El soberano y la encrucijada política chilena
«Propuesta inconveniente» llama el diario La Tercera —uno de los de mayor circulación en Chile— al llamado a una asamblea constituyente, idea que gana creciente consenso entre las fuerzas políticas de oposición al actual gobierno, que se concretaría de una «cuarta urna» sometida a decisión popular, en paralelo con la elección presidencial y parlamentaria de 2013.| JOSÉ LUIS PIZARRO THEILER.
Estamos acostumbrados al lenguaje formal, retórico y aparentemente erudito, de los editoriales de la prensa escrita chilena, completamente monopolizada como se sabe, por grupos fuertemente ligados con los conglomerados de la derecha económica y política. El editorial de La Tercera del domingo 26 de agosto pasado, es un buen ejemplo:
«Propuesta inconveniente de asamblea constituyente» se titula el comentario de opinión, y la bajada: «los dirigentes políticos no deben confundir el rechazo a su incapacidad de llegar a acuerdos con una crisis de la democracia que los ciudadanos no ven en la realidad».
La idea de la consulta, sin embargo, gana creciente consenso entre las fuerzas políticas de oposición al actual gobierno. Para el editorialista, empero, «sólo un quinto de los encuestados considera que la democracia chilena funciona mal». Eso es cierto, pero olvida recordar que sólo un 17% de los encuestados piensa que «funciona bien», y más de la mitad (54%), cree el funcionamiento es apenas «regular». Los datos son del último sondeo CEP.
A 22 años del retorno de la democracia, es en realidad bastante triste saber que tenemos una institucionalidad democrática cuyo funcionamiento es considerado de regular a malo por tres cuartas partes de los chilenos, aunque con una voltereta argumental: el mismo medio, en otro artículo, descarta que la institucionalidad estéen crisis, porque la suma de los que piensan que funciona «bien» o «regular», suma 71%.
La conclusión obvia es que las cifras dan para todo, y que hasta el alumno más porro asimila un «regular» a un «aceptable» o «bueno».
En una perspectiva menos sesgada, es evidente que esta calificación no sólo es insuficiente para afirmar que los ciudadanos no crean que el sistema está en crisis, sino más bien al contrario: las cifras no 
hacen sino complementar lo que se ve en las calles y se habla en las casas. La crisis esta ahí, presente y vigente, y seguramente no son minorías, aunque la parafernalia mediática-ideológica insista en lo contrario.
Argumenta el editorialista que los políticos concertacionistas, en crisis de credibilidad, pretenden desconocer un «marco institucional [que] protege a las personas frente al Estado, [y] limita el poder de las mayorías». No es posible —se sostiene— que una oposición, que concita apenas un 14% de aprobación (según la misma encuesta CEP) pretenda modificar el «orden constitucional».
Las reglas del juego las fijó la dictadura en 1980, estableciendo condiciones para frenar o impedir cambios en el marco institucional, obligando a «buscar consensos si [se] pretende cambiar las bases del sistema». Como se sabe, estos amarres, entrampados por el binominal[1], han esterilizado hasta ahora cualquier cambio sustantivo de la Carta, lo cual era justamente el objetivo perseguido por los redactores de la dictadura.
Se agrega que el apoyo concertacionista a la idea de una Asamblea Constituyente «socava la legitimidad de todo el sistema» corriendo el riesgo de entrar en un proceso que «poco tendría que ver con la democracia que el país aprecia y mucho con las aventuras populistas que es posible apreciar en otros países de América Latina».El punto es que el actual sistema no es legítimo.
La Constitución fue escrita, por un grupo de fieles a la dictadura, que trabajaron entre cuatro paredes, para después someterla en un «plebiscito» convocado, no sólo en condiciones de abierta ilegalidad y sin contradictorio, sino además fraudulento, como lo señalaba recientemente el arrepentido «mocito» de Contreras.
El abate Sieyés, ideólogo de todo lo que vino después, señalaba hace 223 años, que la Constitución no debe ser obra del poder constituido, sino del poder constituyente, y que éste debe ser de representación extraordinaria —no es función de los legisladores ordinarios—, reunidos los representantes en una convención que se debe conformar sin distinción de clases[2].
Mal podía entonces un gobierno constituido de facto, atribuirse poderes constituyentes, y mal podía redactarse una constitución sin una adecuada representatividad popular. La conclusión es que todo el aparato institucional, está construido sobre un gigantesco fraude jurídico, ideológico y político: no tiene legitimidad institucional.
No existe confusión, como se sostiene, al afirmar que la propuesta «esconde posiciones muy diferentes entre quienes buscan cambios al sistema electoral o plantean un sistema semipresidencial y quienes aspiran a una asamblea constituyente que sustituya radicalmente el consenso». Será la asamblea la que deberá decidir la forma de democracia que tendrá Chile.
Si la mayoría de los delgados deciden que el binominal es bueno, como sostienen los conservadores, esa será una decisión soberana del pueblo y el sistema será legitimado; si la mayoría se pronuncia por una democracia presidencial (como la actual),
semipresidencial o parlamentaria, lo mismo.
Vale decir que el punto crucial no son las iniciativas individuales ni las afirmaciones de los partidos: serán las decisiones tomadas por las mayorías elegidas en votación popular, las que, por principio, deben ser diferentes de los actuales legisladores.
El llamado de atención de La Tercera es por lo demás evidente y busca impresionar las almas simples. Chile no es como los «otros países de América Latina», y una Asamblea Constituyente nos llevaría directamente a una peligrosa y destructiva «aventura populista». Esta argumentación olvida que el poder constituyente no es un tema exclusivamente latinoamericano.
Asambleas, cortes, congresos, han sido convocados con este fin en todo el mundo democrático, cuando los países vienen de vuelta de experiencias traumáticas, como guerras o dictaduras. Los ejemplos son numerosos. Basta mencionar los casos de Italia en 1948, o de España en 1978, la una saliendo de la guerra, la otra de la dictadura franquista.
La propuesta de la «cuarta urna» no busca legitimar el poder de un líder o de un grupo político, como ha sido frecuente nuestra América. Busca esencialmente legitimar y consensuar un marco institucional. Sin embargo, ese es claramente el temor del editorialista, que trasunta la ideología que se opone al cambio, puesto que le llama la atención que mientras «la ex Presidenta Bachelet, [aparece] encumbrada en las preferencias para encabezar un futuro gobierno, se plantee un cambio radical».
El hecho es que las opiniones son claras según la encuesta del Centro de Estudios Públicos: uno de cada dos chilenos cree que se debe cambiar el binominal y tres cuartas partes piensan que la democracia no funciona bien. 
La presión popular, que se manifiesta en protestas a lo largo de todo Chile, es cada vez más fuerte y, en ausencia de respuesta, se irán haciendo cada vez mas violentas.
Un deber de la política es buscar las válvulas de escape. Es por esto que la propuesta de un plebiscito que lleve a una Asamblea Constituyente, no sólo no es inconveniente, sino es, más que nunca oportuna.
Al fin de cuentas se trata simplemente de concretar la promesa hecha por el ex presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, el 4 de septiembre de 1980, de convocar al retorno de la democracia una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, promesa que la Concertación —adormecida en el poder— eligió olvidar.
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1] El sistema electoral binominal, fue diseñado por el ideólogo de la dictadura militar-cívica chilena (1973-1990) Jaime Guzmán , a pedido de Augusto Pinochet, y su objetivo es la formación de un sistema bipartidista en torno a dos grandes partidos políticos o coaliciones con representación parlamentraria.
Paradójicamente fue introducido contemporáneamente en Polonia a principios de la década de 1981/90, para permitir que el Partido Obrero Unificado mantuviera la mayoría parlamentaria ante la limitada apertura política que entonces sacudía a las denominadas democracias socialistas europeas.
2] Emmanuel Joseph Sieyès: Qu’est-ce que le Tiers état? Pág. 53: Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. Pag. 60: Concluons qu’il y a un accord parfait entre tous les principes pour décider, 1° qu’une représentation extraordinaire peut seule toucher à la constitution ou nous en donner une; 2° que cette représentation constituante doit se former sans égard à la distinction des ordres (Éd. du Boucher, 2002. Paris)
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* Ingeniero agrónomo, analista de asuntos políticos y económicos.