder registra niveles de concentración absolutamente impúdicos, propios de regímenes autoritarios.
Clarín representó el pluralismo, la lucha social, la crítica desembozada y directa a las elites y la oligarquía. Un obstáculo al proyecto neoliberal excluyente desarrollado durante las dos primeras décadas de la postdictadura, cuyos objetivos, que hoy hemos comenzado a ver con pasmosa claridad, ha sido repartirse la riqueza del país a cualquier costo para la población y los recursos naturales.
La persecución y saña contra Clarín y el secuestro de sus bienes (allí está el edificio de calle Zenteno con Alonso Ovalle, aún ocupado por el ejército, donde mantiene las fiscalías militares, y todavía está desaparecida su rotativa Goss) buscó impedir el renacimiento y eventual expansión de una nueva voz desde la Izquierda. Un medio popular, profundamente incorporado en la memoria colectiva, que podría desafiar las leyes del mercado. Pero no ha sido el único caso. Hay muchos otros, descritos en profusas crónicas y registros que van desde el bloqueo por parte de figuras de la Concertación a fondos para la creación de medios de Izquierda o centroizquierda, al financiamiento directo mediante la publicidad estatal en los consorcios de El Mercurio y La Tercera. La entrega de estos medios al juego comercial dominado por dos grandes consorcios, así como la negativa a democratizar la publicidad estatal, derivó en quiebras masivas y en la pérdida del pluralismo. Entre los desaparecidos están los diarios Fortín Mapocho y La Epoca y revistas como Análisis, Apsi, Cauce, Hoy, Solidaridad, o Rocinante, entre otras.
Son muchos y posiblemente dispersos los factores que han influido en el monopolio ideológico de la prensa escrita chilena, sin embargo es posible mencionar unas cuantas aberraciones que son el producto de una estrategia de largo plazo en la cual el caso Clarín es emblema y paradigma. Es una consecuencia directa, por tanto buscada, de los delitos de la dictadura, desde el asesinato y el secuestro de personas al proceso de privatizaciones. Es un efecto más de la tragedia. Si con la venta de las empresas públicas a los amigos de la dictadura el Fisco perdió varios miles de millones de dólares, el nuevo orden de la prensa se instauró también tras secuestros, detenciones y robos. La dictadura, de la noche a la mañana, le sacó del camino toda la competencia a sus diarios afines, entre ellos los más de 200.000 ejemplares diarios de Clarín. Este es el primer antecedente no mencionado ni recogido de las políticas llamadas de libre mercado aplicadas a la prensa chilena.
El favoritismo que la Concertación demostró por estos dos consorcios, pero principalmente por El Mercurio y otros negocios de la familia Edwards, los llevó a fusionarse con ellos. Como bien recuerda Manuel Cabieses, director de Punto Final, “es muy relevante en ese sentido la participación de ministros, parlamentarios y dirigentes de partidos de gobierno en fundaciones creadas por El Mercurio, como Paz Ciudadana”. Hasta el día de hoy, en esta Fundación aparecen en altos cargos del directorio personalidades de la Concertación y Nueva Mayoría, como Sergio Bitar, Soledad Alvear, René Cortázar, Edmundo Pérez Yoma, Eugenio Tironi y Jorge Burgos, entre varios otros.
Esta relación íntima entre los antiguos adversarios es parte de investigaciones todavía en curso. Las evidencias de esta nueva intimidad trascienden la política de medios y se extienden hacia todas las áreas acotadas en la institucionalidad heredada de la dictadura, las que van desde el sistema político a todas y cada una de las actividades económicas. Cargos en directorios de empresas privadas para regresar más tarde al sector público, concesiones, comisiones. La política de los acuerdos, que se ha extendido desde 1990, le ha rendido cuentas a las elites. Nunca a los electores.
La desaparición de Clarín como medio impreso y el rechazo de estas elites enquistadas en los poderes fácticos más oscuros e inefables a indemnizar a Víctor Pey para impedir el regreso del diario a las calles, es un duro golpe a la libertad de expresión, al pluralismo informativo y es también denegación de justicia. El Estado chileno ha ratificado su condición sesgada, autoritaria y su fusión con las elites.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 861, 30 de septiembre 2016.