Jorge Querey, senador paraguayo: Brasil nos obliga a pagar la energía más cara

Carla Perelló – Nodal

En la tarde del 29 de julio el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aceptó la renuncia de cuatro de sus más cercanos funcionarios: el canciller Luis Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez; el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero; y el director paraguayo de la Itaipú Binacional, José Alderete.

La crisis política institucional se desató luego de que el extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, presentara su renuncia el pasado 24 de julio. Con su dimisión al cargo, el funcionario dio a conocer que estaba en contra del acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil el pasado 24 de mayo sin que ninguna de las autoridades lo diera a conocer a la sociedad.

Como consecuencia, el sábado 27 de julio organizaciones políticas y sociales se manifestaron en contra del acuerdo y reclamaron juicio político a cada uno de los responsables de esta firma por considerar que avasalla la soberanía del país. Ante este panorama Nodal consultó a Jorge Querey, senador de la nación por el Frente Guasú.

-¿Qué es lo que plantea ese acuerdo y por qué se percibe como perjudicial para el pueblo paraguayo?

Las actas bilaterales fueron firmadas por los embajadores de Paraguay y Brasil en contra de las decisiones y de las recomendaciones del equipo técnico de la ANDE, que es la institución que gerencia toda la transmisión de energía y es la contraparte paraguaya de Electrobras, de Brasil.

El problema es el siguiente: los términos en los que fueron redactadas las actas se contraponen con los intereses de la República de Paraguay generando un sobrecosto de casi 300 millones de dólares, a pesar de que nosotros deberíamos tener la libre disponibilidad de una energía que es más barata, que se llama energía adicional, versus una más costosa, que es la contratada y es la que debe contratarse a inicio de cada año. Aquí Brasil nos obliga a contratar esa energía más cara y genera el sobrecosto.

Eso significaría que los 300 millones de dólares tendrían que ser respondidos por la ANDE y al no haber reservas y no haber incluidas ninguna especificación de cómo se compensaría desde Itaipú, lo lógico es entonces que el Estado paraguayo a través del tesoro público pueda compensarlo. Esa compensación significa traducción a impuestos, a que suba la tarifa. Es decir, que pase a formar parte de las políticas públicas del Estado.

En segundo lugar, fue hecho en el más absoluto secretismo y cuando los técnicos de la ANDE se opusieron a este proyecto fueron excluidos de la negociación y subieron a las altas partes, es decir, fueron las cancillerías las que negociaron. Las cancillerías cierran este acuerdo sin que los técnicos paraguayos hayan tenido la más mínima participación. Los técnicos brasileños sí participaron.

Otro elemento importante es que hay aspectos de este acuerdo que sí toca lo que se denomina las notas reversales del año 1986 que son parte constitutiva del acuerdo Paraguay-Brasil sobre Itaipú, lo que significa que el acuerdo debería pasar por los congresos nacionales para su aprobación, lo cual el presidente Mario Abdo Benítez no hizo. Esto apunta a una situación muy delicada por cuanto en el 2023 nosotros tendríamos que estar discutiendo y debatiendo sobre la renegociación del tratado de Itaipú donde deberíamos tener la libre disponibilidad del 50 por ciento de toda la energía producida. Eso es muy importante para el desarrollo nacional y para pensar en un proceso de industrialización que haga viable un país mejor, más justo, y donde la pobreza sea erradicada.

Finalmente, en este caso el presidente, el canciller, el director de Itaipú lado paraguayo y el presidente de la ANDE, son absolutos responsables de esta acta bilateral. Sin embargo, ellos trataron de corregirlo y van a solicitar al Brasil la anulación de esta acta. A eso políticamente se suma el hecho de la solicitud a nivel nacional, de toda la ciudadanía, de las fuerzas políticas, la prensa y los movimientos sociales de que renuncien todas las personas involucradas y se rompa ese acuerdo.

Aquí hay mucha movilización, convocada justamente por el sindicato nacional de la ANDE. Hay una gran invasión de las redes y de los medios de comunicación de las posiciones en contra de esto y un alto consenso sobre que todos los responsables de esto deben irse del gobierno. Y si el presidente Abdo Benítez no corrige esta situación de una manera satisfactoria, y bueno, se pone a la posibilidad de irse él también.

-Desde el Congreso se ha creado una comisión bicameral de investigación y seguimiento, ¿cuáles son los pasos en ese sentido? ¿Es posible la anulación del acuerdo?

-La Comisión bicameral de investigación se rige por una serie de pautas del reglamento interno que es equiparable a la Constitución Nacional. Esta comisión tiene atribuciones muy amplias para investigar sobre todo en casos de relevancia pública. Comenzará a trabajar justamente sobre las situaciones que se hayan generado, porqué y quiénes fueron los actores, cuáles fueron los intereses, entre otros puntos. Tiene grandes alcances, sin embargo, el trabajo que pueda desarrollar la comisión es un trabajo que tiene dos meses prorrogables por otros dos meses, por lo tanto, no es de resultados inmediatos.

-¿Estiman cuáles puede llegar a ser las consecuencias de anulación de este acuerdo?

-La consecuencia de la anulación es básicamente que las partes tienen que sentarse a negociar de nuevo. Es decir, inicialmente los sectores técnicos de Electrobras y de la ANDE, en segundo lugar, si no hay acuerdo, las altas partes, lo que implica al presidente de la república, al canciller y eventualmente alguien designado dentro de la cancillería.

-¿Por qué suponen que los altos cargos, incluido el presidente, decidieron no escuchar las recomendaciones de los equipos técnicos que sugerían que no se firmara este acuerdo?

-Esa es una respuesta que el presidente  ni el canciller han podido explicar. Es más, se filtraron audios y grabaciones de reuniones en las cuales los técnicos expresaban su absoluto desacuerdo con el contenido de esta acta bilateral. Entonces, la gente de cancillería y el embajador paraguayo en el Brasil asistieron a las reuniones y los técnicos de ANDE fueron sacados de la delegación y no participaron en las conversaciones con respecto a este acuerdo.

-¿Por qué sostienen que fue secreto?

-Por la sencilla razón de que fue firmado el 24 de mayo pasado y el 1° de julio el presidente de la república hizo el informe a la nación ante el Congreso nacional y en ningún momento trascendieron los resultados de esas conversaciones. Otro aspecto fundamental es que sí es posible la anulación de este acuerdo porque según los análisis de nuestros asesores no están todas las firmas aún necesarias para el acuerdo.

Por lo tanto, el presidente de la república puede poner freno. En tanto, nuestros técnicos consideran que afectan al tratado Brasil-Paraguay, por lo que debe pasar por el Congreso y en el Congreso hay una amplia mayoría de rechazo a este acuerdo.

-¿A partir de la aceptación de estas renuncias cambia algo el panorama institucional y el político?

-A partir de ahora el panorama institucional y político tiene cierto reequilibrio en el sentido de que el presidente deberá retirar definitivamente la propuesta, lo que sucederá en el curso de la semana. Sin embargo, hay que aceptar que realmente es una válvula un poco de descompresión de la situación que en 72 horas elevó la temperatura a niveles muy altos. Ahora estamos pendientes de que en el curso de la semana se dé la reunión bilateral entre Paraguay y Brasil para saber qué sucederá con las actas.

Dependerá de si los brasileños se ponen duros en el sentido de no aceptar el retiro. Ahí va a estar complicada la situación porque probablemente la única posible negociación sea ya con Mario Abdo Benítez, el presidente de la república. Sin embargo, todavía hay un camino por andar. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores sacaron sendas decisiones. La Cámara de Diputados emplazó a que en 24 horas se aceptara la renuncia, que ya se produjo, de todos estos ministros y autoridades de alto nivel.

En la de Senadores se sacó una resolución en la cual se comunica al presidente de la república el rechazo de esa acta. Por lo tanto, hay cuestiones pendientes que en el curso de la semana se van a ir resolviendo. La Comisión bicameral de investigación ya se está conformando y desde allí se investigará las responsabilidades políticas y eventualmente penales que surgieran de las acciones de estos gerentes públicos de alto nivel.