El G-20 lo tiene claro: salir de la crisis volviendo a los combustibles fósiles

Entre 2017 y 2019, los gobiernos del G-20 invirtieron 584 mil millones de dólares a través de transferencias presupuestarias, finanzas públicas o inversiones en el extranjero. Se trata, además, de la etapa en la que los estados más han arropado económicamente al petróleo y el gas, que recibieron 277.000 millones de dólares, el 47% del total de las inversiones fósiles.

Pese a todo, los datos, publicados por el Instituto Internacional para la Sostenibilidad y el Desarrollo (IISD, por sus siglas en inglés) muestran una leve mejora respecto al promedio 2014-2016, con un 9% menos de dinero destinado a las energías contaminantes. El avance, no obstante, es insuficiente y podría quedar en nada debido a las políticas económicas que las grandes potencias están desarrollando para hacer frente a los estragos de la pandemia de la Covid-19.

Desde que inició la emergencia sanitaria del coronavirus, los países del G-20 han impulsado numerosos fondos de recuperación de los que, al menos, 233.000 millones de dólares han ido destinados a combustibles fósiles. Un dato que se torna más alarmante desde el punto de vista ambiental, si se tiene en cuenta que las inversiones contaminantes superan a las finanzas verdes, que han movilizado un total de 146.000 millones de dólares en lo que va de epidemia, según los datos de Energy Policy Tracker (EPT).

Probablemente, la cifra sea superior, tal y como explican desde el IISD, ya que existe una falta de transparencia, común en todos los ejecutivos del G-20, que impide «cuantificar muchas de las políticas anunciadas» para abordar la crisis de la Covid-19. Lo que si queda claro es que las estimaciones de EPT alejan aún más a las superpotencias de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, cuyo artículo 2.c llama a los Estados a «situar los flujos financieros en un nivel compatible» con un escenario de «bajas emisiones de efecto invernadero». Este punto, según el propio tratado internacional, se hace indispensable para poder garantizar que la temperatura media mundial no aumente más de 1,5ºC.

La balanza de inversiones impulsadas a raíz de la pandemia por las 20 principales potencias del planeta deja una cifra de 50,94 dólares per cápita destinados a petróleo, gas y carbón. Frente a ello, los ciudadanos de estos países invertirían de manera indirecta 31,91 dólares en las denominadas energías verdes.
«En lugar de financiar otra gran crisis como el cambio climático, nuestros gobiernos deberían invertir en un futuro resiliente».

Por otra parte, el estudio del IISD recalca que esa disminución del 9% de las inversiones contaminantes registrada en los últimos dos años –además de verse contrarrestada por las nuevas medidas económicas surgidas tras la pandemia– es de por sí insuficiente si se pretende disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con las premisas del Acuerdo de París. Las potencias del G-20 son las responsables de cerca del 80% de la contaminación atmosférica global, por lo que sus políticas pueden inclinar la balanza hacia la catástrofe climática o la transición justa.

«Los gobiernos están en medio del despliegue de niveles históricos de finanzas públicas en respuesta a la pandemia. En lugar de financiar otra gran crisis como el cambio climático, nuestros gobiernos deberían invertir en un futuro resiliente», argumenta Bronwen Tucker portavoz Oil Change International (OCI), organización que ha participado en el informe del IISD. «Estamos en un momento crítico para cambiar el apoyo que actualmente se destina a los combustibles fósiles hacia la salud pública y hacia una transición justa a las energías renovables».

Si bien es cierto que España no está incluida dentro del G-20, sus finanzas en energías limpias y sucias también han sido analizadas por Energy Policy Tracker, dejando ver que la pandemia no ha alterado demasiado las intenciones del Ejecutivo de coalición de avanzar hacia un escenario dónde las energías limpias sean mayoritarias.

Tanto es así, que desde que el virus llegó a España, se invirtieron 9.600 millones de euros en energías renovables, frente a 4.000 millones comprometidos en los combustibles fósiles. Esto supone que el Estado ha destinado en torno a un 66% más de sus finanzas energéticas hacia las nuevas formas de energía, lo que le convierte, según EPT, en el tercer país de Europa que más financiación ha destinado a la transición ecológica desde el inicio de la pandemia.
Además, la cifra podría aumentar si se tiene en cuenta que en el último mes el Gobierno ha aprobado algunas políticas energéticas limpias, como la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que todavía no tienen asignadas un presupuesto.