Oct 4 2023
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EU y la retoma demencial del Palacio de Justicia en 1985, con centenares de muertos y heridos

Operativo frustrado de las Fuerzas Militares de Colombia para retomar el Palacio de Justicia que fue asaltado por un comando guerrillero del M-19, el 6 de noviembre de 1985.

En una operaci贸n demencial sin nombre que marca un hito desgarrador en el inveterado proceso de desangre que vive Colombia, pr谩cticamente desde su emancipaci贸n de Espa帽a, como fue la retoma militar por parte de las Fuerzas Militares y de Polic铆a de Colombia del Palacio de Justicia en Bogot谩 que hab铆a sido asaltado el d铆a mi茅rcoles 6 noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19), la participaci贸n de Estados Unidos fue clave para poner punto final a la desacertada acci贸n supuestamente de rescate, en las primeras horas de la tarde del jueves 7, cobrando eso s铆, centenares de muertos y heridos, en una clara violaci贸n de derechos humanos.

Tras 38 a帽os de haber ocurrido este insuceso, las investigaciones realizadas por la polit贸loga Helena Ur谩n Bidegain, recogidas en la segunda edici贸n de su revelador libro 鈥楳i vida y el palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985鈥 (Maxi Tusquets editores, mayo 2023), dan cuenta de que el gobierno de Washington tuvo una participaci贸n directa y definitiva en la operaci贸n de retoma militar del edificio que concentraba las oficinas de los altos tribunales de justicia de Colombia y la cual constituy贸 una acci贸n de tierra arrasada.

Helena Ur谩n en este trabajo bibliogr谩fico hace un sugerente relato de lo que a ella, una ni帽a en ese entonces de diez a帽os, su madre y a sus tres hermanas, les toc贸 afrontar ante el asesinato de su padre y esposo, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado (m谩ximo tribunal administrativo), Carlos Horacio Ur谩n Rojas, por parte de las Fuerzas Militares.

El jurista Ur谩n Rojas fue asesinado despu茅s de lograr salir con vida del Palacio de Justicia, pero agentes de la fuerza p煤blica lo volvieron a ingresar al edificio para que se realizara all铆 el levantamiento de su cad谩ver.

En 2010, gracias a la investigaci贸n adelantada por la fiscal 脕ngela Mar铆a Buitrago, el caso del citado magistrado se declar贸 crimen de lesa humanidad, as铆 que no prescribe hasta que se encuentre y juzgue a los determinadores y culpables de su asesinato.

Desde luego que es injustificable desde todo punto de vista el ataque perpetrado por el M-19, pero es inadmisible y constituye grav铆sima violaci贸n de derechos humanos la cruenta y si se quiere est煤pida respuesta del Estado colombiano a trav茅s de su fuerza p煤blica, ejecutando, desapareciendo y torturando personas inocentes.

El Estado colombiano pudo detener no en una sino en varias oportunidades la sangr铆a y no lo hizo a pesar de los insistentes ruegos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echand铆a al gobierno conservador de Belisario Betancur.

El papel protag贸nico de EU

En medio del calvario que le ha tocado padecer desde su infancia, esta joven polit贸loga nacida en la ciudad belga de Lovaina (1975), revictimizada en Colombia porque el asesinato de su padre, un crimen de Estado, parad贸jicamente, tiene serias implicaciones pol铆ticas en este pa铆s, logr贸 establecer contacto con el investigador Michael Evans del National Security Archives de EU, quien ha seleccionado de manera minuciosa informaci贸n clave sobre los acontecimientos en torno a la masacre que fue la retoma del Palacio de Justicia.

Los cables desclasificados y los reportes elaborados por Evans revelan la participaci贸n de EU a trav茅s de aporte de material b茅lico a las Fuerzas Armadas colombianas durante los fat铆dicos d铆as 6 y 7 de noviembre de 1985. En el caso del Palacio de Justicia, el Ej茅rcito colombiano y el Gobierno de Betancur 鈥no hab铆an obrado completamente solos鈥, sostiene Helana Ur谩n en su libro.

En efecto, explica la autora que el 鈥淩eporte de Informaci贸n de Inteligencia鈥 emitido el 7 de noviembre de 1985 por el agregado militar de EU en Colombia a trav茅s de la Defense Intelligency Agency (DIA) [Agencia de Inteligencia de Defensa], confirma que las Fuerzas Armadas colombianas 鈥渢en铆an previo conocimiento de lo que ocurr铆a esos d铆as鈥, pues hab铆an sido ya alertadas por la inteligencia del gobierno de Washington, m谩s de una semana antes de los hechos.

鈥淯no de los cables del Departamento de Defensa de los Estados Unidos del 7 de noviembre menciona que el d铆a anterior, es decir, el 6 de noviembre cuando empez贸 el ataque, un avi贸n tipo AC-130 fue enviado hacia Colombia, desde el Comando Sur, organismo del Departamento de Defensa, que llevaba a cabo los programas militares estadounidenses en Am茅rica Latina, y que hab铆a aterrizado a las 8:30 de la noche鈥.

鈥淥tro cable adicional, tambi茅n del Departamento de Defensa y con fecha del 7 de noviembre, registra la solicitud de trajes de asbesto para el fuego鈥 Uno adicional, pero de la misma fuente menciona la llegada, el 7 de noviembre a las 11:50 de un grupo de apoyo conformado por seis personas: tres expertos en explosivos y tres expertos en comunicaciones. Se trata del explosivo C4 y Detcord (cord贸n detonante) que, seg煤n el cable, fueron retenidos en el aeropuerto鈥.

鈥淓l C4 es uno de los explosivos con m谩s potencia que se conoce hoy en d铆a鈥 Lo 煤nico de lo que tengo certeza es que, dos horas y 10 minutos despu茅s de su llegada, es decir a las 14:00 de ese d铆a, vino la explosi贸n m谩s destructora de todas. 驴Una mera casualidad?鈥, se pregunta Ur谩n Bidegain.

Y agrega en su relato: 鈥淓sas fueron las 煤ltimas explosiones que acercaron a los militares colombianos al final de la operaci贸n de supuesta retoma al lograr destruir la ancha pared de m谩rmol del ba帽o donde se encontraban los rehenes. Esa explosi贸n fue a su vez la que gener贸 el mayor n煤mero de muertos y heridos concentrados en un mismo lugar durante la operaci贸n militar de retoma. Para los militares, da帽ar a las 60-70 personas inocentes que se encontraban encerradas en el ba帽o, era un simple da帽o colateral, y esa mentalidad parece apuntar a que val铆a la pena sacrificarlos para acabar con 5 o 6 guerrilleros, dispuestos a rendirse鈥.

鈥淭odos estos hallazgos me revelaron que el gobierno de los Estados Unidos no s贸lo hab铆a estado al tanto del minuto a minuto de la operaci贸n de retoma, sino que la hab铆a avalado e incluso hab铆an apoyado activamente la violenta y sangrienta retoma鈥. 鈥淓U sab铆a lo que acontecer铆a incluso antes de los hechos y que su apoyo en materia de seguridad fue probablemente a trav茅s de explosivos y de inteligencia鈥.

Un Estado de Derecho de caricatura

El libro de Helena Ur谩n es una radiograf铆a de la farsa democr谩tica que ha sido Colombia durante su tr谩gica historia. Relata la catadura de una miserable clase dominante, el estilo olig谩rquico de algunos politiqueros que se creen estadistas como Belisario Betancur, 脕lvaro Uribe, Juan Manuel Santos, el exministro Jaime Castro, para s贸lo citar algunos que son rese帽ados en este sugerente trabajo bibliogr谩fico.

El relato deja al desnudo tambi茅n la prepotencia y mala sangre de militares y funcionarios judiciales. O instituciones como Medicina Legal que impunemente se prest贸 para embolatar cad谩veres y desaparecerlos en fosas comunes, as铆 como el pacto de impunidad entre los militares vinculados con la investigaci贸n.

鈥淔uncionarios que, con un comportamiento c贸mplice, fomentan la delincuencia, la injusticia y la impunidad鈥, dice la autora para colegir que, como lo se帽alara la fil贸sofa alemana Hannah Arendt, 鈥渟on hombres para quienes el mal es banal鈥.

Ur谩n Bidegain es categ贸rica frente a los cr铆menes del Estado colombiano y ante los hechos de barbarie ordenados desde el alto gobierno y ejecutados por la fuerza p煤blica hace la siguiente reflexi贸n:Los 鈥榝alsos positivos鈥 eran plausibles en 2009 y 1985, y los cuerpos inocentes serv铆an para que los mandos militares fueran condecorados y ascendidos por sus servicios a la patria鈥.

芦La violencia estatal deliberada, -agrega- as铆 como su incapacidad, o falta de voluntad para aplicar de manera eficiente sus esquemas de justicia, deslegitiman los poderes p煤blicos que lo estructuran鈥.

Todas estas verdades que se expresan en el relato muestran que el tan pregonado Estado de Derecho (respeto a la legalidad) en Colombia simplemente es un discurso hueco, un canto a la bandera, letra muerta en la neoliberal Constituci贸n de 1991.

El magistrado Carlos Horacio Ur谩n Rojas, asesinado por las Fuerzas Militares de Colombia en los tr谩gicos sucesos del Palacio de Justicia de noviembre de 1985.

鈥淨ui茅n puede creer que 5.300 hombres armados en nombre del Estado no pudieran proteger las vida de mi pap谩, tambi茅n empleado del Estado, frente a la amenaza de 35 guerrilleros鈥, cuestiona esta v铆ctima de los horrores institucionales que se cometen en un pa铆s como Colombia.

Por tal motivo es que en el acto de entrega que el Estado llam贸 鈥渄igna鈥 de los restos de magistrados y funcionarios v铆ctimas de la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 2015, Ur谩n Bidegain fue categ贸rica al se帽alar: Quiero empezar diciendo que yo no puedo hablar de entrega digna cuando todo el camino que hemos tenido que recorrer durante m谩s de treinta a帽os ha sido indigno鈥. 鈥淣o ten铆an suficiente con torturar, asesinar y desaparecer a mi pap谩; no, quisieron ir mucha m谩s all谩. Intentaron callarnos, intentaron silenciarnos y que toda la sociedad olvidara鈥.

Y es que para el corrupto y decadente establishment colombiano 鈥es la agenda pol铆tica la que define qui茅n vale y qui茅n no鈥.

Helena Ur谩n Bidegain

En ese contexto, 鈥渓a impunidad jur铆dica y pol铆tica es lo que ha perpetuado la violencia en el pa铆s鈥, sostiene Helena Ur谩n.

Violaci贸n de derechos humanos, pr谩ctica recurrente de las Fuerzas Militares

Otro de los hechos que narra el libro y que tiene relevancia a la hora de visualizar los hechos de la toma del Palacio de Justicia a casi dos d茅cadas de su ocurrencia, es que entre las demandas que llevaba el M-19 el d铆a del asalto estaba la declaraci贸n de inexequibilidad de la extradici贸n, con lo cual desde entonces se asumi贸 r谩pidamente que la operaci贸n guerrillera hab铆a sido orquestada y supuestamente financiada por el jefe del Cartel de Medell铆n, Pablo Escobar, para quemar los archivos en los que se consignaban decenas de denuncias y pruebas en su contra y de los suyos.

Los tradicionales medios de comunicaci贸n en Colombia han propagado esta versi贸n hasta hoy, pero en cambio, hace ver la autora, nunca han hecho menci贸n del gran n煤mero de documentos originales que reposaban dentro del edificio del Palacio de Justicia en relaci贸n con 1.800 procesos que se estaban llevando a cabo por tortura y violaci贸n de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.

De hecho, una hora antes de la entrada de los guerrilleros al Palacio, es decir a las 10:30 de la ma帽ana, el cuestionado general Rafael Samudio Molina, jefe del Estado Mayor en la 茅poca, hab铆a estado all铆 atendiendo una diligencia por un caso concreto de tortura, fallado de manera hist贸rica en contra del Estado pocos meses atr谩s. Se trataba del caso de la m茅dica Olga L贸pez de Rold谩n, acusada de ser auxiliar de un guerrillero del M-19,por lo que en 1979 fue retenida y conducida a la Brigada de Institutos Militares (BIM) donde fue interrogada junto con su peque帽a hija de cinco a帽os durante varias horas.

Por una nueva y digna doctrina militar

Es gratamente sorprendente encontrar en el relato de su hija que el magistrado Carlos Ur谩n Rojas para la fecha del ataque al Palacio de Justicia estaba a punto de sustentar su trabajo de doctorado en la Universidad de Par铆s, sobre la participaci贸n del Ej茅rcito colombiano en la guerra de Corea (1950-1953). Una guerra en la cual Colombia no ten铆a ni arte ni parte, pero el gobierno fascista de Laureano G贸mez envi贸 el denominado Batall贸n Colombia para congraciarse y seguir recibiendo ayuda de los EU.

Esa participaci贸n militar colombiana reforz贸 la dependencia y determin贸 un patr贸n castrense y una ideolog铆a que no era otra cosa que la del capitalismo norteamericano.

El magistrado Ur谩n que adem谩s de jurista era historiador y polit贸logo se hab铆a dado a la tarea de auscultar el rol de las Fuerzas Miliares colombianas durante el primer tramo del siglo XX, investigando adem谩s su protagonismo en la dictadura c铆vico-militar presidida por el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Adem谩s, el magistrado hab铆a sido cr铆tico del denominado Estatuto de Seguridad, una draconiana legislaci贸n para reprimir al 鈥渆nemigo interno鈥 que hab铆a implementado el gobierno de Julio C茅sar Turbay Ayala (1978-1982). Tras su investigaci贸n hist贸rica, Ur谩n Rojas elabor贸 como trabajo de doctorado lo que ser铆a una nueva doctrina militar para Colombia, planteando que este pa铆s requer铆a de 鈥渦n Ej茅rcito popular nacional que sea complemento del pueblo鈥. Algunos avances de su tesis los public贸 en 1984 a trav茅s de art铆culos en el CINEP, centro de pensamiento regentado por los jesuitas en Bogot谩, con el t铆tulo 鈥淎 prop贸sito de Rojas y la manipulaci贸n del poder. Una nueva pol铆tica para las Fuerzas Armadas鈥.

A 38 a帽os del asesinato del magistrado Ur谩n Rojas, su aporte investigativo que lo llev贸 a concluir sobre la imperiosa necesidad de una nueva doctrina militar para Colombia tiene plena vigencia, pues no es posible que este pa铆s cuente con unas Fuerzas Armadas venales y unos funcionarios judiciales que fomentan la delincuencia, la injusticia y la impunidad que desdice de la viabilidad de un Estado que secunda cr铆menes atroces como las desapariciones y los mal denominados 鈥渇alsos positivos鈥.

El libro de Helena Ur谩n Bidegain adem谩s de ser un valioso testimonio sobre uno de los hechos m谩s tr谩gicos y conmovedores de la historia colombiana del 煤ltimo tramo del siglo XX, es un ejercicio de reflexi贸n para avanzar en el proceso de construcci贸n de paz y civilidad en una sociedad oprimida en la que, como se帽ala el expresidente Jos茅 鈥楶epe鈥 Mujica en el pr贸logo de esta obra, se ha querido vender una infame 鈥渧erdad oficial, contra la verdad real鈥.

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