Oct 9 2022
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Pol铆tica

Despliegue de agencias de EU para influir y controlar a jueces y fiscales en Am茅rica Latina

La 煤ltima semana de septiembre se llev贸 a cabo en la Ciudad de Mendoza el 鈥淭aller de Investigaci贸n y Persecuci贸n de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio鈥. En ese 谩mbito, de apariencia acad茅mica, se congregaron fiscales provinciales y federales de todo el pa铆s para congraciarse con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitaci贸n de los Sistemas de Justicia (OPDAT, por sus siglas en ingl茅s), dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El organizador local de la actividad fue el procurador general de Mendoza, Alejandro Gull茅, quien se congratul贸 de recibir a los funcionarios de la OPDAT, especialistas en capacitar 鈥渆n todo el mundo en la tem谩tica de delitos transnacionales y sistema acusatorio鈥. En ese marco, subray贸 Gull茅, 鈥渢uvimos la oportunidad de escuchar a jueces y fiscales de Estados Unidos que tienen una vasta experiencia en esta tem谩tica鈥.Imagen

La OPDAT es financiada por el Departamento de Estado y el Pent谩gono. Se conform贸 en 1991 para 鈥渃ontribuir a la reforma de los sistemas de justicia extranjeros (鈥) en consonancia con los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos鈥. Sus capacitaciones cuentan con la asistencia del Departamento de Justicia (DOJ) y 5.000 fiscales federales: 鈥淒ependiendo de las necesidades del pa铆s anfitri贸n, la OPDAT tambi茅n coordina con otros componentes鈥 como la DEA, el FBI, los Departamentos de Seguridad Nacional, del Tesoro, los organizaciones multilaterales y estudios jur铆dicos privados. Para lograr sus aspiraciones, la OPDAT cuenta con Asesores Legales Residentes y Asesores Legales Intermitentes que trabajan para imponer criterios funcionales a las necesidades de Washington. Los objetivos buscados son:

  • la instalaci贸n de orientaciones cognitivas dispuestas para oponerse al nuevo Eje del Mal y a sus pa铆ses ac贸litos malvados,
  • la difusi贸n e instalaci贸n de prioridades pol铆tico-jur铆dicas de la justicia federal de los Estados Unidos, m谩s a all谩 de que sean ajenas a los intereses de los pa铆ses visitados,
  • la estipulaci贸n de los tribunales de Estados Unidos como jurisdicciones de instancia superior de los estrados dom茅sticos,
  • la adecuaci贸n de mecanismos procesales para reconvertirlos en complementarios y compatibles con las necesidades estadounidenses,
  • la b煤squeda por imponer la tramitaci贸n conjunta de expedientes, con potestad de 煤ltima instancia al norte del R铆o Bravo, y
  • la utilizaci贸n v谩lida de la Prueba Extranjera en Juicio, incluyendo evidencias provistas por las agencias de ciberdelito (verificables por fiscales y jueces carentes de control local).

Este 煤ltimo mecanismo fue explicado el pasado 30 de septiembre en Mendoza por la fiscal general del distrito Medio de Florida, y coordinadora del 谩rea de delitos de Cuello Blanco, Amanda Riedel. La procuradora fue m谩s de una d茅cada funcionaria del Departamento de Justicia y su tarea, dentro de esa agencia, consist铆a en litigar contra empresas extranjeras competidoras de las estadounidenses.

Para lograr las seis operaciones expuestas, las agencias estadounidenses apelan a un entramado de normas 鈥揹e pretensi贸n extraterritorial鈥 apto para intervenir en forma directa, a trav茅s de la mediaci贸n de organismos multilaterales, y a las articulaciones con entidades de la sociedad civil. Apelando a esas instancias de injerencia, en la segunda jornada de capacitaci贸n el juez del distrito de Puerto Rico, Marshal Morgan, expuso sobre la admisibilidad de evidencia electr贸nica en el sistema acusatorio, sin referir que los datos utilizables son controlados de forma exclusiva por autoridades estadounidenses, y que su liberaci贸n (o manipulaci贸n) solo puede ser alcanzada por autoridades federales de ese pa铆s.

Una de las regulaciones gen茅ricas esgrimidas en Mendoza 鈥揷on pretensiones de convertirse en marco de jurisdicci贸n universal鈥 es la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero, que autoriza al Departamento de Justicia a investigar y sancionar los actos de corrupci贸n ocurridos fuera del territorio estadounidense. Para influir en las decisiones jur铆dicas de cada pa铆s, cuentan 鈥揺spec铆ficamente en Am茅rica Latina y el Caribe鈥 con diversas agencias dependientes del Departamento de Justicia, como la citada OPDAT o la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), orientadas a predisponer emp谩ticamente a los fiscales y magistrados capacitados.

聽Enemigos

El juez Jared Bennett, elegido por la OPDAT para exponer el 30 de septiembre.

La faceta humanitaria, que tambi茅n ofrece recomendaciones normativas, es abordada directamente por el Pent谩gono a trav茅s de USAID. Los otros dos colectivos comprometidos en la injerencia judicial son los organismos multilaterales controlados por Washington, como la OEA, y el conglomerado de instituciones de la sociedad civil, universidades, think-tanks y estudios de abogados reconvertidos en agentes multiplicadores en la regi贸n.

La estrategia de esta red tiene como fin 煤ltimo, en Latinoam茅rica, el de contribuir a los esquemas planteados por la pol铆tica exterior estadounidense: (a) limitar la influencia de los Estados, considerados enemigos, como es el caso de China, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua; (b) criminalizar la pol铆tica para inutilizar su capacidad de transformaci贸n; (c) perseguir a dirigentes populares rebeldes a la l贸gica neoliberal; y (d) favorecer a las trasnacionales estadounidenses y a los fugadores de capitales que derivan sus divisas a guaridas controladas por Wall Street. En ese marco, los actores sociales, pol铆ticos o empresariales que pretenden desarrollar senderos libres de tutelas e injerencias pasar谩n a formar parte de las nuevas amenazas criminalizables, se帽aladas por las diferentes agencias.

El injerencismo jur铆dico es uno de los elementos de intervenci贸n disponible por Washington. Pero existen otros dos que pueden activarse si la ecuaci贸n de necesidad y posibilidad lo permiten: las invasiones militares directas 鈥揳lgunas de cuyas acciones m谩s recordadas han sido en Rep煤blica Dominicana (1904 y 1916), Cuba (1906), Nicaragua (1909, 1912 y 1926), Hait铆 (1915), Granada (1983) y Panam谩 (1989)鈥 y los golpes militares: en las 煤ltimas ocho d茅cadas se produjeron alzamientos coordinados por el Departamento de Estado en Cuba (1952), Guatemala (1954), Brasil (1964), Uruguay (1973), Chile (1973), la Argentina (1976), Granada (1983), Panam谩 (1989), Venezuela (2002) y Hait铆 (2004). El 煤ltimo episodio se ejecut贸 en Bolivia en 2019.

La intrusi贸n judicial es el modelo operativo m谩s utilizado en las dos 煤ltimas d茅cadas y viene acompa帽ado de ap茅ndices medi谩ticos modelados por las grandes usinas de comunicaci贸n internacional, comprometidas en producir el sentido com煤n neoliberal. Sus operaciones m谩s quir煤rgicas se han consumado en Honduras en 2009, con la destituci贸n de Manuel Zelaya, avalada por la Corte Suprema de Justicia; en Paraguay, en 2012, con la destituci贸n de Fernando Lugo; y en Ecuador, la Argentina y Brasil en la criminalizaci贸n pol铆tica de Rafael Correa, Cristina Fern谩ndez de Kirchner y Lula, respectivamente. Los nuevos modelos de intromisi贸n buscan someter a las instituciones tribunalicias nacionales y 鈥揳l mismo tiempo鈥 condicionar a los jueces y fiscales.

Uno de los materiales de estudio ofrecidos como bibliograf铆a obligatoria para las capacitaciones en la sede de ILEA en El Salvador es la Visi贸n conjunta 2020 del Departamento de Defensa. En uno de sus p谩rrafos se advierte sobre la mutaci贸n de los conflictos globales a partir de 鈥渦na profunda articulaci贸n entre la cultura, la pol铆tica y lo militar鈥. Para enfrentar las nuevas amenazas 鈥搒ugieren鈥 hay que 鈥渄esarrollar una formaci贸n compartida con socios clave (鈥) La eficacia de las operaciones multinacionales depende de la interoperabilidad entre organizaciones, procesos y tecnolog铆as鈥, para lo cual hay que 鈥減romover la innovaci贸n intelectual apoyada en la educaci贸n鈥.

聽Monroe, ca帽ones y jueces

La ley como arma de guerra, de Orde Kittrie.

Los amigos y socios locales de la embajada preparan un nuevo encuentro de confraternizaci贸n para el 18 y 19 de octubre, a realizarse en el sal贸n de honor del Centro Cultural Kirchner. El evento es presentado como un aprendizaje para mejorar 鈥渓a implementaci贸n del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en la Argentina鈥. Sus organizadores son la delegaci贸n diplom谩tica de Washington y el Centro de Estudios de Justicia de las Am茅ricas (CEJA), que se presenta como 鈥渦n organismo intergubernamental, con autonom铆a t茅cnica y operativa, establecida por resoluci贸n de la Asamblea General de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA)鈥.

La presidenta de la CEJA es Jenny Willier Murphy, una ex funcionaria de USAID, agencia de ayuda humanitaria dependiente del Pent谩gono, recientemente denunciada por el Presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, como part铆cipe del financiamiento ilegal de candidatos opositores. El vicepresidente del CEJA es el juez Daniel Petrone, integrante de la Sala I de la C谩mara de Casaci贸n Penal, quien reconoci贸 recientemente en un escrito 鈥損resentado ante el presidente de la C谩mara鈥 鈥渦na amistad 铆ntima鈥 con el ex ministro de Justicia Germ谩n Garavano, fact贸tum 鈥搄unto al pr贸fugo Fabi谩n Pep铆n Rodr铆guez Sim贸n鈥 de la denominada Mesa Judicial instituida durante el gobierno de Mauricio Macri para propagar el lawfare.

En el c贸nclave acad茅mico cuyano no faltaron otros magistrados que suelen visitar con asiduidad las dependencias diplom谩ticas ubicadas en el barrio de Palermo: Mariano Llorens, Diego Barroetave帽a y los inefables integrantes del clan Mahiques.

Persecuci贸n pol铆tica, mural del pintor y escultor peruano Leonardo Olfer.

En 2016 Orde F. Kittrie public贸 Lawfare: Law As A Weapon Of War, en el que explica c贸mo los 鈥渃贸digos normativos se convierten en balas鈥. El texto historiza el concepto de lawfare, acu帽ado en 2001 por el general de divisi贸n de la Fuerza A茅rea de Estados Unidos, Charles Dunlap, quien propon铆a la utilizaci贸n de los magistrados y procuradores 鈥渃omo un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate b茅lico鈥. Este procedimiento, suger铆a Dunlap, era menos sanguinario y m谩s econ贸mico porque permit铆a derrotar a los enemigos utilizando 鈥渞ecursos blandos鈥 disponibles. Sus acciones deben orientarse 鈥揺n el contexto de Am茅rica Latina鈥 a destruir los v铆nculos entre dirigentes populares y sus bases, y a fragmentar a las mayor铆as populares en m煤ltiples tribus de referencia y reconocimiento, haci茅ndolas olvidar aquello que tienen en com煤n: su anclaje socioecon贸mico.

Casi dos siglos atr谩s, en 1823, se difundi贸 la Doctrina Monroe, sintetizada en la frase 鈥淎m茅rica para los americanos鈥. Seg煤n registros hist贸ricos, fue nominada inicialmente por John Adams y atribuida al Presidente James Monroe. En 1904 Theodore Roosevelt postul贸 una enmienda a dicha doctrina que fue conocida como Corolario Roosevelt.

En su discurso del 6 de diciembre de ese a帽o, el mandatario enunci贸 los principios que a煤n gu铆an su pol铆tica exterior: 鈥淭odo lo que Estados Unidos desea es ver a sus vecinos estables, organizados y pr贸speros [鈥 pero los comportamientos incorrectos cr贸nicos [鈥 requieren la intervenci贸n de alguna naci贸n civilizada, y en el Hemisferio Occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe nos obliga [鈥 a ejercer un poder internacional policial鈥. En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, asegur贸 que la Doctrina Monroe 鈥渆s tan relevante hoy como el d铆a en que fue escrita鈥. Cambian los m茅todos, la tecnolog铆a b茅lica y los dispositivos de sometimiento. Pero no muta la doctrina.

*Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

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