Ecuador, despedida sin sexo. – VETO A LA LEY DE SALUD
Si se hace una lectura rápida de las objeciones realizadas por el Presidente de la República al Proyecto de Ley orgánica de Salud, parecería que los cambios que propone son sólo de forma. Sin embargo, hay ciertas modificaciones importantes que posibilitarían el incumplimiento de algunos de los mandatos constitucionales.
El artículo 20 de la ley aprobada por el Congreso establece: «Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad».
En este artículo el rresidente ha añadido que «en caso de los menores de edad, se respetará la autoridad de los padres o del tutor responsable».
Del mismo modo, el artículo 23 dice: «Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminació n sobre el nùmero de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas, así como a acceder a la información necesaria para ello».
El Presidente propone que se elimine de este artículo la expresión «sin necesidad de terceras personas». Supuestamente estas modificaciones intentarían asegurar el derecho de los padres a supervisar y decidir sobre la educación y la vida sexual de sus hijos, pero la realidad es otra.
Según datos del DNI, tres de cada 10 niñas son abusadas sexualmente, la mayoría de las veces por su propio padre o padrastro. ¿Se debe esperar la autorización de un padre violento para que su hijo o hija tenga acceso a los programas de salud sexual y reproductiva?
Seis de cada 10 mujeres viven o han vivido situaciones de violencia por parte de su pareja. Los hijos y las hijas son testigos de dicha violencia y por lo tanto van creciendo y formándose con mucho temor hacia sus padres y madres. ¿Se puede esperar seriamente a que cuando sean adolescentes sus padres o madres los protejan y les informen de cómo vivir una vida libre de violencia y còmo ejercer su derecho a la salud libres de prejuicios?
El 40% de las mujeres que dan a luz en las maternidades públicas son adolescentes. Muchas han huido de la violencia en su familia y buscaron el afecto de otra persona que creen que las va a querer para toda la vida a cambio de la «prueba de amor». ¿Se puede esperar a que los padres de esas chicas las orienten de manera adecuada y que ellas busquen consejo en un ambiente familiar violento?
Muchos adolescentes afectados por VIH/sida son rechazados por su familia. ¿Podrán pedir ayuda y orientación a quiénes les dan la espalda? En cambio, los programas para la prevención de enfermedades de trasmisión sexual y para evitar los embarazos de adolecscentes, tiene más efectividad cuando están dirigidos a los propios adolescentes y jóvenes y apoyados por otros jóvenes.
Así pues, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo solo consiguen impedir el acceso de los adolescentes a la salud integral, sexual y reproductiva, por lo que deberían ser desechadas por el Legislativo.
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* Presidenta de CEPAM – Guayaquil. Columnista invitada, el cinco de diciembre de 2006 en diario El Universo de Guayaquil (www.eluniverso.com).