La Amazonia bajo el gobierno de Bolsonaro
Una de las características más llamativas del primer año del gobierno de Jair Bolsonaro ha sido su política «anti medioambiental», que también se expresó en la prensa internacional tras las insensatas declaraciones del Presidente de la República y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
Esta política se manifestó en numerosos escándalos, como el aumento de la deforestación y las quemas en la selva amazónica, así como ataques contra los pueblos indígenas (amerindios), ilustrados por el asesinato de dirigentes amerindios, como los pertenecientes a los pueblos Guajajara (en el Estado de Maranhão) y Waiãpi (en el Estado de Amapá). El número de asesinatos de personas pertenecientes a pueblos indígenas es el más alto en los últimos 11 años, con 7 líderes asesinados por orden de Capital solo este año.
La deforestación y la violencia contra los pueblos indígenas son fenómenos que van de la mano, pues la explotación forestal ilegal, el grilagem [apropiación ilegal de tierras mediante la falsificación de títulos de propiedad] y los garimpos [minería, oro, entre otros. ] ilegales se llevan a cabo en gran medida, precisamente, después de la invasión de tierras indígenas por parte de empresarios criminales y con el aval del discurso anti-indígena y anti-ambiental de las autoridades, representadas por los Salles y Bolsonaro.
Los ataques contra el medio ambiente amazónico y los pueblos indígenas comenzaron el primer día del gobierno de Bolsonaro con el intento de suprimir el Ministerio del Medio Ambiente (MMA-Ministério do Meio Ambiente), a lo que Bolsonaro tuvo que renunciar debido a su repercusión más que negativa. Como no podía simplemente eliminar el MMA, decidió ponerlo a disposición de los intereses del latifundio y los agronegocios.
La salida del personal técnico del ministerio y la parálisis de iniciativas como los programas de defensa ambiental se traducen en una reducción del 24% en el presupuesto de IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) para el año 2019 y el 34% en las multas impuestas por la agencia pública a los responsables de la deforestación; esto solo en la primera mitad de 2019.
Otro ejemplo del desprecio de este gobierno por el calentamiento global fue la cancelación de la COP25, que se celebraría en Brasil, el evento de cambio climático más grande del mundo. Además, durante todo el año, el gobierno atacó el Fondo Amazonas (Fondo Internacional de Lucha contra la Deforestación), haciendo imposible el uso de los recursos reunidos [en agosto de 2019, el Fondo detuvo su proyecto]. Además, el gobierno ha creado un organismo regulador para revisar y anular las multas medioambientales.
Aunque los ataques del gobierno actual en la Amazonia pueden haber tenido fuertes repercusiones internacionales, lo más significativo ha sido el aumento brutal en las tasas de deforestación y la renuncia del ex presidente del Instituto Nacional de Estudios e Pesquisas), Ricardo Galvão [físico reconocido], acusado por el Presidente de la República [en una conferencia de prensa celebrada el 19 de julio de 2019, seguida por los medios de comunicación internacionales] de mentir sobre los datos publicados.
La selva amazónica se vio envuelta en llamas entre mediados de 2018 y mediados de 2019, lo que resultó en una tasa 88% más alta (en términos de área quemada) en comparación con el año anterior. Hasta el punto de que una ciudad como Sao Paulo ha sentido los efectos del humo y la baja humedad (lluvias) como un efecto colateral de los incendios.
Esta política de muerte y destrucción también ha dado como resultado el permiso irresponsable otorgado por el Ministerio de Agricultura para verter pesticidas de forma masiva. Solo en la primera mitad de 2019, el gobierno autorizó 239 nuevos pesticidas, incluidas al menos 14 sustancias prohibidas en otros países.
Con respecto a la cuestión indígena, debe destacarse que el gobierno se opone radicalmente a la demarcación (delimitación) de las tierras indígenas y sus intenciones, expresadas repetidamente durante todo el año, no son otras que permitir minería en estas tierras.
Bolsonaro ha intentado aprobar, pero afortunadamente ha sido derrotado dos veces (una ante la Corte Suprema Federal y otra por la Cámara Federal) su plan de retirar de FUNAI (Fundación Nacional del Indio) la atribución de la delimitación de tierras indígenas y transmitirla al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, como Bolsonaro ha dicho repetidamente, con su gobierno no habrá un milímetro de tierra para los nativos (amerindios).
Por el contrario, sus secuaces estudian, desde el primer día de su investidura, un medio para reducir las unidades de conservación y las tierras protegidas, incluidas las tierras nativas reconocidas [la Constitución de 1988 garantiza a los amerindios un derecho inalienable a vivir en sus tierras ancestrales y ser sus dueños]. Todo ello para permitir la explotación económica, en particular la actividad minera, en estos territorios preservados. 
Si esta medida se adopta y aprueba efectivamente, 215 territorios indígenas, que ocupan un área equivalente a 8 millones de campos de fútbol en la Amazonia legal, corren el riesgo de ser devastados. La política estatal y paraestatal de genocidio de los pueblos amerindios podría alcanzar su clímax debido a la multiplicación de los conflictos agrarios y socioambientales.
Todos estos ataques tienen como objetivo establecer un nuevo nivel de explotación de la naturaleza, incompatible con la existencia de pueblos indígenas y la preservación de la selva, el agua y la tierra en una de las biomasas terrestres más importantes. Bolsonaro quiere transformar a los amerindios en «emprendedores» y los recursos naturales aún conservados en bienes disponibles para la depredación capitalista. El actual presidente de Brasil es una amenaza para la existencia del planeta y debe ser detenido. Es urgente.
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur