Colombia: con latifundio no hay paz y menos democracia para los campesinos
El señor Santos quiere una paz sin reforma agraria y conservando el latifundio, que es el foco de la violencia contra los campesinos y de la negación de los derechos politicos y de la democracia agraria. La paz implica eliminar el latifundio y la hacienda ganadera inutil y autoritaria. | HORACIO DUQUE GIRALDO.*
El próximo 14 de enero se retoman los diálogos de paz en La Habana entre las FARC/EP y el gobierno del señor Santos. La Mesa de conversaciones y sus delegados ahondarán en el tema de la reforma agraria, la eliminación del latifundio y la hacienda ganadera, foco de la violencia y las formas políticas totalitarias que niegan los derechos políticos a los campesinos colombianos.
El tema rural o la «cuestión agraria» se encuentra en el centro mismo de las transacciones para resolver la guerra civil nacional. La Mesa de La Habana ha colocado la cuestión campesina y el derecho a la propiedad en el escenario político nacional. Antes, el gobierno del señor Santos y la coalición gobernante, configuraron un escenario irrelevante con la Ley de restitución de tierras y reparación de las victimas, cuyos resultados no son exactamente los más favorables como para aceptar la propaganda oficial de una “revolución agraria” de la prosperidad democrática.
La realidad es que dicha ley derivo en un instrumento del inveterado clientelismo político de las maquinarias electorales toda vez que los directorios departamentales de los partidos adictos al gobierno hicieron de las disposiciones aprobadas un mecanismo de favores para ampliar mediante algunas restituciones y las abundantes reparaciones sus caudales electorales y clientelares.
Una vez colocado el asunto agrario en el lugar visible en que está y en los términos correspondientes, la reacción furiosa latifundista no se ha hecho esperar. 
Poderosos agentes de la hacienda ganadera han arremetido con todo para confundir los términos del debate y de la ruta a seguir, tal como lo ha hecho el jefe de Fedegan.
Ya esta visto que lo agrario es un asunto político por excelencia pues es el foco de la violencia y la negación de los derechos políticos ciudadanos de millones de campesinos. El problema agrario, a diferencia del industrial o minero, no es un problema de carácter económico y social sino que es esencialmente político, pues esta directamente ligado a las estructuras de poder existentes en la sociedad colombiana y sobre todo la tierra y su propiedad es una de las más importantes fuentes de poder. Por tal razón avocar por parte de la Mesa de La Habana la «cuestión agraria» es plantearse el tema de la propiedad privada o también mas específicamente del derecho de propiedad, pues para realizar la reforma agraria integral es necesario realizar transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra, además de los ajustes territoriales e institucionales complementarios.
La reforma agraria que se acuerde debe incluir entre sus objetivos principales redistribuir la propiedad agraria entre millones de campesinos sin tierra. Es decir, transformar a los no propietarios en propietarios. Es una condición inevitable y fundamental.
Proceso que implica no solo un profundo cambio en la estructura de la propiedad de la tierra sino también un cambio institucional, pues demanda la modificación de la estructura de las reglas político-legales que norman el derecho y las relaciones de propiedad.
Para alcanzar la paz es necesario impulsar la propiedad social, colectiva o comunitaria, identificada con el socialismo.
La forma Estado paramilitar que predomina en la formula gubernamental está entroncado con el tema de la reforma agraria, o sea, con el conflicto político por la redistribución de la propiedad agrícola. Las tradicionales estructuras agrarias constituyen el principal obstáculo para la democratización y la modernización progresista del país.
Sin embargo, las fuerzas partidarias de una reforma agraria avanzada deben considerar que el latifundio reaccionario no la va aceptar tranquila y pasivamente. Los grupos de grandes propietarios, o sea aquellos grupos que han tenido un amplio poder político para limitar la democracia de la ciudadanía y la participación política, van a frenar y sabotear cualquier intento de transformación de su principal base y fuente de poder: la gran propiedad latifundista y hacendataria.
Para estos grupos el latifundio constituye un valor y un derecho superior a cualquier otro, incluso a la vida y a la libertad; por consiguiente a la democracia.
Redistribuir la propiedad entre los campesinos sin tierra, los desplazados y despojados, constituye un problema mucho más profundo que una simple cuestión técnica o de visión territorial, o un problema que podría resolverse políticamente. 
La reforma agraria implica la destrucción completa de un orden sociopolítico y cultural constituido a lo largo de cuatro siglos el cual ha generado una determinada visión del mundo, de las cosas, del país, de la historia, tanto en los terratenientes como en el campesinado especialmente en el de la resistencia revolucionaria que lucha por el socialismo y la independencia nacional.
Pero esta visión no solo esta presente en los diversos grupos sociales y culturales agrarios sino también en la cosmovisión de los grupos sociales y culturales urbanos. La mayoría de los grupos urbanos ya sea de baja, media o alta sociedad tienen distintas conexiones con el mudo agrario. Téngase en cuenta que el vaciamiento reciente del espacio rural es el causante del acelerado crecimiento urbano de Bogota y otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
Pretender colocarle pañitos de agua tibia al problema del derecho a propiedad de la tierra de los campesinos colombianos es hacerle trampa a la paz para toda Colombia.
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* Analista de asuntos políticos y sociales.
En http://kaosenlared.net