Imperio, medicina, piedad y ley
Trabajó Jesús Navarro 15 años como soldador en Pacific Steel, pagó impuestos, tenía seguro médico al día. Pero carece de de otros documentos que acrediten su residencia legal en Estados Unidos, así que cuando enfermó perdió su derecho a la vida. El hospital de la Universidad de San Francisco de California «lo siente mucho»: para él no habrá el transplante recomendado.| ARACELI MARTÍNEZ OTEGA.*
Cuando más cerca estaba Navarro de recibir un trasplante de riñón —tras siete años de angustiosa espera— su expectativa de vida se esfumó de golpe cuando un funcionario del sector finanzas del hospital de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) le dijo que no se lo podían hacer, porque era indocumentado (ilegal, en la jerga en uso).
«De frente el funcionario nos preguntó cómo estábamos en el país y si éramos legales. Nosotros no quisimos echar mentiras y dijimos que no», recordó Angélica, la esposa de Jesús Navarro.
«Esa persona nos dijo que Jesús iba a quedar en la lista de espera pero en suspenso hasta que arregláramos nuestra situación migratoria y teníamos un año», precisó.
La negativa a Jesús Navarro, se le dio en mayo pasado cuando trabajaba como soldador en la Fundidora Pacific Steel en Berkeley y tenía un seguro médico que, aún como desempleado, conserva con [la empresa] Kaiser y el cual tiene vigencia por 18 meses, a partir de enero.
Y es que después de 15 años de trabajar como soldador, Jesús Navarro perdió su empleo en enero pasado tras una auditoría del Servicio de Migración y Aduanas a la Pacific Steel, la cual hizo que 200 de sus 600 trabajadores fueran despedidos por ser indocumentados.
La respuesta al trasplante de Jesús Navarro salió a la luz pública con la tragedia que representó el despido de los trabajadores indocumentados. Dirigentes de la comunidad que se enteraron de su caso, empezaron de inmediato una campaña para presionar por el trasplante.
Aún cuando Navarro tiene que hacerse diálisis nueve horas cada noche, nunca faltó a su empleo desde que enfermó hace siete años, dijo. «A menos que tuviera una emergencia pero por más débil que me sintiera siempre iba».
Su esposa Angélica comentó que cuando les negaron el trasplante sintió que el mundo se les venía encima. «Me agarré llorando porque íbamos con muchas ilusiones, incluso cuando me hablaron, lloré de alegría. Pensé que ya se acercaba el día que mi esposo iba a tener su riñón».
Pero cuando el funcionario les dijo que no se podía, ella ofreció alternativas:» Le dije, qué tal si nosotros reunimos el dinero para las medicinas después del trasplante. Ni así se puede, nos respondió.
«Y nos comentó, que cómo iban a darle el riñón a una persona que no lo va a mantener con vida, porque según él, con un indocumentado nunca se sabe cuándo va a perder su trabajo; o si lo avientan para México, el riñón se va a perder porque no va a tomar sus medicinas.»
Hizo ver que incluso se ofreció ella misma a ser la donante del riñón porque resultó compatible. «También me dijo que no. Le dije entonces qué tal si nosotros reunimos el dinero (200,000 dólares) y me dijo que no se podía, que a indocumentados no».
Navarro dijo que agotadas todas las instancias se sintió con mucho coraje y triste. «Yo trabajé 15 años, pague impuestos, y un hospital está para salvar vidas», dijo.
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* Periodista.
En el periódico mexicano La Opinión.
Addenda
El siete de este mes de febrero de 2012 los médicos del hospital donde se trataba le comunicaron que sí, que iba a tener un transplante, pero no de un riñón de donante anónimo, sino de su cónyuge; la cirugía no contempla tratamiento posterior, al fin y al cabo Navarro es un ilegal. Más de 40.000 personas—en su mayoría de la comunidad mexicana— se movilizaron solidariamente con el ex soldador.
El «caso Navarro» tuvo un final ¿feliz?.