Ago 22 2021
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Pol铆tica

El informe de la CIDH sobre las masacres en Bolivia en 2019 inquieta a Macri

El martes 煤ltimo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a partir de una propuesta de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso las conclusiones de un estudio de campo realizado en Bolivia sobre el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, que incluy贸 masacres, ejecuciones y torturas.

El documento aborda espec铆ficamente la violaci贸n de derechos humanos por parte del Estado durante el golpe c铆vico militar liderado por Jeanine 脕帽ez, pero dos de sus consideraciones fueron receptadas con inquietud por los acusados argentinos de llevar a cabo el contrabando agravado de pertrechos, despachados exprofeso para ser utilizados en acciones represivas contra manifestantes que repudiaban al gobierno de facto.

Los letrados de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Marcos Pe帽a y Jorge Faurie tomaron nota del informe del GIEI con respecto a dos recomendaciones espec铆ficamente. Las que se relacionan, por un lado, con el car谩cter de imprescriptibilidad 鈥揹ado su car谩cter de grave violaci贸n de derechos humanos por parte del Estado鈥 y, por otro, con la incompatibilidad para ser pasibles de indultos o amnist铆as. 鈥淓sos il铆citos son imprescriptibles, por lo que el deber de investigar no puede ser condicionado a reglas procesales [temporales] del derecho interno鈥.

El GIEI consigna que 鈥渆l derecho internacional de los derechos humanos tiene un marco normativo bien definido con relaci贸n a las amnist铆as, las cuales son v谩lidas en general, excepto cuando se extienden a cr铆menes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, y a graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, masacres, homicidio, ejecuciones sumarias y desaparici贸n forzada鈥.

El relevamiento del GIEI fue realizado por cinco expertos internacionales coordinados por Jaime Vidal Melero, quien fuera asesor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e integrantes de la Secci贸n de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH. El estudio, que concluy贸 en julio de 2021, recibi贸 el apoyo del Instituto Auschwitz para la Prevenci贸n del Genocidio (AIPG, por sus siglas en ingl茅s), cuya misi贸n es denunciar las masacres y los cr铆menes de lesa humanidad a nivel global.

El GIEI se conform贸 a partir de una propuesta de la CIDH, luego de haber recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos provocadas por el gobierno de 脕帽ez. Quien revest铆a como Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abr茫o, impuls贸 la conformaci贸n del Grupo de Expertos, que desde el inicio fue cuestionado por el titular de la OEA, Luis Almagro. Como producto de los relevamientos realizado por el GIEI en Bolivia, Almagro decidi贸 destituir a Abr茫o el 15 de agosto de 2020, sin poder impedir que el relevamiento concluyera.

Diez d铆as despu茅s la CIDH difundi贸 un duro comunicado 鈥搒orpresivo para el mundillo diplom谩tico鈥 en el que expres贸 鈥渟u m谩s en茅rgica protesta鈥 y repudi贸 鈥渆l grave embate contra su autonom铆a e independencia, como 贸rgano principal de la Organizaci贸n de Estados Americanos鈥. A pesar del despido del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Almagro no pudo evitar la redacci贸n del informe final, dado que ya hab铆a sido realizado el relevamiento y s贸lo restaba su presentaci贸n.

Semanas atr谩s, el ex Presidente Macri insisti贸 en afirmar que la presidencia de 脕帽ez no fue el resultado de un golpe. Sin embargo, el documento del GIEI relata en forma pormenorizada los distintos hechos que produjeron la dimisi贸n forzosa de Evo Morales, su Vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera y media docena de funcionarios del MAS a quienes les correspond铆a la sucesi贸n presidencial en caso de vacancia.

De hecho, los encargados de colocarle la banda presidencial de facto a 脕帽ez fueron los jefes de las Fuerzas Armadas, ante una Asamblea Legislativa cuasi vac铆a, s贸lo ocupada por bancadas minoritarias que hab铆an impedido el ingreso de los partidos mayoritarios, entre ellos a quienes representaban al MAS. Para imponer a 脕帽ez fue necesario quebrar la cadena institucional, ya que su grupo parlamentario apenas contaba con tres representantes.

Masacres, racismo y misoginia

Una de las primeras medidas del gobierno golpista fue firmar y difundir el Decreto 4.078 que habilitaba a las Fuerzas Armadas y de seguridad a reprimir al pueblo sin consecuencias penales posteriores. El decreto, publicado el 14 de noviembre de 2019 en la Gaceta Oficial del Estado, exim铆a de responsabilidad penal al personal que participara en los operativos de restablecimiento del orden interno.

Al otro d铆a de su promulgaci贸n, con el permiso para matar otorgado, once civiles fueron asesinados y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, municipio ubicado en la provincia del Chapare. Pocos d铆as despu茅s, envalentonados por la impunidad garantizada, otros once civiles fueron ejecutados y 78 heridos fueron heridos en Senkata, en la zona de El Alto. 鈥淓l GIEI no duda en llamar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres鈥, se帽ala el documento, y subraya que 鈥渘o se comprob贸 que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego鈥, tal como hab铆an manifestado las autoridades de facto en noviembre de 2019 para justificar su brutal represi贸n.

Dos de las conclusiones de la comisi贸n ad-hoc creada por la CIDH se帽alan:

  • La Polic铆a y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y las ciudadanas.
  • Las adhesiones pol铆ticas [de los ind铆genas] fueron peligrosamente racializadas. (鈥) La violencia racista perpetrada contra los pueblos ind铆genas, incluyendo a las mujeres ind铆genas que fueron especialmente atacadas en esa 茅poca, debe ser reconocida, y los responsables, sancionados.

Algunas recomendaciones del GIEI 鈥搎ue podr铆an ser de utilidad para varios pa铆ses de la regi贸n, aunque no hayan transitado por un golpe reciente鈥 sugieren:

  • En referencia al Poder Judicial y a los organismos de seguridad: 鈥淟a administraci贸n de justicia y las fuerzas de seguridad (鈥) quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no conf铆an en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminaci贸n禄.
  • Respecto a la hipot茅tica negaci贸n de justicia como producto de las presiones de quienes fueron parte del golpe: 鈥淐uando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condici贸n destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteraci贸n de los cr铆menes y afecta la legitimidad del Estado de derecho鈥.
  • Sobre la potencial aplicaci贸n de normas de amnist铆a y/o indulto, el Grupo considera que los il铆citos investigados 鈥渟on imprescriptibles, por lo que el deber de investigar no puede ser condicionado a reglas procesales del derecho interno si su aplicaci贸n resulta en una situaci贸n de impunidad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares鈥.

    Carta de la ministra de Gobierno ecuatoriana, Mar铆a Paula Romo, del 16 de noviembre, en la que se compromete al 鈥減r茅stamo de material antidisturbios鈥 ante el ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando L贸pez Julio.

La colaboraci贸n de Ecuador y la Argentina con el gobierno de 脕帽ez fue denunciada por Abr茫o, quien se帽al贸 a trav茅s de su cuenta de Twitter: 鈥淟a grave decisi贸n pol铆tica de los gobiernos en 2019 de volver a coordinarse represivamente interrumpe m谩s de 45 a帽os de compromisos regionales de contraposici贸n con el terror de Estado, de rechazo a todas las formas de autoritarismo, de opresi贸n, de persecuci贸n鈥. Su posteo en las redes sociales se refiere a la carta fechada el 16 de noviembre de 2019, en la que la entonces ministra de Gobierno de Ecuador, Mar铆a Paula Romo, se compromete ante el ex ministro de defensa boliviano, Fernando L贸pez 鈥揾oy pr贸fugo de la Justicia, escondido presuntamente en Brasil鈥 a enviar los pertrechos represivos solicitados por las autoridades de La Paz.

Aunque a煤n no se han detectado evidencias documentales similares para el caso del contrabando agravado perpetrado durante el macrismo, la causa contin煤a su tr谩mite en la Fiscal铆a General de La Paz bajo la direcci贸n de William Eduard Alave Laura. Los operadores judiciales bolivianos, abocados a relevar el ingreso de los pertrechos, examinaron en la 煤ltima semana la posibilidad de solicitar exhortos ante el juzgado de Javier L贸pez Biscayart, el magistrado que volvi贸 a hacerse cargo del expediente el 煤ltimo viernes.

Semanas atr谩s, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, asegur贸 que de la interrupci贸n institucional del 10 de noviembre de 2019 鈥減articiparon gobiernos de otros pa铆ses otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Jeanine 脕帽ez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano鈥.

En ese mismo sentido, el martes 20 de julio la Procuradur铆a General del Estado (PGE) anunci贸 que se iniciar谩n los procesos penales en el exterior contra 鈥渁ltas autoridades鈥 de otros pa铆ses y funcionarios de organismos internacionales 鈥揺n referencia a Luis Almagro鈥 鈥減or su participaci贸n en el golpe de Estado de 2019鈥. Seg煤n el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, 鈥渓os gobiernos de la Argentina, Ecuador y Colombia fueron actores en el golpe de Estado鈥.

Frente a este escenario, que tiende a desenmascarar el rol de la OEA , su titular busc贸 durante las 煤ltimas semanas escudarse en el informe del GIEI con el objeto de disimular su significativa responsabilidad en el golpe: el 煤ltimo 9 de agosto, Almagro volvi贸 a defender el informe electoral confeccionado por la OEA en octubre y noviembre de 2019 鈥搎ue denunciaba 鈥済raves irregularidades鈥 en los comicios鈥, situaci贸n que precipit贸 los acuartelamientos policiales y las marchas c铆vicas que prologaron el alzamiento de las Fuerzas Armadas. La reivindicaci贸n de aquella auditor铆a, promovida por Almagro, contradice los resultados del relevamiento efectuado por el Centro de Investigaci贸n en Econom铆a y Pol铆tica (CEPR) y por el Grupo de Investigadores Independientes de la Universidad de Salamanca.

La 煤ltima semana el Procurador General de Bolivia, Wilfredo Ch谩vez, acus贸 a la OEA de estafar al pa铆s en 2019, al considerar que no existi贸 una real auditor铆a por parte de ese organismo. Por su parte, el embajador de Bolivia en la OEA, H茅ctor Arce, consider贸 que Almagro sobreact煤a su inocencia para ocultar su 鈥渘erviosismo y preocupaci贸n profunda porque fue uno de los autores mediatos en todo lo que ha ocurrido鈥.

Los documentos de la 茅poca muestran a Almagro en total sinton铆a con Washington: el 20 de octubre de 2019 el Senado de Estados Unidos ya declaraba su 鈥渋nquietud por las numerosas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales鈥. En la misma l铆nea de procacidad, la actual encargada de negocios de los Estados Unidos, Charisse Phillips 鈥搈谩xima autoridad diplom谩tica de Washington en Bolivia鈥, se sum贸 a las sugerencias el 煤ltimo martes y demand贸 que 鈥渓os responsable de los hechos de violencia y muerte de 2019 deben rendir cuentas ante la Justicia鈥.

El 13 de noviembre de 2019, el entonces embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, consider贸 鈥渞id铆culo que se hable de golpe de Estado en Bolivia鈥. Esa misma semana Donald Trump consider贸 que con la salida de Morales se 鈥減reserva la democracia en Bolivia, y que la presidencia de 脕帽ez supone un mensaje para los mandatarios de Venezuela, Nicol谩s Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega (鈥) Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no s贸lo a una sola persona (鈥) Con la ca铆da de Morales, el continente americano est谩 un paso m谩s cerca de ser plenamente democr谩tico, pr贸spero y libre鈥.

Adem谩s de la presentaci贸n ante el Presidente Luis Arce, el GIEI expuso su relevamiento ante familiares de lxs damnificadxs. Uno de los lugares elegidos para compartir sus luctuosos hallazgos fue la iglesia 25 de Julio, ubicada en Senkata. Frente al altar se ubicaron聽 las fotos de los once asesinados. De la exposici贸n particip贸 Gloria Quispe, la referente de la Asociaci贸n de Familiares de las V铆ctimas de Senkata. Su hermano, Antonio, fue asesinado por las fuerzas de seguridad el 19 de noviembre de 2019 mientras ayudaba a una v铆ctima que se hab铆a desmayado por los gases lacrim贸genos. Cada vez que entra a esa iglesia, Gloria recuerda la sangre de su hermano pegada a sus zapatos: 鈥淭odo el piso era un charco de sangre鈥.

El d铆a de la masacre, el sacerdote Guechi Revelin decidi贸 abrir las puertas del templo para proteger y atender a las v铆ctimas de la represi贸n: 鈥淣o pod铆a quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador, o de rodillas ante el Sant铆simo, mientras mi pueblo estaba siendo asesinado (鈥) Yo he jurado, he decidido, esta opci贸n de acompa帽ar a mi pueblo. Lo har茅 hasta el 煤ltimo d铆a de mi vida鈥.

*Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

 

 

 

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