El Salvador: Extorsión y abuso sexual a niñas y mujeres al amparo del régimen de excepción

Militares y policías en las calles de El Salvador amparados por el régimen de excepción, impuesto por Nayib Bukele hace dos años, dejan un rastro de abusos sexuales a niñas y mujeres, que pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad.

Se cumplieron dos años de un régimen de excepción (permanente) en El Salvador, prorrogado 24 veces, epicentro de la política punitiva de Nayib Bukele, con la suspensión indefinida de garantías individuales que ya deja un rastro de violaciones y extorsiones sexuales a niñas y mujeres por parte de militares y policías, que organizaciones de derechos humanos estiman como parte de los abusos cometidos a gran escala a la población.

Bukele ha convertido a El Salvador en laboratorio de ensayo centroamericano de políticas represivas y de control social a gran escala y formas de coerción de las extremas derechas de América.

Con la detención masiva de más de 75.000 personas, prácticamente desaparecieron de las calles la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 que dominaban el escenario delictivo del país centroamericano; aunque cayeron en picada las tasas de homicidio y extorsión, generando la percepción pública de una drástica mejora de la seguridad, la organización Socorro Jurídico Humanitario estima que al menos el 35% son inocentes, una cifra no menor de 26.250 personas.

Un problema central es la evidente impunidad estatal en el marco del Plan de Control Territorial, que fue declarado en reserva por siete años por el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que impide conocer los detalles de las políticas de seguridad del gobierno y las consecuencias específicas del ataque masivo a los derechos humanos del pueblo salvadoreño y en este caso de las mujeres.

La militarización del país es medular, la transformación de la Policía Nacional Civil en una de corte militar, los mayores presupuestos a las Fuerza Armadas en su historia, el objetivo de Bukele de duplicar las tropas hasta llegar a 40.000 militares, avizoran un pésimo escenario para la clase trabajadora y las mujeres en El Salvador. El despliegue de fuerzas represivas ha sido de una desproporción tal que el gobierno ha movilizado a un soldado o policía por cada 24 habitantes, como en el municipio de Soyapango el 4 de diciembre de 2022, donde desplegó a 8.500 soldados y 1.500 policías para detener a 140 personas sin orden judicial, principalmente jóvenes señalados de vínculos con las pandillas. Es en este escenario de empoderamiento total del Ejército donde ocurren los abusos sexuales de mujeres bajo el régimen de excepción.

La violencia sexual cometida por el Estado

“Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan”, decía la manta de organizaciones feministas que en octubre pasado exigieron justicia frente al Estado mayor del Ejército por los abusos sexuales de militares que salieron a la luz, entre ellos, el de una menor de 13 años atacada por el sargento naval Héctor Ovidio Alvarado Rivera en complicidad con cinco militares de la Marina.

El caso ocurrió el 23 de septiembre cuando cuatro jóvenes, tres de ellos menores, volvían de playa Mizata en el departamento de La Libertad, fueron detenidos por la patrulla de la Fuerza Naval a cargo del sargento Alvarado, que los puso contra la pared con las manos en la nuca, los soldados Hilario Flores Cabezas, Vicente Gómez González, René Escobar Sánchez, Edgardo Pintín Martínez y Eder Salazar Molina separaron a las niñas y el sargento se llevó a una de ellas de 13 años, mientras golpearon a un joven que intentó impedirlo. Bajo amenaza de detenerlos bajo el régimen de excepción ella fue violada y los jóvenes no pudieron encontrarla hasta que los militares abandonaron el lugar.

La noticia recorrió el país y en este caso los soldados enfrentan cargos, directos o en complicidad, por agresión sexual agravada y continuada en menor, violación agravada en menor y privación de libertad agravada. Es un caso aislado, dijo el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Monroy, mientras el vicepresidente Félix Ulloa ha opinado en diversas ocasiones que “en una guerra habrá víctimas inocentes”.

La violencia sexual estatal se convierte en un crimen “invisible” cuando el gobierno empodera a las fuerzas armadas y rige la misoginia en las instituciones de seguridad, además, por el fundado temor de las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia y más aún los abusos policiales y militares cuando carecen de garantías individuales.

No son casos aislados

Otra niña de 13 años fue detenida el 31 de octubre en Bosques del Río, Soyapango, por tres paracaidistas del Ejército e integrantes del Comando de Fuerzas Especiales, por la violación de uno de ellos, tuvo que ser internada siete días en el Hospital de la Mujer, donde agentes policiales la presionaron para desistir en su denuncia y que dijera que el soldado era su “esposo”. El abuso ha sido negado por la Policía Nacional Civil y la prensa salvadoreña informó que la joven y su madre huyeron del municipio.

Según el Observatorio de la Política Internacional, el aumento de la violencia sexual que ocurre en el país corresponde a las agresiones de agentes estatales que extorsionan sexualmente a mujeres y niñas, los casos más conocidos ocurrieron en Puerto El Triunfo, donde fue detenido en abril de 2023 el jefe de la Fuerza Naval, José Edid Cortéz Henríquez, luego de muchos abusos y amenazas de detención a mujeres, sus esposos, padres o hermanos, sino accedían la extorsión.

Mientras que al noroeste del país, en las colonias La Militar, La Bolsa y Las Palmeras del Departamento de Santa Ana, con al menos dos denuncias, son un secreto a voces las extorsiones de policías y militares, que según pobladores ocurren más en menores y las familias temen denunciar por miedo.

Es incuantificable el número de víctimas o de sus familiares que han sido detenidos o están presos, acusados de colaborar con pandilleros por no aceptar extorsiones sexuales, aunque la Policía Nacional Civil registró 103 denuncias por diversos tipos de extorsión en 75 días de 2024, del 1 de enero al 15 de marzo. Y organizaciones de derechos humanos como Cristosal, identificaron un incremento del desplazamiento forzado interno a causa del acoso o la violencia de agentes estatales, lo que coincide con los testimonios que refieren que hay mujeres que decidieron huir de sus comunidades para no ceder o salir del abuso y algunas salieron del país.

El común denominador de estos crímenes de Estado es la pobreza en las comunidades y la impunidad de las fuerzas represivas por el régimen de excepción, a la extorsión sexual se suma la económica y los robos durante los allanamientos, que se convierten en un tema cada vez más común en medios locales. Hasta diciembre de 2023, únicamente 14 policías y soldados habían sido detenidos por cometer abusos diversos durante el estado de excepción.

Silenciar a las mujeres perpetúa la violencia sexual estatal

Todas y todos los activistas de derechos humanos y por los derechos de las mujeres involucrados en la denuncia y esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia sexual estatal en El Salvador, enfrentan el silenciamiento de estos delitos en el marco de la “guerra contra las pandillas”, como una práctica de Estado que reduce todo a un “daño colateral” y busca invisibilizar lo que ocurre a las mujeres durante el régimen de excepción. Amordazar sus voces es también una estrategia para cometer y mantener la impunidad.

La cuestión es que cuando la violencia sexual estatal es sistemática, hablamos de un crímen de lesa humanidad [1] y eso enfrenta el gobierno de Bukele con las violaciones generalizadas de derechos humanos. Aún cuando la suspensión de garantías, la corrupción, el interés por mostrar como un éxito la política bonapartista punitiva del gobierno y el autoritarismo reaccionario institucional actual, dificultan la lucha por justicia ante los abusos del Estado.

El pueblo de El Salvador conoce bien las consecuencias sociales por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil y el peso de la impunidad por la violencia y tortura sexual de militares y paramilitares contra niñas y mujeres. La reconciliación que amnistió a múltiples culpables de las aberraciones sufridas por la población, permitió la imagen de renovación de las Fuerzas Armadas de un nuevo régimen que mostró pronto su degradación política (durante tres décadas), misma que el Ejército ha mostrado pronto bajo el gobierno de Bukele.

A pesar de la hegemonía relativa que concentra la figura presidencial, los problemas estructurales de la población y las causas de la violencia que provocaron las pandillas no están resueltos y no se resolverán con la “guerra contra las pandillas”, al servicio de la casta política que se beneficia por la corrupción y abusos del régimen de excepción.

Detrás de esta “guerra” de Bukele también se exacerban las prácticas cotidianas que la cultura patriarcal normaliza (en tanto, él ataca toda perspectiva de género), a la par de un gobierno militarizado que niega derechos elementales a todo el pueblo y descarga su mayor violencia en las mujeres pobres, mientras que obstruye las investigaciones de la masacre del Mazonte de 1981 y niega el acceso judicial a los archivos militares del genocidio.

Las reflexiones y experiencias sobre las violaciones ocurridas en contextos de guerra, dictadura y represión política, llevadas a cabo por mujeres en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y en muchos otros casos, nos sirven a las mujeres que vivimos las violencias machistas y la violencia estatal en todas sus formas, para decir: nunca más. Y entender que la violencia sexual estatal es una práctica de represión y disciplinamiento social para imponer el silencio a todas las mujeres e impedir las luchas por nuestros derechos.

Más allá del silencio y el manto de impunidad que pretenden imponer es necesario que las mujeres indígenas, campesinas, obreras, jóvenes y mujeres de la clase trabajadora salvadoreña, tejan redes solidarias de reflexión, organización y acción contra los crímenes del Estado contra las mujeres.

Es necesario preservar la memoria colectiva y elevar la denuncia por justicia. La cárcel para todos los militares y policías abusadores amparados por el gobierno, debe ser motor de la resistencia y la organización de las mujeres, activistas y defensoras en El Salvador. Ni perdón, ni olvido a los crímenes estatales del pasado, memoria y justicia para los crímenes del presente (que ya son) de lesa humanidad del gobierno de Bukele. Abajo el régimen de excepción, la lucha por las libertades democráticas está más planeada que nunca en El Salvador.

Nota

[1] El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y otros abusos sexuales, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.