Dic 24 2016
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Pol铆tica

Entretelones de la impunidad chilena: Operaci贸n Punta Peuco

Una ola de s煤bita conmiseraci贸n inunda a las elites de este pa铆s respecto a los presidiarios que enfrentan sus condenas con avanzada edad y enfermedades terminales. El ministro de Justicia, Jaime Campos, ha puesto el punto en debate al declarar en El Mercurio que le parec铆a 鈥渙bvio鈥 que los criminales que se encuentran gravemente enfermos o terminales deben salir de la c谩rcel para morir en casa junto con sus familias. A este llamado ha respondido una legi贸n variopinta, desde la derecha en pleno, hasta los l铆deres de las iglesias Cat贸lica y Evang茅lica. Y desde el mundo laico, un s茅quito de acad茅micos, encabezado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Pe帽a.

Se trata de sentimientos de misericordia muy inesperados, porque nunca antes estos miembros de la corte palaciega manifestaron este tipo de preocupaciones respecto a los presos comunes. Es impresionante la cobertura que han dedicado al asunto El Mercurio y La Tercera, colocando en portada este tema varios d铆as seguidos, y publicando reiteradas cartas de almas sensibles que nunca hab铆an dicho palabra alguna sobre la situaci贸n en nuestras c谩rceles.

Recordemos que la 煤nica oportunidad en que los presos comunes de nuestro pa铆s hacen noticia es cuando el morbo y el sensacionalismo logran despertar a los editores de prensa de su renuencia a visibilizar las condiciones inhumanas en las que se encuentran. El 8 de diciembre pasado se cumplieron seis a帽os del incendio de la c谩rcel de San Miguel, donde murieron calcinadas 81 personas, y 16 quedaron heridas. Curiosamente, a seis a帽os de la tragedia no existe ning煤n responsable de este siniestro. La 鈥済ran prensa鈥 y las almas sensibles que hoy piden indultos dejaron pasar el aniversario sin decir nada. Tania Tamayo, autora de Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmer铆a quiere olvidar (Ediciones B) afirma directamente que este 鈥渙lvido鈥 se debe a la voluntad de tender un velo de impunidad sobre el entonces director de Gendarmer铆a, Luis Masferrer (RN).

Por eso, la operaci贸n comunicacional que han tendido con tanto entusiasmo se les desfonda. Su hipocres铆a les delata y el doble est谩ndar termina por revelar que no se trata de un sentimiento de misericordia universal, sino una demanda de clemencia selectiva, que no abarca a todas las personas que sufren penas aflictivas en nuestro sistema carcelario. Hay una afinidad electiva en su conmiseraci贸n, porque se focaliza en los militares condenados por cr铆menes de lesa humanidad.

Resultado de imagen para Operaci贸n Punta PeucoEl Estatuto de Roma

En este clima de opini贸n el profesor Pablo Ort煤zar afirma en carta en El Mercurio que 鈥渄efender que se mantenga en la c谩rcel a personas condenadas por cometer actos inhumanos que hoy son ancianos con enfermedades terminales resulta una iron铆a siniestra, cuya motivaci贸n solo pareciera ser la venganza鈥. Es decir, al no modificar las condenas de esos 鈥渁ncianos con enfermedades terminales鈥 el gobierno actuar铆a motivado por la venganza.

Sin embargo, los 鈥渁ctos inhumanos鈥 a los que se refiere Ort煤zar constituyen delitos que han sido claramente tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por nuestro pa铆s en 2009. Seg煤n este instrumento del derecho internacional, y en coherencia con la convenci贸n sobre la imprescriptibilidad de los cr铆menes de guerra y de los cr铆menes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968) y los principios generales para combatir la impunidad鈥 de la Comisi贸n de Derechos Humanos en su 61陋 sesi贸n de Naciones Unidas (8 de febrero de 2005) los cr铆menes de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnist铆as o indultos, directos o indirectos. Lo que el Estatuto de Roma contempla es la posibilidad de una 鈥渞educci贸n de la pena鈥, pero altamente condicionada a las siguientes causales (art.110):

鈥3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 a帽os de prisi贸n en caso de cadena perpetua, la Corte examinar谩 la pena para determinar si 茅sta puede reducirse. El examen no se llevar谩 a cabo antes de cumplidos esos plazos.

  1. Al proceder al examen con arreglo al p谩rrafo 3, la Corte podr谩 reducir la pena si considera que concurren uno o m谩s de los siguientes factores:
  2. a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
  3. b) Si el recluso ha facilitado de manera espont谩nea la ejecuci贸n de las decisiones y 贸rdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a 茅sta en la localizaci贸n de los bienes sobre los que recaigan las multas, las 贸rdenes de decomiso o de reparaci贸n que puedan usarse en beneficio de las v铆ctimas; o
  4. c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducci贸n de la pena鈥.

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    Los militares presos en Punta Peuco

Vale decir, se deber铆an aplicar escrupulosamente estos criterios: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 a帽os de prisi贸n en caso de cadena perpetua, y adem谩s haber manifestado 鈥渄esde el principio y de forma continua鈥 su voluntad de cooperaci贸n con las acciones e investigaciones judiciales. En nuestro caso particular, el Estatuto sostiene que se deber铆a atender a la voluntad del implicado en colaborar a la localizaci贸n de los cuerpos de las v铆ctimas de violaciones a los derechos humanos.

Cabe por lo tanto hacer esta simple pregunta: 驴Los militares que cumplen penas por delitos de lesa humanidad pueden invocar estas causales? Si es as铆 no habr铆a lugar a mayor debate y el sistema penitenciario deber铆a acceder a los beneficios solicitados. Si no es as铆, no cabr铆a mayor discusi贸n, y deben seguir en prisi贸n. No cabe duda que estamos ante esta segunda posibilidad, especialmente si su 鈥減acto de silencio鈥 respecto al destino de los detenidos desaparecidos sigue vigente.

Regreso de la 鈥淒octrina Dolmestch鈥

Si la legislaci贸n es tan clara, 驴por qu茅 se est谩 buscando con tanto ah铆nco la liberaci贸n de estos presos? Cabe preguntarse si el trasfondo del asunto es una negociaci贸n encubierta, en la cual la liberaci贸n de los criminales de lesa humanidad es moneda de cambio para pagar otros favores de parte de la derecha. No ser铆a la primera vez que se busca hacer de estos individuos el veh铆culo de una transacci贸n pol铆tica alejada de la especificidad de este dilema.

Recordemos que Chile ha vivido una lenta evoluci贸n jurisprudencial en materia de sanci贸n a los violadores a los derechos humanos. Hasta bien entrada la d茅cada de 1990 los tribunales siguieron aplicando el Decreto Ley de Amnist铆a de 1978, que produjo efectos de autoamnist铆a para los funcionarios de la dictadura, por lo cual se sobrese铆an autom谩ticamente las causas o derechamente se absolv铆a a los acusados.

Jaime Campos, ministro de 驴Justicia?

El primer cambio, llamado 鈥渄octrina Aylwin鈥, oblig贸 al tenor de la 鈥渏usticia en la medida de lo posible鈥, a investigar las causas antes de aplicar la amnist铆a o la prescripci贸n. El segundo paso ocurri贸 en el contexto de la detenci贸n de Pinochet en Londres, en 1998. En ese momento se empez贸 a tipificar las detenciones con desaparici贸n como 鈥渟ecuestros permanentes鈥, por lo cual dej贸 de tener aplicaci贸n la amnist铆a y la prescripci贸n, ya que el ocultamiento de cad谩ver implicar铆a que el delito se sigue cometiendo hasta la actualidad. Un caso de uso estrat茅gico del derecho que permiti贸 abrir una grieta en la impunidad.

En 2006 los familiares de Luis Alfredo Almonacid, militante del PC detenido desaparecido el 16 de septiembre de 1973, llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que termin贸 condenando al Estado chileno por la aplicaci贸n de la ley de amnist铆a. El organismo determin贸 que Chile hab铆a vulnerado el Pacto de San Jos茅 de Costa Rica, declarando que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse ni prescribir y que el Estado deb铆a anular el Decreto Ley de Amnist铆a e impedir legalmente la aplicaci贸n de la prescripci贸n. Esta sentencia fue al fondo del asunto. Sin embargo, el Congreso no ha sido capaz, hasta ahora, de adecuar la legislaci贸n chilena a este dictamen internacional, quedando su aplicaci贸n en manos de la Corte Suprema.

En ese contexto, el entonces miembro de la sala penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propuso el criterio de otorgar a los condenados por este tipo de delitos los beneficios de la Ley N掳 18.216, lo que fue presentado por la derecha como una forma de 鈥渃ompromiso鈥 entre la 鈥渏usticia absoluta鈥 y el 鈥減erd贸n absoluto鈥, permitiendo una condena muy atenuada. Lo que la derecha no reconoc铆a en este an谩lisis es que a esas alturas la condena era un piso del que ya no pod铆an escapar y por lo tanto, agotados los anteriores mecanismos, la 鈥渄octrina Dolmestch鈥 aparec铆a ahora como la 煤nica v铆a posible a la impunidad.

Pero esta 鈥渄octrina鈥 sufri贸 un golpe letal el 18 de junio de 2012, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema, analizando el llamado 鈥淓pisodio H茅ctor Vergara Doxrud鈥, declar贸 por mayor铆a de sus miembros que los sucesos enjuiciados, ocurridos el a帽o 1974, deb铆an ser enjuiciados y sancionados sin atenci贸n al Decreto Ley de Amnist铆a del a帽o 1978 ni que se permitiese declarar su prescripci贸n o conceder a los condenados la atenuante de media prescripci贸n del Art. 103 del C贸digo Penal. Este dictamen signific贸 el fin de la 鈥渄octrina Dolmestch鈥, que ahora se busca reestablecer.

Todo indica que la elecci贸n de Hugo Dolmestch como presidente de la Corte Suprema, en diciembre de 2015, respondi贸 a este objetivo, y las movilizaciones de toda esta corte de autoridades civiles, eclesiales, acad茅micas y comunicacionales, responde a los compromisos f谩cticos asumidos en esa elecci贸n.

Las falacias de la impunidad

Los magistrados que rechazaron la 鈥渄octrina Dolmestch鈥 en 2012 han sido catalogados por El Mercurio como partidarios de la 鈥渏usticia absoluta鈥, sin recordar que la condena de estos sujetos fue dilatada por mecanismos de autoimpunidad por m谩s de tres e incluso cuatro d茅cadas. Para imponer su postura los partidarios de la dictadura y sus aliados han usado todo tipo de falacias:

– La falacia de la apelaci贸n a la l谩stima: se tratar铆a de internos con un estado de salud grave e irrecuperable que importa inminente riesgo de muerte o inutilidad f铆sica de tal magnitud, que le impide valerse por s铆 mismo. El mismo argumento usado por el dictador Augusto Pinochet para ser liberado en Londres y que se revel贸 como un enga帽o apenas pis贸 Santiago y se levant贸 de la silla de ruedas con el bast贸n en la mano.

– La falacia de la regla general para caso particular: Si todos los presos pueden acceder a los beneficios de la Ley N掳 18.216, los condenados por cr铆menes de lesa humanidad tambi茅n lo deber铆an poder hacer. 隆Se estar铆an violando sus derechos humanos, dicen sus partidarios! Pero se olvidan que la legislaci贸n internacional asigna a estos delitos, por su naturaleza y por los mecanismos de protecci贸n e impunidad que les han asistido, la expresa imposibilidad de acceder a estos beneficios si no han cumplido los plazos m铆nimos de condena y no han colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los casos en los cuales poseen informaci贸n. Si hubiera un solo condenado que hubiese actuado conforme a los criterios del Estatuto de Roma ser铆a acreedor de este beneficio. Pero no se presenta ninguno, lo que revela la cala帽a moral de los implicados.

– La falacia de la falsa analog铆a: Comparar a v铆ctimas y victimarios. El columnista mercurial Hern谩n Corral declaraba: 鈥淩esulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaraci贸n Universal con frases como 鈥榣os derechos humanos son de todos鈥, luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, aduciendo los m谩s diversos argumentos鈥. O la crueldad de las v铆ctimas, que desean el sufrimiento de estos ancianos. A lo que se suma Carlos Pe帽a, argumentando que se trata de un acto irracional: 鈥溌縊 acaso tiene sentido castigar a quien ya no es un yo capaz de vivenciar la experiencia del castigo, o a un viejo a quien el c谩ncer lleva a empellones hacia la muerte?鈥.

Ni crueles, ni vengativas, ni irracionales, las familias que han buscado la justicia para sus familiares asesinados por los agentes de la dictadura han mostrado una capacidad enorme de atenerse a las normas, arbitrarias e injustas, impuestas por el propio criminal que les vulner贸. Han persistido en su denuncia y en su empe帽o de justicia por d茅cadas, sin tomar la justicia por su propia mano, a pesar de que todo indicaba que era imposible llevar a puerto su demanda. Y sin embrago persistieron. Vivieron en carne propia que la 鈥渏usticia demorada es justicia denegada鈥, pero no abandonaron la esperanza.

Hoy su voz no forma parte de este debate. Acalladas, estigmatizadas, descalificadas y arrinconadas, ning煤n micr贸fono ha salido a recoger su palabra. Nadie ha recogido su palabra en una historia que les ha impuesto cargar de por vida, sin atenuantes, un dolor que nadie ni nada puede ni podr谩 aliviar. Mientras los defensores de la impunidad copan las portadas de los noticieros y los peri贸dicos, apoyados por acad茅micos y altos cl茅rigos, las v铆ctimas son acusadas de todo tipo de crueldades contra los militares en retiro. Si un extranjero desinformado llega al pa铆s y lee la prensa chilena seguramente pensar铆a que estos ancianos, dementes y enfermos, son las v铆ctimas de un Estado policial que les mantiene en una c谩rcel inhumana. Nadie le informar铆a de lo dif铆cil que fue conseguir llevarles ante la justicia, las d茅cadas de impunidad que les ampararon, y una vez en la c谩rcel, los beneficios penales de Punta Peuco o del Penal Cordillera, a los que accedieron sin que ninguno de sus actuales defensores objetara sus privilegios.

De all铆 que s贸lo cabe admirar la persistencia indubitable de las organizaciones de familiares de las v铆ctimas de violaciones a los derechos humanos. Su testimonio hace vida las palabras de Neruda al recibir el Premio Nobel de Literatura: 鈥淪贸lo con una ardiente paciencia conquistaremos la espl茅ndida ciudad que dar谩 luz, justicia y dignidad a todos los hombres. As铆 la poes铆a no habr谩 cantado en vano鈥

*Publicado en 鈥淧unto Final鈥, edici贸n N潞 867, 23 de diciembre 2016.

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