El cardenal presentó el proyecto poskirchnerista de la derecha
Horacio Verbitsky*
Luego del fracaso de las movilizaciones que intentó realizar en Luján y en la Plaza de Mayo, el 8 y el 25 de mayo, y del frustrado documento sobre la pobreza elaborado por su ministro político, Alcides Jorge Pedro Casaretto, Bergoglio presentó un Contrato Social para el Desarrollo, elaborado por el ex ministro Roberto Dromi, con la colaboración de los ex ministros Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández, Horacio Jaunarena y Jorge Vanossi y la coordinación del vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, Fernando Lucero Schmidt. Entre los asistentes a la presentación, realizada en la USAL, estaban la senadora Hilda González de Duhalde, el diputado Francisco De Narváez, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, los ex ministros Ricardo López Murphy y Enrique Nosiglia, el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, y la diputada radical, Margarita Stolbizer.
No hubo explicaciones sobre las ausencias de Domingo Cavallo y María Julia Alsogaray. No pudo asistir Erman González, porque falleció en 2007. Durante la presentación del trabajo de Dromi, Bergoglio reclamó la reconciliación y el diálogo. Consideró necesario aclarar que no se trataba de una plataforma electoral. En una de sus habituales frases de efecto propuso ponerse “la patria al hombro” y postuló que la unidad es superior al conflicto, una frase inspirada en San Ignacio de Loyola que repite desde que asumió como provincial de la Compañía de Jesús, en 1973.
El programa
El documento presentado, que reclama consensuar políticas públicas en materia de Educación, Garantías, Relaciones Exteriores, Economía, Producción, Regionalización territorial y Comunicaciones, va en contra de varios pilares de la política en aplicación desde 2003 e incluso de algunos consensos básicos de la democracia recuperada en 1983. Como si se tratara de un problema de carga de trabajo, Dromi dijo que quienes tenían más tiempo porque estaban “en el banco de suplentes” ofrecían ese aporte a quienes “están jugando el partido”. Curiosa metáfora: ningún suplente diagrama la estrategia del partido, apenas reemplaza al titular y sólo si lo decide el director técnico. Sin embargo, no participó ningún funcionario del Poder Ejecutivo ni legisladores del partido del gobierno. Pese a la fuerte presión ejercida sobre ellos tampoco estuvieron presentes los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El Consenso propone eliminar las retenciones a la comercialización externa de cereales y oleaginosas y el impuesto al cheque, bajar impuestos y aumentar tarifas de modo de asegurar “la ganancia empresaria y la inversión”. Reivindica la autarquía del Banco Central y confía a la responsabilidad empresaria el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Como eco de la asociación patronal AEA, reclama seguridad jurídica económica, reglas claras, duraderas, sin desviación de poder y finalidad, respeto a los derechos adquiridos, resguardo a las inversiones, libertad de empresa, “estabilidad de derechos, razonabilidad de poderes, calidad institucional y responsabilidad pública”. También consagra el derecho a “la información veraz” y sostiene que los medios de comunicación deben ser “de gestión privada o mixta”.
Las retenciones al comercio exterior de granos, y en especial de soja, han sido junto con el impuesto al cheque fuente decisiva de ingresos del gobierno nacional, y motivo de intensas batallas políticas y sociales, con las cámaras patronales agropecuarias y con la oposición parlamentaria. Esos recursos han permitido aplicar políticas sociales como la incorporación al sistema previsional de 2,5 millones de personas que no tenían ningún ingreso jubilatorio o la Asignación Universal por Hijo que este año cubrirá a 5 millones de personas y que han reducido los niveles de pobreza e indigencia a niveles de varias décadas atrás. La autarquía del Banco Central ha sido cuestión de otro de los grandes debates de este año, a partir de la resistencia de su ex presidente, Martín Redrado a aceptar una letra del Tesoro a cambio de 6800 millones de dólares que el Poder Ejecutivo dispuso aplicar a la cancelación de compromisos de la deuda pública.
Primero la recuperación y luego el mantenimiento de las fuentes de trabajo ha sido un objetivo prioritario de los dos gobiernos kirchneristas, durante los cuales la desocupación se redujo a un tercio del índice que dejó el ex senador Duhalde. Para ello ha descansado en políticas activas y no en la mera voluntad patronal. Algunas han sido de control y penalización, como la doble indemnización, y otras de estímulo, como el Repro, por el cual el Estado paga los salarios de empresas en crisis para evitar despidos. Bergoglio y Dromi sólo contemplan ventajas tributarias o crediticias para las empresas.
Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades que genere tendrían “carácter absoluto, irretractable e irrenunciable”. Nadie más que la Corte Suprema de Justicia podría revisar ese Contrato y sólo “en caso de ilegalidad absoluta y manifiesta”, pero no por su “oportunidad, mérito y conveniencia”. La aplicación del Contrato Social se atribuye al Poder Ejecutivo, lo cual despeja cualquier duda acerca de su carácter de programa para el poskirchnerismo, ya que es inimaginable su aplicación con el actual gobierno. Este viernes, Casaretto insistirá en buscar “consensos para el desarrollo”, durante la denominada Semana Social, que se realizará en Mar del Plata. El secretario de Culto, Guillermo Oliveri ya anunció que no estará presente en esta nueva cumbre de la oposición. Tampoco asistirá el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La convocatoria forma parte de una escalada que el Episcopado diagramó hace dos años con el documento “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad” y cuyo próximo paso será el Primer Congreso Nacional de la Doctrina Social de la Iglesia, que se realizará el año próximo en Rosario. Semejante hiperactividad política del Episcopado Católico contradice los lineamientos planteados en el documento guía de las últimas décadas, “Iglesia y Comunidad Nacional”, de 1981, según el cual la tarea eclesiástica no debía realizarse con las élites del poder sino en las bases profundas de la sociedad.
El documento sobre la pobreza, elaborado por el principal colaborador de Casaretto, el empresario sojero Eduardo Serantes fue rechazado por las dos centrales sindicales, lo cual lo condenó al archivo. La Santa Alianza En cuanto Bergoglio sucedió al cardenal Antonio Quarracino como arzobispo de Buenos Aires, en 1988, Dromi editó con el sello Ciudad Argentina un tomo de “Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro”, cuyo autor es el “Grupo de reflexión ‘Centesimus annus’ dirigido y coordinado por Monseñor JMB”. A su vez, Bergoglio designó a Dromi abogado de la curia porteña. En su primera clamorosa actuación medió entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata. El Ejército había prestado 100 millones de dólares al Arzobispado de esa ciudad, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Francisco Trusso.
En el compromiso de pago la firma del entonces arzobispo platense Quarracino no era suya, pero quien le entregó el contrato a los militares fue su asistente, monseñor Roberto Marcial Toledo, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno, por lo cual fue detenido y procesado por defraudación. Dromi llegó a un nuevo acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el Arzobispado de una causa penal. “Renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial”, informó la curia. En setiembre del año pasado Bergoglio ya había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas que organizó Dromi en el lujoso hotel Alvear.
Acompañaron al cardenal De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió entonces Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprescios del adoptivo, quien se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares por el contrabando de un auto de lujo. La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.
*Periodista, escritor, defensor de los derechos humanos