EE.UU. y la militarización de la región: el tsunami que amenaza nuestros recursos naturales

América Latina es un territorio cada vez más tentador para las empresas transnacionales de matriz estadounidense, que necesitan de nuevos y ricos espacios en materia de recursos naturales y biodiversidad -como es nuestra región- para seguir expandiéndose.

 

En este marco debe leerse la política de Estados Unidos hacia nuestros países en las últimas décadas. Fracasado el intento de instalar el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) como proyecto económico que iba a garantizar y consolidar la hegemonía de Washington, el gobierno de George W. Bush se ocupa de seducir a los gobiernos latinoamericanos con acuerdos comerciales bilaterales o con programas de colaboración como el Plan Colombia, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico.

 

Sin embargo, en cada país se intensifican los movimientos sociales contrahegemónicos y hay cada vez mayor conciencia de lo nocivas que han resultado las “recetas” económicas y políticas vertidas desde Estados Unidos hacia los países en vías de desarrollo. Pero el Norte percibe este rechazo y su respuesta no es tímida, sino que tiende a una progresiva criminalización de los movimientos sociales -como el de los campesinos o los pueblos autóctonos- y a una expansión del militarismo en la región.

 

El director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, Norberto Consani manifestó que de la fuerza que pongan los gobiernos latinoamericanos en la defensa de sus recursos naturales, dependerá que las grandes potencias accedan a ellos.

 

“El de los recursos naturales es un tema que por suerte ha vuelto a la consideración pública, porque durante la década del 90, con el tsunami neoliberal, fueron entregados y nosotros, en Argentina, tenemos el caso patético del petróleo”, señaló el académico en declaraciones exclusivas a APM.

 

En ese contexto mencionó que en 1952, una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció “la soberanía permanente sobre los recursos naturales y las actividades económicas”.

 

Este precepto, que se emitió en pleno proceso de descolonización, “había quedado olvidado por muchos países; aunque no por otros que, como Chile, a pesar de Pinochet, dispuso que el cobre siempre fuese propiedad del Estado”, destacó Consani.

 

Dos ejemplos actuales de gobiernos que se han decidido a retener el control y potestad sobre sus recursos son Brasil y Bolivia. Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva mantuvo la empresa Petrobrás y mediante una fuerte inversión pública y privada; sumada al uso de alta tecnología, se abocan a operaciones de exploración y producción de petróleo en aguas abiertas, con resultados que lo posicionan en una situación de privilegio con respecto a sus países vecinos.

 

Por su parte, el 1º de mayo de 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales firmó el “Decreto Supremo” de la nacionalización de los hidrocarburos, que otorgó al Estado el “control absoluto” de los importantes yacimientos de gas y petróleo del país. Es probable que, de ese modo, se ponga fin a la paradoja de ser uno de los países más ricos en materia de reserva de gas, mientras que sólo una mínima parte de la población tiene acceso a ese combustible para uso doméstico. De un total aproximado de 8,2 millones de habitantes; la mayor parte de la gente utiliza el gas licuado de petróleo, cuyo precio es subvencionado por el Estado para permitir que la población tenga acceso al servicio, pero casi todo el universo de campesinos sigue utilizando leña.

 

Pero el interés de Washington en nuestros recursos naturales no puede analizarse sin vincular sus intervenciones militares en América del Sur. El Plan Colombia o la Iniciativa Mérida de México (más conocido como el Plan México), son claras muestras de lo estratégico que le resulta a la Casa Blanca incidir en los gobiernos locales y en las decisiones que se tomen en cada uno de los países.

 

Consultado sobre el tema, el director de Relaciones Internacionales de la UNLP, admitió estar “en contra” de todo aquello que implique “la militarización de la sociedad latinoamericana”. Nuestros países –afirmó- “necesitan los recursos para otras cosas” y reconoció que en relación a esto siempre ha sido “muy crítico” con respecto al accionar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

 

El 1º de julio, después de 58 años de inactividad la IV Flota del Comando Sur de Estados Unidos, comenzó a patrullar nuevamente aguas latinoamericanas, esta vez bajo el comando del contralamirante Joseph Kernan.

 

En declaraciones al diario argentino Clarín, Khatchik Der Ghougassian, especialista en temas de seguridad de la Universidad de San Andrés -en base a la interrogante sobre los motivos que podría tener Washington para enviar esta poderosa fuerza naval- sostuvo: "nunca van a admitir que es por los recursos naturales pero no es una coincidencia que esta decisión aparezca cuando se inicia un cambio estructural de la economía mundial en el que las reservas de agua dulce, los alimentos y los recursos energéticos (que nuestra región tiene en abundancia) se posicionan como un valor estratégico importante".

 

El escenario político latinoamericano está asumiendo una complejidad que tiene aspectos positivos como es -sin lugar a dudas- la irrupción de gobiernos de corte progresista. No obstante, no hay que correr la vista del potencial que los países de Sudamérica poseen, y que los ponen en el tapete de los intereses corporativos del capital financiero.

 

La iniciativa de Brasil, de crear una Consejo Sudamericano de Defensa (sin la tutela de Estados Unidos), es vital para potenciar la integración regional y así cuidar y defender nuestros recursos naturales.

 

* Publicado en APM