Costa Rica: feroz agresión a campesinos o el fin del país-Paraíso centroamericano

Magalí Silveyra

Medio Queso se llama la comunidad ubicada en el norte del país, y el predio atacado es conocido como Naranjales Holandeses; la fuerza agresora son tropas de un latifundista y cuerpos armados del Estado. La comunidad se moviliza, pero se imponen las armas a falta de un proceso jurídicamente válido. Es el tránsito de Costa Rica a la contemporaneidad latinoamericana y —oh casualidad— la zona se llama Los Chiles en la región de Alajuela. | MAGALÍ SILVEYRA.*

Las tierras fueron explotadas originalmente por una compañía holandesa que dejó el país quedando éstas en calidad de yacentes y ocupadas por campesinos, con el objeto de hacerlas producir. Unas 100 hectáreas fueron entregadas en arriendo a un empresario de la zona: Elmer Varela.

No fue la incursión armada del domingo y lunes 4 y 5 de noviembre la primera agresión sobre las familias de campesinos sin tierra; el 22 de marzo pasado unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública —un cuerpo armado de elite entrenado para «resolver» conflictos internos— inició el proceso de desalojo.

Antes, en junio de este mismo año 2012 una escuadra armada —policía privada del latifundista Varela—, vestidos con uniforme policial y encapuchados hirieron a bala a cuatro campesinos; acto seguido los tractores de Varela arrasaron los sembradíos.

La lucha por la tierra es batalla contra el hambre y la usurpación

Amparado en su alegado contrato de arrendamiento, Varela inició trámites ante el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para que se le adjudique en definitiva el predio, argumentando que su condición es de precarista, lo que le da carácter de productor primario carente de tierras, argumentación que no se sostiene ya que es un terrateniente consolidado y uno de los mayores productores de granos básicos del lugar.
La compañía agrícola holandesa no ha sido requerida ni interviene en el conflicto suscitado.

Los actos que —deben definirse como terroristas— de Varela persiguen mostrar a las autoridades que esos campos no son trabajados por nadie, por eso la violencia contra las familias asentadas allí desde hace por lo menos dos años, y de ese modo llegar a buen puerto y obtener para sí los terrenos.

Los campesinos alegan que el proceso de apropiación en que está empeñado el latifundista es cuando menos jurídicamente oscuro, por cuanto no ha podido justificar su calidad de «precario» y tampoc cuenta con el apoyo de los actuales propietarios holandeses, a los que asegura haber alquilado el predio.

Cabe considerar que, independientemente de si esta toma por parte de las familias campesinas sin tierra no sea aceptada por organismos gubernamentales, estas tienen derecho sobre las tierras y a los frutos que han conseguido con su trabajo como derecho básico al acceso de la subsistencia  de la que han sido históricamente excluidas. Lo contrario en rigor conformará un atentado a la soberanía alimentaria del país y la región, en un proceso que responde a las políticas neoliberales de Estado contra los sectores y clases bajas de la población.

Esa política —con el apoyo feroz e indisimuilado de los sectores dominantes en el agro, ha significado, en el caso de Medio Quedo de Los Chiles, arrasar cultivos, queman las champas [ranchos de material ligero donde viven los campesinos], envenenar sus pozos de agua y agresiones con balas de plomo y de goma.

Los heridos —incluyendo mujeres y ancianos en sus chozas— superan la docena; el estado de t error en que viven los niños debe anitarse como oitra consecuencia de los ataques armados que tienen luhgar tanto en las hiras de labor como antes de que claree.

Destrucción y desalojo

Con la asesoría de un abogado, Héctor Monestel, y tras un largo proceso se logra gestionar el estudio caso por caso de cada familia por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para declarar la finca territorio de conflicto agrario; esto implica detener los desalojos hasta que se resuelva la causa; los tribunales acogieron en tal sentido un recurso de amparo.

Nada de eso surtió efecto. El pasado lunes cinco de noviembre a eso de las seis de la mañana, mientras dormían, miembros de la fuerza pública en conjunto con la fuerza armada —privada e ilegal de Varela— irrumpieron en la finca e iniciaron unviolento desalojo; destrozaron cultivos de casi un año, botaron sus champas, quemaron sacos de cosechas ya procesadas e incluso agredieron y detuvieron a las personas que intentaron detenerlo.

La acción conjunta entre el destacamento de gobierno y los mercenarios concluye a eso de las cinco de la tarde; atrás quedaba el miedo, los apaleados, enseres repartidos y rotos, el 50% de los cultivos arrancados. El mito del estado de derecho en Costa Rica y la política social del gobierno se marcaba en las caras sucias de lágrimas de los niños aterrorizados.

En conocimiento de lo ocurrido comienzan a llegan al predio representantes de las agrupaciones solidarias, estudiantes y fuerzas vivas de la población circundante; ninguna autoridad exhibe al abogado ni a los directamente interesados documentación que pruebe la legalidad de su actuación. Muchos se quedan a dormir en la tierra arrasada.

En la madrugada del martes se alerta que Varela y sus hombres pretenden ingresar maquinaria con el fin de terminar la destrucción iniciada el día anterior, por lo que se movilizan un grupo de alrededor de 60 personas, campesinos, campesinas, estudiantes y gente de la zona, a impedir el acceso de la maquinaria  y la seguridad privada.

A eso de las nueve de la mañana se despliega un escuadrón de antimotines de la fuerza pública cuya misión aparente era acuerpar la entrada de la maquinaria a la finca.

Se inicia un espacio de mediación entre la comunidad y los antimotines para evitar cualquier agresión mayor, llegándose a un acuerdo en el cual se despeja la vía pública y los oficiales se repliegan. Probablemente por la presencia estudiantil la agresión hacia las y los campesinos no continuó durante el martes. Sin embargo, el miércoles siete de noviembre, la fuerza pública junto con la seguridad privada de Varela continuaron el desalojo y la destrucción de los cultivos.

Esa destrucción condena al hambre a las familias, deja a la los habitantes del sector urbano con una fuente menos de productos alimenticios frescos, impone la ley del más fuerte en la región; pero allana al camino de Elmer Varela para aumentar su fortuna y deja abierta la posibilidad de una masacre.  Es un proceso inhumano que ningún alegato legal podría justificar bajo ninguna circunstancia.
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Fuentes.
Declaraciones de:
– Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR),
– Asociación de Estudiantes de Antropología (AEAA),
– Asociación de Estudiantes de Psicología (AEPs),
– Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (AETS),
– Colectivo SN.
– Prensa costarricense (www.elpais.cr, www.frenteamplio.org, y otros).