Desnutridos culturales
En el norte argetnino, en la provincia de Salta, básicamente en Tartagal, desde el inicio del año han muerto 9 niños con signos evidentes de desnutrición. Hay un número parecido de niños internados y 26 con riesgos de vida, todos por la misma causa. Ellos pertenecen a la etnia wichi y otras que forman parte de nuestros pueblos originarios. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, da dos explicaciones.
La primera que están mejor que el año pasado donde murieron –en todo el año- 30 niños por desnutrición. La segunda es que “hay que lidiar contra pautas culturales muy arraigadas (…) las muertes de niños en el norte de Salta, son un problema cultural, no sanitario ni social, porque los aborígenes no concurren al hospital”. En síntesis, para el gobernador se trata de “desnutridos culturales” o “enanos raciales” como lo dijera –con mayor crudeza- otra funcionaria salteña.
Pero hay otras opiniones. Un par de médicos (Tomás Torres Aliaga y Alicia Torres Secchi), luego de 30 años de trabajo profesional en la zona refutan los dichos del gobernador, en un trabajo presentado a la Universidad de Salta, el año pasado. En la parte sustancial de ese Informe sostienen, basados en esos 30 años de experiencia: “los pueblos originarios cuando son tratados con respeto y dignidad por los equipos de salud, concurren y aceptan sin dificultad las prácticas de la medicina oficial. De igual manera rápidamente las abandonan o se resisten a concurrir, cuando son objeto de discriminaciones abiertas o encubiertas.
Resisten callando, porque no se sienten ni son considerados parte de instituciones públicas”. En coincidencia con el Director del Hospital de Tartagal -recientemente “renunciado”- quien dijera ”estamos cansados, somos pocos, hacemos mucho”, estos médicos afirmaban que “los equipos de salud que trabajan comprometidos con la población local, no tienen de parte de las autoridades sanitarias ni apoyo, reconocimiento ni recursos necesarios, para sostener las prestaciones mínimas que en salud exige la Convención de los Derechos de los Niños con rango constitucional en nuestro país”. Terminan su trabajo afirmando que “la desnutrición de esas comunidades, problema esencialmente socio-económico no ha sido revertido por ningún gobierno, los pueblos originarios han sido y siguen siendo objeto de “prácticas sociales genocidas” inclusive por aquellas instituciones o políticas que refieren ayudarlos.
Su eterna condición de pobres estructurales así lo demuestra”. Esta parece ser la explicación más sensata a esta situación que se sigue repitiendo. Pero la desnutrición infantil no es patrimonio esclusivo de Salta. Se reproduce en Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Según las cifras oficiales los argentinos, menores de 18 años que padecen desnutrición son 750 mil. Esto ocurre en un país que produce comida para 300 millones de personas y que –en los últimos 8 años- tuvo un crecimiento astronómico.
¿Qué pasa, entonces? Varias cosas: Hay un racismo que explica y justifica estas “prácticas sociales genocidas”, denunciadas en el Informe precedente. Hay una “corrupción instalada” en materia de salud que impide que los remedios necesarios lleguen a los lugares indicados. Por último, hay un modelo productivo que produce estos costos para permitir ese gigantesco crecimiento. En este caso concreto, los pueblos originarios están siendo acorralados por la ampliación de la frontera agropecuaria para producir la soja que deja fabulosos dividendos a Estado y a un núcleo de poderosos grupos económicos y por la deforestación, que contraría la Ley Forestal, reglamentada luego de 2 aludes que devastaron a la misma Tartagal que hoy nos trae estas noticias.
Juan Guahán