Cualquier análisis serio conduce a señalar que el gobierno de Daniel Noboa se refuerza en posiciones de derecha, en la obediencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y en un autoritarismo cada vez más pronunciado. No importa que en alguna ocasión haya señalado que personalmente es de centro-izquierda, que use el tema de la seguridad bajo el anuncio de seguridad ciudadana o que promueva un “nuevo Ecuador” más eficiente y liberal. En el fondo, es la vieja historia de decir algo para realizar lo contrario.
Al haber ganado las elecciones y tener una mayoría en la Asamblea Nacional, gracias a que un número de asambleístas de otros partidos rápidamente cambiaron de posición para apoyarle, se encuentra promoviendo una serie de leyes que en el país son llamadas popularmente como leyes “trole”, calificativo que se refiere a aquellas que tratan de muchos temas a la vez, aunque esto no lo permite la Constitución. Por ejemplo, la Ley llamada de Integridad Ciudadana trastoca 26 cuerpos legales diversos.
La estrategia para rápidamente adecuar al país a sus intereses de clase, básicamente con el pretexto de la seguridad, tiene dos problemas. El primero, los datos de la realidad. Por ejemplo, tras varias leyes justificadas en la lucha contra la delincuencia organizada, un Plan Fénix nunca presentado, declaratoria de conflicto armado interno, repetidos estados de excepción, presencia militar en calles y barrios, la ciudadanía mira aumentar las cifras de asesinatos.
En el primer semestre de este año se alcanzó la cifra récord de 4.557 asesinatos, un 47% superior al mismo periodo en 2024. Con ello se desenmascara que recientes decisiones de la Corte Constitucional sean las responsables de la violencia criminal.
El segundo estorbo que ha encontrado Noboa es la acción de sectores populares, democráticos y de izquierda. Desde allí se ha denunciado el uso de normas para beneficiar a los ricos, la decisión de despedir, por lo pronto, a cinco mil funcionarios públicos, la intención de colocar una base yanqui en Galápagos convirtiéndolo el patrimonio mundial en “portaviones natural” según la expresión de un reaccionario, la crisis educativa falta de presupuesto o la emergencia en la salud, cuando niños mueren en un hospital público por cánulas de apenas 3 dólares.
En estos últimos días, desde esos sectores salió también un importante número de demandas de inconstitucionalidad de las recientes leyes gubernamentales, que fueron aprobadas rápidamente por su control de la asamblea y porque se presentaron como económicas urgentes. La Corte Constitucional analizó los casos y de manera provisional resolvió con la motivación suficiente, suspender varios artículos constitucionales, pero no las leyes de manera íntegra ni permanente.
Sin embargo, el gobierno se puso en plan de guerra contra el único organismo realmente independiente. El primer ataque, con tono de amenaza dictatorial, fue la rueda de prensa en cadena nacional de dos ministros rodeados de militares y policías armados, pidiendo “explicaciones” y acusándola de impedir la lucha contra el crimen organizado y dejar desprotegida a la fuerza pública.
Luego, se repetiría que “no hay punto intermedio: se está del lado del país o de los enemigos del pueblo”, ubicando a los jueces en este segundo campo, iniciando una campaña con fotografías y nombres completos, la que sin duda los pone en riesgo. Noboa entonces anuncia que la próxima consulta popular incluirá una pregunta para permitir que la Asamblea realice juicios políticos a los jueces constitucionales para que puedan ser destituidos rápidamente, por una mayoría de la mitad más uno, cuando un juicio a un ministro requiere de dos terceras partes para la destitución. Se plantea, además, como información falsa, que la Corte no rinde cuentas a nadie.
Para dar un tono de respaldo popular, el gobierno convoca a una marcha nacional en Quito para el martes 12 de agosto, tras el feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia. Sin señalar de dónde salieron los recursos, se colocaron grandes pancartas de ataque personal con los rostros de los miembros de la Corte, a los que Noboa acusa de no querer dar la cara.
Se movilizó, según datos oficiales, al menos 730 buses interprovinciales que llegaron a Quito con gente que incluía funcionarios públicos y personas que no sabían las razones de la marcha. El número de militares, policías armados, tanques, helicópteros y camiones antimotines también cuestiona el supuesto carácter ciudadano de la marcha.
Mientras tanto, el perímetro de la Corte Constitucional estuvo militarizado por cientos de efectivos que retiraron las protecciones habituales del edificio. Un nuevo mensaje autoritario que atrae a los sectores más agresivos de la derecha. De hecho, unas pocas personas se pintaron la esvástica nazi en un brazo y marcharon realizando el saludo nazi, en una especie de ensayo de la presencia pública del fascismo.
Si Noboa logrará anular, atemorizar o directamente controlar la Corte Constitucional, habría terminado con la última institución que sirve de control y defensa de la Constitución. El resultado sería la supresión del Estado de Derecho y un gobierno en condiciones de hacer lo que desee, sin contención institucional. Ecuador entraría en una etapa cada vez más cercana a una dictadura, oprimiendo a los sectores populares, obediente al FMI y al gobierno norteamericano.
* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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