May 24 2022
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Pol铆tica

Constituyente chilena: Sin nacionalizaci贸n, se pone en entredicho el Apruebo

El Pleno de la Convenci贸n Constitucional, con el voto y apoyo de los convencionales de derecha, la mayor parte de los convencionales del PS, del Frente Amplio e Independientes No Neutrales, ha rechazado el art铆culo que propon铆a la nacionalizaci贸n de las empresas de la gran miner铆a del cobre y del litio. En esta Nueva Constituci贸n no existe el concepto reservar al Estado, y nacionalizar o nacionalizaci贸n. Lo que fue aprobado, en lo que respecta a la miner铆a, es inclusive un retroceso a la Reforma Constitucional de la Ley 16.615 de 1967 del Presidente Frei Montalva, que agreg贸 el siguiente inciso al N掳 10 del art铆culo 10 de la Constituci贸n de 1925, que dice:

votacion

El voto de cada convencional pone de manifiesto que el gran capital sigue dominando

鈥淐uando el inter茅s de la comunidad nacional lo exija, la ley podr谩 reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producci贸n u otros, que declare de importancia preeminente para la vida econ贸mica, social o cultural del pa铆s鈥.

Al disponer que la ley podr谩 reservar al Estado, est谩 disponiendo algo similar a la nacionalizaci贸n, porque si alg煤n bien se reserva al Estado, esto significa que los privados no tendr谩n acceso a 茅l. Por ejemplo, ahora que cunden los apetitos de las transnacionales por explotar minerales en nuestros fondos marinos, se podr铆a reservar al Estado dicha explotaci贸n, pero no se podr谩 disponer con la Nueva Constituci贸n, porque no contempla la reserva al Estado.

En 1971, con la Reforma Constitucional de la Nacionalizaci贸n (Ley 17.450 Disposici贸n XVI Transitoria), el Presidente Allende conserv贸 la misma disposici贸n del Presidente Frei Montalva, y solo agreg贸 el concepto 鈥渘acionalizar o鈥 antes de 鈥渞eservar al Estado鈥. Pero Nacionalizaci贸n Del Cobre En Chile: Estallido Social Y Pandemia 鈥 Nuestra Am茅rica XXIenseguida agreg贸 un inciso que dispone: 鈥淓l Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas鈥, Y m谩s adelante otro inciso que permit铆a nacionalizar las empresas de la gran miner铆a del cobre, y en la Disposici贸n XVII Transitoria se dispuso directamente la Nacionalizaci贸n de dichas empresas.

La Junta Militar, con el Acta Constitucional N掳 3 (DL 1.552) del 11 de septiembre de 1976, derog贸 completamente el N掳 10 del art铆culo 10 de la Constituci贸n de 1925, y desaparecieron entonces, todas las disposiciones que permit铆an reservar o nacionalizar recursos naturales o bienes de producci贸n, pero dej贸 vigente la Disposici贸n XVII Transitoria que nacionaliz贸 las empresas de la gran miner铆a.

Adem谩s, en 1975 la Junta Militar se opuso terminantemente al proyecto de privatizaci贸n de la gran miner铆a propuesto por Fernando Leniz, y por el contrario, en virtud de su poder constituyente el 27/02/1976, dict贸 el DL 1.167 que se titula: 鈥淐onsolida la Nacionalizaci贸n de la Gran Miner铆a del Cobre鈥, que prohibi贸 constitucionalmente que se pudieran vender las concesiones mineras (yacimientos) de las empresas nacionalizadas, y el 28/02/1976 dict贸 los DL 1.349 que crea Cochilco y el DL 1.350 que cre贸 la 鈥淓mpresa Nacional del Cobre de Chile鈥, la actual Codelco, agrupando en ella las 5 empresas que hab铆an sido nacionalizadas por el Presidente Allende.

Pero en esos mismos a帽os funcionaba la Comisi贸n Constituyente que redact贸 la actual Constituci贸n, que hizo desaparecer completamente de las normas permanentes de la Constituci贸n de 1980, toda referencia a la nacionalizaci贸n o la reserva al Estado.

Solamente en la Disposici贸n Tercera Transitoria, aparece la palabra nacionalizadas, al dejar vigente en la Constituci贸n de 1980 la Nacionalizaci贸n de la Gran Miner铆a que dispone: 鈥淟a gran miner铆a del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposici贸n 17a. transitoria de la Constituci贸n Pol铆tica de 1925, continuar谩n rigi茅ndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgaci贸n de esta Constituci贸n鈥. Pero esta disposici贸n transitoria, solo deja vigente lo que ya est谩 nacionalizado desde 1971. En las normas permanentes de la Constituci贸n de 1980, no existen los conceptos nacionalizar o reservar al Estado.

Fue tan lejos el 谩nimo de borrar y ocultar el concepto nacionalizaci贸n, que incluso en la Ley 18.097 Org谩nica Constitucional de Concesiones Mineras, elaborada bajo la conducci贸n de Jos茅 Pi帽era, en el N掳 3 del art. 11 dispone que el concesionario minero tiene derecho exclusivo: 鈥3.- a ser indemnizado, en caso de expropiaci贸n de la concesi贸n, por el da帽o patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracci贸n y apropiaci贸n de las sustancias que son objeto de la concesi贸n鈥 Los peritos, para los efectos de la determinaci贸n del monto de la indemnizaci贸n, establecer谩n el valor comercial de la concesi贸n, calculando, sobre la base de las reservas de sustancias concedidas que el expropiado demuestre, el valor presente de los flujos netos de caja de la concesi贸n鈥.

A ra铆z de este n煤mero, el gran Radomiro Tomic elabor贸 el concepto de concepci贸n plena. Pero ahora, lo que deseo hacer resaltar, es el hecho que tampoco aqu铆 se utiliz贸 el t茅rmino nacionalizaci贸n, sino expropiaci贸n, que en primer lugar, jur铆dicamente no es lo mismo, como lo han fundamentado numerosos tratadistas del derecho y no solo de izquierda.

Chile | Entienda lo que vot贸 el pleno de la Convenci贸n sobre el cobre y la miner铆a - LIT-CI鈥淧or regla general, la nacionalizaci贸n se refiere a empresas industriales, comerciales o de servicios o a toda una categor铆a de bienes鈥 Ahora bien, la expropiaci贸n, al contrario de la nacionalizaci贸n, recae sobre bienes espec铆ficos鈥 La expropiaci贸n supone, en la mayor铆a de los pa铆ses (en el muestro s贸lo en algunos casos), el pago previo de la indemnizaci贸n; adem谩s, siempre la indemnizaci贸n debe ser completa, 铆ntegra, o sea, conmutativa, proporcional al valor de la cosa que se sustrae del patrimonio del particular.

Por el contrario, la nacionalizaci贸n trae como consecuencia el pago de una indemnizaci贸n que no necesita ser previa ni equivalente al valor total o completo de las empresas o bienes afectados; basta que sea 芦adecuada禄 a la circunstancias y, en consecuencia, su monto se regula atendiendo a diversos factores, como el excesivo lucro obtenido por el particular mientras explot贸 el bien ahora nacionalizado, la capacidad de pago del Estado que expropia, etc.鈥.

Adem谩s, nunca el Estado, hasta ahora ha expropiado una concesi贸n minera, lo 煤nico que se ha hecho, es nacionalizar, como lo hizo en 1971 nuestro Gran Presidente Salvador Allende.

Tanto quisieron ocultar el t茅rmino nacionalizaci贸n o nacionalizar en la Constituci贸n de 1980, que sin embargo, de tanto esconderlo, dejaron abierta una puerta para que se pueda nacionalizar no tan solo la gran miner铆a, sino cualquier otro bien de producci贸n, como lo vamos a explicar.

El art铆culo 32 de la actual Constituci贸n establece las atribuciones especiales del Presidente de la Rep煤blica, entre las que se encuentra la potestad reglamentaria, que en el N掳 6 de este art铆culo dispone:

鈥6潞.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los dem谩s reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecuci贸n de las leyes鈥;

Esto quiere decir, que en todo aquello que la misma Constituci贸n no ordena hacerlo por ley, el Presidente de la Rep煤blica lo puede disponer por decreto supremo, en virtud de su potestad reglamentaria extendida o aut贸noma.

Ahora, las materias que se deben hacer obligatoriamente por ley, las dispone la propia Constituci贸n, en particular en el art铆culo 63, que enumera las materias que deben ser materia de ley, entre ellas:

鈥1) Las que en virtud de la Constituci贸n deben ser objeto de leyes org谩nicas constitucionales;
2) Las que la Constituci贸n exija que sean reguladas por una ley;
3) Las que son objeto de codificaci贸n, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;
4) Las materias b谩sicas relativas al r茅gimen jur铆dico laboral, sindical, previsional y de seguridad social鈥;

En total son 20 las materias que la Constituci贸n mandata que obligatoriamente se tienen que hacer mediante una ley, y en ninguna de estas 20 materias, se dice que la nacionalizaci贸n o la reserva al Estado se deban hacer por ley. En consecuencia, al quedar fuera del dominio legal, el Presidente de la Rep煤blica, puede reservar al Estado o nacionalizar en virtud de la potestad reglamentaria extendida que le otorga el art. 32 de la actual Constituci贸n.

Por tanto, desde Pinochet a Boric, todos los Presidentes de la Rep煤blica, en tanto Jefes de Estado, han tenido la facultad para reservar al Estado o nacionalizar la gran miner铆a, o cualquier otro bien p煤blico o de producci贸n, o disponer cualquier otro asunto que no sea materia de ley, por simple decreto supremo, en aplicaci贸n de su potestad reglamentaria extendida o aut贸noma que existe solo en la Constituci贸n de 1980, potestad aut贸noma que ha sido fundamentada por varios tratadistas de Derecho Constitucional, entre ellos J.L. Cea Ega帽a o Kamel Cazor Aliste.

鈥淓n s铆ntesis, el examen de la historia fidedigna, permite aseverar que el Poder Constituyente de 1980: Ampli贸 la potestad reglamentaria del Presidente de la rep煤blica mediante la incorporaci贸n a nuestro ordenamiento fundamental de la denominada potestad reglamentaria aut贸noma, independiente o extendida, esto es, que no se completa, desarrolla o ejecuta ninguna ley previa, sino que surge al margen de toda ley de habilitaci贸n y que se sostiene en s铆 misma, porque se ejerce en cualquier materia que no sea propia del dominio legal鈥.

鈥淒el mismo modo, la potestad reglamentaria aut贸noma o extendida, al encontrar su fundamento directamente de la Carta Fundamental, al igual que la ley, es de primer grado. Destacando adem谩s que esta potestad aut贸noma es gen茅rica, o sea, puede recaer en cualquier materia que no sea propia del dominio legal鈥.Chile: la Convenci贸n Constituyente llega a su segundo mes con la intenci贸n de escuchar a todos

Esta nueva potestad reglamentaria aut贸noma no exist铆a en las Constituciones de 1833 y 1925, que solo contemplaban la potestad reglamentaria del Presidente para dictar los reglamentos de ejecuci贸n de las leyes, y nada m谩s fuera de eso. Por ejemplo, la Constituci贸n de 1833 en su art. 82 dispon铆a que el Presidente puede: 鈥2.- Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que cree conveniente para la ejecuci贸n de las leyes鈥, la de 1925, en el art. 72 dispon铆a que el Presidente tiene atribuciones especiales, entre ellas; 鈥2陋 Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecuci贸n de las leyes;鈥.

La potestad reglamentaria extendida o aut贸noma, no es una innovaci贸n original de la Constituci贸n de 1980, ya que se hab铆a creado algo similar por el Presidente De Gaulle en la Constituci贸n Francesa de 1958 y la Constituci贸n Espa帽ola de 1978. Es posible que las Constituciones francesa y espa帽ola hayan inspirado a los constituyentes de 1980, pero creo que la raz贸n principal, sea esa nueva potestad del Presidente que se encuentra en la posibilidad de que ganara el S铆 en el plebiscito de 1988, y que el General Pinochet tuviera que gobernar hasta 1997, pero con una C谩mara de Diputados que ser铆a mayoritariamente de oposici贸n, que podr铆a frenar las leyes que presentara el ejecutivo. La potestad reglamentaria aut贸noma, le permitir铆a a Pinochet 鈥渓egislar鈥 en todas aquellas materias que la misma Constituci贸n no reservaba expl铆citamente a la ley.

Mientras Pinochet fue Presidente no tuvo necesidad de recurrir a la potestad reglamentaria aut贸noma, porque el Congreso Nacional era la Junta de Gobierno, que aprobaba cualquiera ley que enviara el Ejecutivo.

Chile se apresta a elegir una Convenci贸n Constituyente | MUNDO | GESTI脫N驴Entonces por qu茅 los presidentes que hemos tenido no han procedido a nacionalizar alguna empresa de cualquiera actividad, siendo que la nacionalizaci贸n no est谩 en las materia que obligatoriamente se deban hacer por ley? Porque el gran obst谩culo para nacionalizar no es la la Constituci贸n de 1980, sino el Presidente, y nunca hemos elegido un Presidente que tenga la voluntad, el coraje y la inteligencia del Presidente Allende.

En conclusi贸n, la Nueva Constituci贸n que se est谩 elaborando no permite nacionalizar, y por otra parte, esta Nueva Constituci贸n podr铆a quedar vigente durante 50 a帽os, al cabo de los cuales ya no quedar谩 cobre ni litio. Por ello, a los que somos partidarios de la imprescindible necesidad de Nacionalizar la gran miner铆a, solo nos queda la posibilidad que no se apruebe la Nueva Constituci贸n, pero, nos queda la gran tarea de elegir dentro de 3 o 7 a帽os, un Presidente de la Rep煤blica, que tenga como medida principal de su programa, la nacionalizaci贸n por decreto supremo la gran miner铆a del cobre, del litio y del oro, en virtud de la potestad reglamentaria aut贸noma o extendida del N掳 6 del art铆culo 32 de la Constituci贸n de 1980.

  • Economista y abogado
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