Ecuador: Nueva marcha contra la ley minera

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Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) realizan una nueva marcha para protestar contra el proyecto de ley minera, en análisis en la Comisión de Legislación y Fiscalización.

La CONAIE se manifestará en la provincia norteña de Imbabura, donde esperaba reunir a unas 10 mil personas para presionar al gobierno. La organización acusa a la administración nacional de facilitar la explotación de recursos naturales sin contar con las comunidades y pueblos nativos.

La ocasión servirá además para presentar un alcance a la Ley de Aguas como complemento a la ley minera, destacó Ricardo Carrillo, del movimiento indígena Pachakutik; brazo político de la CONAIE.

La marcha se celebra dos días después de que miles de personas salieran a las calles en Quito y otras ciudades del país en rechazo al proyecto de legislación minero. Las movilizaciones en la capital ecuatoriana transcurrieron de manera pacífica, pero en otros sitios hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que culminaron con cinco personas detenidas.

En medio de esta situación, la Comisión Legislativa inició el debate de la propuesta de ley minera con sectores sociales y espera la próxima semana tener listo el primer informe. El presidente de ese órgano, Fernando Cordero, abogó por escuchar las sugerencias, criterios de la ciudadanía y si son importantes se incorporarán a la ley, con miras a lograr un consenso que permita su implementación en el 2009.

De acuerdo con los indígenas, la propuesta oficial beneficiará sólo a las grandes empresas extranjeras y podría dañar el entorno ecológico, por lo que exigen que dicha propuesta sea reelaborada tomando en cuenta las observaciones y necesidades de los pueblos originarios.

La nueva ley establece un estrecho control ambiental a las empresas mineras por parte del estado, la entrega de concesiones mediante un sistema de subasta pública, el pago, a través del denominado paquete fiscal de al menos el 50% de las ganancias generadas por la explotación de los minerales, entre otras normas.

“Esta Ley ha sido socializada, ratifico la voluntad y decisión política del Gobierno de desarrollar un sector minero responsable ambientalmente”, según manifestó el presidente Rafael Correa.

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