Mar 19 2018
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Política

Colombia: Howland (ONU) se despide describiendo las cloacas de un Estado secuestrado

El √ļltimo informe sobre derechos humanos que firmar√° Todd Howland es duro. Ni el lenguaje diplom√°tico ni el reconocimiento de ciertos avances pueden esconder la realidad de un Estado y de unas √©lites incapaces de imaginar/apoyar un pa√≠s diferente.

Todd Howland, el hasta ahora representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se va del pa√≠s. Figura clave desde 2012 en los esfuerzos de paz, el equipo que √©l ha dirigido ha sido protagonista del acompa√Īamiento a las comunidades y su voz ha sido de las m√°s firmes en la denuncia de aquellos grupos o personas que est√°n haciendo todo lo posible para que la construcci√≥n de paz en el pa√≠s se quede en nada.

Este 16 de marzo, Howland iba a presentar el informe anual 2017 sobre la situaci√≥n de DDHH en el pa√≠s, pero de manera precipitada, su oficina anunci√≥ que deja su cargo y que la discusi√≥n p√ļblica del informe quedar√° a la espera de la persona que lo reemplace. Pero el informe, a√ļn en versi√≥n sin editar, ya es p√ļblico y sus 17 p√°ginas son una especie de retrato hablado de un pa√≠s cuya sociedad civil sufre la indolencia del Estado, la incapacidad de imaginar una nueva forma de hacer las cosas, la ambici√≥n de empresas legales e ilegales, la corrupci√≥n, la impunidad y la actitud de algunas √©lites m√°s obsesionadas con la politiquer√≠a que con la paz o la calidad de vida de los habitantes.

El informe, que ser√° compartido en el 37 per√≠odo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace especial hincapi√© en la Colombia rural donde ‚Äúla presencia del Estado, √ļnicamente a trav√©s de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a trav√©s de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervenci√≥n integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del pa√≠s‚ÄĚ.

Plantea la oficina del Alto Comisionado en Colombia una precaria implementación del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrillas por grupos armados relacionados con las economías ilegales, unas comunidades asediadas por esos actores que no han visto llegar al Estado para ocupar los espacios en disputa, una situación crítica para las defensoras y defensores de losResultado de imagen para colombia asesinatos derechos humanos en el territorio, una impunidad selectiva que pone en cuestión la voluntad del Estado de poner a las víctimas en el centro del proceso, un Congreso que ha reinterpretado a la baja los acuerdos de paz y… en definitiva, una situación voluble y peligrosa para los civiles.

En buena medida, el informe muestra c√≥mo el Estado sigue sin ser Estado y c√≥mo ‚Äúha habido mucha resistencia a la implementaci√≥n del Acuerdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores pol√≠ticos y econ√≥micos, instancias legislativas y judiciales, as√≠ como funcionarios p√ļblicos‚ÄĚ.

Asesinatos, ejecuciones e impunidad

“La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos.

Resultado de imagen para colombia asesinatosEstos √ļltimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejerc√≠an liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y pol√≠ticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH tambi√©n registr√≥ 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotograf√≠as y el robo de informaci√≥n); cuatro desapariciones forzadas; y la violaci√≥n sexual de una mujer activista. (‚Ķ) El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales‚ÄĚ.

En informe se√Īala que aunque la mayor√≠a de los asesinatos han sido cometidos por sicarios y eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales, ‚Äúlos presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); ex FARC-EP (tres casos); individuos no afiliados a ning√ļn grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza p√ļblica (tres casos)‚ÄĚ. La ONU reconoce que la Fiscal√≠a ha avanzado ‚Äúsignificativamente‚ÄĚ en la identificaci√≥n de estos autores materiales, pero los autores intelectuales siguen en la sombra, y se lamenta de que no se hayan evitado estas muertes, algo que habr√≠a sido posible ‚Äúcon una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementaci√≥n del Acuerdo, priorizando los derechos de la poblaci√≥n‚ÄĚ.

Especialmente grave parece que, ahora, cuando el Gobierno presume de la paz en Resultado de imagen para colombia asesinatosforos internacionales, se sigan registrando asesinatos de civiles por parte de la fuerza p√ļblica. La oficina del Alto Comisionado ‚Äúdocument√≥ 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bol√≠var, Cesar, C√≥rdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ej√©rcito y tres por la Polic√≠a‚ÄĚ. Y a esta realidad no ayuda la impunidad enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones extrajudiciales que se amontonan bajo ese eufemismo gerencial de ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ. Respecto de los hechos pasados, la OACNUDH dice estar preocupada por ‚Äúla impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas que involucran a Generales, y se√Īala que esto pone en riesgo los derechos de las v√≠ctimas a la justicia y a la verdad.

La OACNUDH recibi√≥ informaci√≥n de presuntas amenazas a v√≠ctimas, testigos y funcionarios judiciales que participan en litigios en casos de ejecuciones extrajudiciales. Las personas afectadas por estas amenazas no han interpuesto denuncias formales, indicando que desconf√≠an de las autoridades‚ÄĚ. Es m√°s, la ONU no entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de ‚Äėfalsos positivos‚Äô, hayan sido ‚Äúascendidos en los √ļltimos dos a√Īos, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuraci√≥n que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos cr√≠menes atroces deber√≠an, al menos, ser separados del servicio activo‚ÄĚ.

El dibujo de la justicia tradicional y, lo m√°s grave quiz√°, de la justicia transicional dise√Īada para el proceso de paz, es muy preocupante. El informe considera que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, reparaci√≥n y No Repetici√≥n ha sido peluqueado al extremo: ‚ÄúEl Congreso no aprob√≥ el Sistema Integral tal y como hab√≠a sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementaci√≥n no ha cumplido con las normas internacionales‚ÄĚ. Y eso se traduce en decepci√≥n y en impunidad, una vez m√°s:

‚ÄúLa OACNUDH est√° sumamente preocupada porque las expectativas generadas por el Sistema Integral en relaci√≥n con la reducci√≥n de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, han sido socavadas por la exclusi√≥n de agentes del Estado no militares y de particulares del √°mbito de aplicaci√≥n obligatoria del sistema‚ÄĚ. Es decir, la justicia, de existir, ser√° incompleta y no permitir√° saber la verdad de lo ocurrido ni identificar a los actores reales del conflicto.

Obviamente, el equipo de Howland aprovecha para recordar que es incomprensible que el Congreso prohibiera ‚Äúel nombramiento de los magistrados que hubieran participado en litigios contra el Estado en casos de presuntas violaciones de los derechos humanos. Esto contradice las normas internacionales y nacionales relacionadas con la independencia de la rama judicial as√≠ como el contenido del Acuerdo en relaci√≥n con los perfiles y las competencias para ser magistrado de la JEP. Tambi√©n se corre el riesgo de estigmatizar a los defensores de derechos humanos en un contexto de aumento en el asesinato de defensores de derechos humanos‚ÄĚ.

Acuerdos en pa√Īales

El informe se refiere a todo 2017 y no puede obviar las graves deficiencias en el proceso de reintegraci√≥n social de los ex guerrilleros y guerrilleras de las FARC. Los menores que han vuelto con sus familias no tienen un acceso razonable a los servicios de salud o educaci√≥n, pero los adultos que entraron en su momento a las Zonas Veredales, donde ‚Äúse observaron serias deficiencias, como la falta de agua potable, saneamiento y viviendas habitables. Esta situaci√≥n puede haber llevado a que algunos ex miembros de las FARC-EP abandonaran estos lugares. OACNUDH observ√≥ sobrecostos de alimentos y demoras en la construcci√≥n de infraestructura en algunas de las Zonas. Dada la centralizaci√≥n de los contratos, las Zonas no generaron el impacto econ√≥mico poResultado de imagen para colombia asesinatossitivo esperado para las comunidades rurales a trav√©s de la contrataci√≥n local , como est√° previsto en el Acuerdo‚ÄĚ.

En general, la ONU constata lo que ya se ha denunciado sin √©xito desde diferentes organizaciones: mientras las FARC han cumplido en su mayor√≠a los acuerdos firmados, el Estado ha sido de una taca√Īer√≠a e ineficacia lacerante a la hora de acompa√Īar el proceso de reintegraci√≥n de sus miembros.

Tampoco parece que haya mucha voluntad en intervenir sobre los territorios abandonados por las FARC-EP y eso est√° poniendo en riesgo a las comunidades. De hecho, casi un a√Īo y medio despu√©s de la firma de los acuerdos ‚Äúa√ļn no est√°n disponibles los recursos anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta R√°pida para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP‚ÄĚ. La lenta respuesta r√°pida explica mucho de lo que est√° ocurriendo y la realidad se traduce en que ‚Äúel vac√≠o de poder que dejaron las FARC-EP despu√©s de su desmovilizaci√≥n; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementaci√≥n del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las econom√≠as ilegales a√ļn existentes, provocando un aumento de la violencia‚ÄĚ.Resultado de imagen para colombia cultivos coc

Donde deb√≠a pactarse la erradicaci√≥n voluntaria de cultivos para uso il√≠cito, erradicaci√≥n violenta y forzada; donde deber√≠a producirse una intervenci√≥n integral del Estado, Ej√©rcito y Polic√≠a; donde la tierra deber√≠a estar siendo restituida a sus propietarios desplazados, la presi√≥n de los poderes econ√≥micos de ‚Äúempresas agro-industriales y minero-energ√©ticas‚ÄĚ, y gamonales. ‚ÄúPara la implementaci√≥n de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo es crucial la presencia del Estado y las garant√≠as presupuestales necesarias para avanzar en la formalizaci√≥n de la propiedad, la creaci√≥n de mercados locales, la conectividad, la asistencia t√©cnica, los pr√©stamos y el acceso a servicios p√ļblicos‚ÄĚ. Pero esta ‚Äúacci√≥n estatal que cree el entorno para lograr la exitosa sustituci√≥n de cultivos il√≠citos‚ÄĚ, no llega.

Y todo ello salpicado por la politiquer√≠a y por la corrupci√≥n. Se denuncia en el informe que ‚Äúuno de los principales obst√°culos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos econ√≥micos, sociales y culturales es la tentaci√≥n del uso del gasto p√ļblico en centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos b√°sicos de las zonas rurales marginadas y menos pobladas‚ÄĚ. De hecho, en 2017 ‚Äďaunque suene a viejo-, ‚Äúse observ√≥ la falta de compromiso para mejorar el disfrute de derechos de las comunidades por parte de algunos funcionarios p√ļblicos ‚Äď incluso algunos de alto rango ‚Äď que interponen sus intereses personales y de carrera por encima de los derechos de la poblaci√≥n‚ÄĚ.

Resultado de imagen para colombia santos marioneta caricatura chuckyNo parece que estas cloacas de corrupci√≥n y el secuestro del Estado escandalice a algunos sectores de la √©lite. ‚ÄúLa OACNUDH‚ÄĚ, insiste el informe, ‚Äúobserva con preocupaci√≥n los graves obst√°culos a la implementaci√≥n del cap√≠tulo del Acuerdo relacionado con la participaci√≥n pol√≠tica, debido a los ataques por parte de los sectores pol√≠ticos interesados en mantener el statu quo pol√≠tico o que tienen alguna otra raz√≥n para oponerse al Acuerdo. Es de especial preocupaci√≥n que el Congreso no haya aprobado las Circunscripciones Especiales de Paz, establecidas en el Acuerdo como un medio para aumentar la participaci√≥n pol√≠tica de aquellas personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto‚ÄĚ.

Las recomendaciones que incluye el informe de la oficina del Alto Comisionado suenan a viejo; como sonaban muchos de los puntos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP que, como insiste la ONU, en materia de derechos humanos solo compilaba lo que ya exist√≠a en el marco legal colombiano. El ba√Īo de realidad en que sumerge la OACNUDH tambi√©n es realista porque un a√Īo es poco tiempo para ver unas ‚Äútransformaciones positivas que requieren de m√°s tiempo, ya que resolver los problemas multidimensionales e interrelacionados que han existido por d√©cadas es un proceso complejo‚ÄĚ.

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