El rol de la Psicología, a 50 años del golpe de Estado en Chile
Ya se cumple medio siglo del aciago golpe de Estado perpetrado por la oligarquía chilena, donde las fuerzas armadas fueron la cara visible. Es basta la información y plenamente documentada respecto de quienes vivenciaron la prisión política, la tortura física y psicológica, el asesinato y la desaparición de cuerpos, por parte de agentes del Estado, que desarrollaron una práctica sistemática, la cual buscaba la destrucción de las redes sociales, de la identidad política y psicológica que una buena parte de la población chilena había construido.
También la evidencia científica da cuenta que la violencia política ocurrida en Chile generó traumas cuyas consecuencias se prolongan más allá de la vivencia misma, inclusive de la vida del sujeto que la vivió y de la de sus familias. Esto, pues los traumas psicosociales no solo afectan directamente a las víctimas y su entorno inmediato, sino que se generan secuelas sobre varias generaciones de descendientes. A este fenómeno psicosocial, algunos estudiosos del tema le denominan transgeneracionalidad del trauma psicosocial.
En esa línea, estudios científicos realizados en Chile con descendientes de víctimas directas de la violencia política, establecen que el trauma vivido por éstos, se encuentra internalizada en hijos y nietos, y se expresa como tipos de patrones y dinámicas relacionales que dificultan los procesos de individualización y conformación de la identidad de estas generaciones, lo que sumado a otros factores psicosociales merman y dificultan la construcción de proyectos de vida funcionales y sustentables en el tiempo.
Desde esa perspectiva, los traumas psicosociales que tienen su fuente en la violencia política, en particular de aquella que proviene de agentes del Estado, es un fenómeno distinto de las manifestaciones psíquicas que por otros motivos puede presentar una persona. Esto, pues no se trata de simples “cuadros psicopatológicos”, sino de expresiones concretas de un vivenciar que manifiestan un conflicto social encarnado, que no ha sido reparado.
Ante ello, la acción de quienes trabajamos en Psicología aparece como fundamental. Toda vez, que esta profesión es una de las llamadas a entender y atender este tipo de fenómenos psicosociales y a prestar la ayuda integral que las víctimas directas e indirectas requieren. Éstas, generan expectativas de ser apoyadas por acciones concretas. Ello, pues una de las características de quienes vivencian violencia política, es la indefensión extrema provocada por la sensación de sentirse vulnerado por “alguien” -el Estado y sus agentes- que se supone te debiesen defender y proteger. A ello, se suma el desamparo provocado por la percepción de que ese tipo de violencia es desarrollada de manera asimétrica, sin que nadie la pueda detener, cuestión que provoca en las víctimas una vivencia marcada como algo que desaparece e, inexorablemente, nunca volverá a aparecer.
A propósito de cumplirse 50 años del sangriento golpe de Estado en Chile, no puedo no mencionar el rol de insignes profesionales que se han puesto del lado de las víctimas, conteniendo, investigando, entregando herramientas, etc. Tal es el caso de Elizabeth Lira, incansable defensora de derechos humanos que ha distinguido y prestigiado la disciplina, como activista e investigadora, aportando valiosos insumos respecto a la relación de la salud mental y los contextos de amenaza, violencia política y transgresión de los derechos humanos. También reconocer a Isabel Piper y sus estudios sobre memoria, a Ximena Faúndez quien investigó respecto a la transgeneracionalidad del trauma psicosocial provocado por la violencia política de la dictadura chilena. A ella se suma el aporte respecto a la reparación psicoterapéutica en contextos de represión política realizado por Eugenia Weinstein y Juana Kovalskys. En esa línea, también se destaca el trabajo sobre tortura y resistencia de las víctimas de la dictadura chilena, realizado por las neuropsicólogas Paz Rojas, Patricia Barceló y Katia Reszczynski.
Pero también en la psicología chilena existe una “historia negra” de profesionales que han desarrollado prácticas que apoyaron y promovieron el exterminio de compatriotas, situación que quienes trabajan en este ámbito y la población en general debe conocer. La evidencia establece que algunos psicólogos latinoamericanos emplearon su conocimiento disciplinar en países como Chile, Brasil y Uruguay, colaborando con los gobiernos militares; asistiéndolos técnica y científicamente en sus labores represivas.
Icónicos son los casos de Dolcey Britos en Uruguay, Amilcar Lobo Moreria en Brasil y Hernán Tuane Escaff en Chile, quienes aportaron su “conocimiento” respecto del psiquismo humano, para que los aparatos represivos de las dictaduras pudiesen adquirir mayor “expertiz y eficiencia”, en las sesiones de tortura, el desarrollo de campañas mediáticas para levantar la imagen interna de estos gobiernos dictatoriales, así como para provocar miedo y ansiedad en la población, factores inhibidores de movilización y organización popular.
De manera particular, destaca el psicólogo chileno Hernán Tuane, reconocido como el primer profesional de esta disciplina que desarrolló y se apoyó en los métodos de la Gestapo para torturar a los prisioneros en los campos de concentración. Testimonios de algunas víctimas de la dictadura chilena, reconocen que este psicólogo presenciaba y participaba directamente en las torturas, administrando dosis del reconocido “suero de la verdad” a los interrogados. Este se trataba de un químico “recomendado” por los médicos de la CIA que “formaban” a los torturadores latinoamericanos en la Escuela de las Américas y que se hizo ampliamente reconocido en los últimos tiempos, a partir de su utilización con los prisioneros árabes, que Estados Unidos mantenía en la cárcel de Guantánamo.
Pero además de la tortura física manifiesta, existe otra mucho menos imperceptible y latente, que es la psicológica. Esta presenta una diversidad de variantes, comenzando con las amenazas y amedrentamientos directos a las víctimas, hasta la guerra psicológica, que como bien la detalla Elizabeth Lira, corresponde a la exacerbación de ansiedades y temores que realizan aparatos del Estado y los gobiernos, a través de amenazas psicológicas, que buscan influir o determinar la conducta política de amplios sectores de la población, sin que necesariamente, deban recurrir a la violencia material o física, sino que utilizando mecanismos de persuasión y amenazas explícitas o implícitas. En la organización y práctica de este tipo de fenómenos, intervienen también los psicólogos, asesorando medios de comunicación masiva, fundamentalmente, pero también integrando estructuras del Estado, dedicados a esos fines.
Un ejemplo de ello fue el poco conocido, pero no por ello menos efectivo, “Departamento de Relaciones Sociales y Conducta Social” que nutría de información a los aparatos de seguridad de la dictadura chilena, la DINA y posteriormente a la CNI. Además, esta estructura diseñaba campañas de propaganda distribuidas en los medios de comunicación masiva, las que tenían como finalidad desacreditar la acción de grupos opositores a la dictadura, y de paso, generar adhesión en la población chilena hacia el régimen militar.
El mencionado Departamento, se caracterizaba por entregar insumo y orientación “científica” para la operatividad de los grupos de exterminio de la dictadura, de ahí que en éste trabajaran principalmente sociólogos y psicólogos. Éstos últimos valiéndose de sus conocimientos, orientaron las acciones de la dictadura militar, para que desarrollaran propaganda política con contenidos altamente amenazantes, pero efectivos para producir angustia en la población chilena. Esto lo reconoce y detalla el mismo Tuane, quien señala que uno de los factores centrales en la guerra psicológica consistía en realizar acciones que impactaran en los instintos más primitivos de las personas, como lo es el instinto de supervivencia.
Ante lo expuesto, surge la necesidad de encuadrar la labor psicológica dentro de márgenes mínimos de ética. Ello, implica realizar un análisis crítico de la praxis psicológica, sobre todo en contextos de violencia política, donde se requieren acciones decididas que vayan en resguardo y protección de los sectores más vulnerados. Este cuadro mínimo ético, implica volcar la mirada hacia la práctica psicológica, cuestión compleja pues normalmente los psicólogos estudiamos a “otro”. De lo que se trata ahora, es que nosotros y nuestras praxis sean el objeto de estudio, ya que ello permitirá analizar críticamente el rol ético que desarrollamos, cuando realmente la población necesita de nuestro aporte.
Lo anterior permitirá sacudirnos de ciertas “pretensiones” de objetividad, neutralidad y ahistoricidad en nuestras prácticas. Y, por cierto, entender los fenómenos psicosociales de manera contextuada y compleja; insertos en entramados que sobrepasan las individualidades y las cosificadas relaciones sujeto-objeto. Pues tal como lo señalaba el gran Ignacio Martín-Baró, los psicólogos no podemos separar la salud mental del orden social que rige una población en un momento determinado. En esa lógica, un rayado que se ha socializado en varios muros físicos y virtuales refleja de manera nítida lo señalado: “si no te interesa qué hicieron con un desaparecido, no tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias morales, éticas y humanas”.
En esa línea, la psicología con compromiso ético debe situarse en una relación de simetría con las víctimas. En última instancia, debe realizar una nueva configuración de su relación con las personas en particular y con la sociedad en general; asumir la imposibilidad de poder llevar a cabo una praxis desde la neutralidad, pues las problemáticas psicosociales que debe abordar, no lo permiten, ya que requieren la conformación de vínculos comprometidos, abiertos, explícitos, sin esconder las condiciones histórico-culturales reales que están a la base de las diversas problemáticas psicosociales.
*Psicólogo, Magister en Investigación Psicológica. UDA Universidad de Atacama. Chile.