En México, la política no es para mujeres ni para indígenas
Las mujeres, los indígenas y representantes de la diversidad sexual se enfrentan a la exclusión política, cuando está por comenzar el proceso electoral que culminará en julio con los comicios presidenciales y legislativos. «La búsqueda de espacios ha sido ardua, ha costado doble esfuerzo, por ser mujeres e indígenas. Los partidos nos ven como botín electoral», dijo a IPS la indígena Antonieta Hernández, dirigente del Consejo Mazahua Almoloya de Juárez, en el estado de México, vecino al Distrito Federal que acoge la capital.
De los 112 millones de habitantes de México, 51 por ciento son mujeres y 6,6 millones indígenas, según el censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Instituto registra como pobladores originarios únicamente a personas con más de cinco años que hablan una lengua ancestral. Pero organizaciones indígenas elevan a más de 10 millones los integrantes de las diferentes etnias en el país. En las votaciones generales del 1 de julio se renovará el parlamento, con la elección de 500 miembros del Congreso legislativo y 128 del Senado, y se elegirá el presidente que gobernará México el próximo sexenio. El nuevo parlamento iniciará sus funciones el 1 de septiembre y el sucesor del conservador presidente Felipe Calderón tres meses después.
En la actualidad, entre los 500 congresistas hay 138 mujeres y solo ocho indígenas. Además, de los 2.456 ayuntamientos de este país latinoamericano, únicamente 130 son presididos por una mujer, según el Inegi. «Hemos monitoreado varios componentes que no se están cumpliendo, como que los partidos deben destinar dos por ciento de su presupuesto a la capacitación de cuadros femeninos», ilustró a IPS la especialista en política y género Emilia Reyes. «Se debe escuchar a actores que dicen que se requiere de una democracia con igualdad. Es un buen momento político que nos da una ventana de oportunidad» para fortalecer la participación, indicó la coordinadora de Políticas y Presupuesto Público con Enfoque de Género de la no gubernamental Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Equidad integra una coalición de cinco organizaciones que ejecuta la Iniciativa SUMA «Democracia es igualdad», patrocinada por el Fondo de Igualdad de ONU Mujeres, la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Iniciativas similares funcionan también en otros 14 países, entre ellos Bolivia y Colombia.
En noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicana resolvió que las franquicias políticas deben nominar a candidatos titulares y suplentes del mismo sexo y apegarse a la cuota de género de 60/40, instituida legalmente para impulsar la participación de las mujeres y que era violada con ese y otros resquicios por los partidos. «Exigimos que las plataformas políticas incluyan a los pueblos indígenas, que nos vean como actores que queremos modificar las instituciones del país. No sólo peleamos por los espacios, sino por bajar beneficios a las comunidades», dijo a IPS el indígena tlapaneco Filemón Navarro, diputado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Navarro pudo ser candidato en 2009 por el sureño estado de Guerrero gracias a un juicio que interpuso para garantizar sus derechos políticos.
Más de 150 organizaciones indígenas formaron un frente para demandar candidaturas políticas en los planos federal, estadual y municipal. De esa cuenta, reclaman investiduras en los 28 distritos electorales indígenas, de un total de 300, que desembocarían en 50 escaños parlamentarios federales. Dentro de la llamada precampaña electoral, que arrancó en diciembre y concluirá en marzo, se han definido al menos 22 precandidaturas indígenas, de las cuales ocho son de mujeres. En marzo arrancará la campaña electoral, con listados de aspirantes ya definitivos.
El presupuesto nacional para 2012 contiene unos 5.030 millones de dólares etiquetados para los pueblos nativos, cifra que las organizaciones consideran insuficiente. «La agenda indígena no es prioritaria para los partidos. Por eso, queremos una cuota de representación indígena», planteó Hernández. La Iniciativa SUMA busca impulsar durante tres años a 1.500 mujeres para que busquen cargos públicos en 10 de los 32 estados que conforman la república mexicana. «Hay resistencias, pero hay un sistema jurídico que garantiza los derechos políticos. Hemos recibido propuestas de los partidos que impulsan la proporción de género, esperamos que se cumpla en las listas finales», apuntó Reyes.
En 2009, ocho diputadas federales solicitaron una licencia al cargo poco después de asumirlo para dejar el curul a sus suplentes varones, lo cual desató protestas de organizaciones de mujeres. Sin embargo, la reforma electoral aprobada para evitar esos subterfugios en contra de la participación femenina solo se aplicará desde 2015. En el actual parlamento, en tanto, hay solo una diputada que representa a la diversidad sexual. «La participación tiene que ser desde la sociedad civil de manera organizada para poder conocer nuestros derechos y ejercerlos en consecuencia. Eso permite a un movimiento social conocer cuáles son las necesidades y atenderlas», dijo a IPS la activista y precandidata a diputada por el PRD Lol Kin Castañeda.
Ese partido incluye al menos seis aspirantes vinculados al activismo a favor de la diversidad sexual para ser postulados como candidatos. En el caso de Castañeda, se trata de un respaldo como independiente. «El reto es poder hacer una bisagra entre la sociedad civil y los partidos políticos, para trabajar de manera colectiva y tener una representación real en el Congreso», afirmó Castañeda, quien en 2010 se casó con su pareja del mismo sexo.
En tanto, al menos por ahora las organizaciones indígenas han rechazado la idea de fundar un partido propio, para que no se convierta en una agrupación marginal. Por eso, han optado por presionar a las direcciones del PRD y los conservadores Partido Acción Nacional, en el poder, y el Partido Revolucionario Institucional para ser tomados en consideración. Pero no descartan recurrir a opciones como el ejercicio de la autonomía administrativa de las comunidades, una figura contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos de los pueblos indígenas en los países signatarios.
Esa autonomía ya fue adoptada en comunidades de los sureños estados de Oaxaca y Chiapas y el occidental Michoacán. El último caso ha sido el del municipio indígena de Cherán, en Michoacán, cuyos habitantes eligieron el 22 de enero a sus autoridades mediante los «usos y costumbres», un derecho ratificado en noviembre por el máximo tribunal del país para las comunidades de pueblos originarios. «No pedimos nada extraordinario, solo ser incluidos política, social y económicamente», recalcó el indígena Navarro.
*Periodista de IPS