La autoexclusión paraguaya
El gobierno paraguayo anunció que planifica la eliminación de la venta de energía producida por las hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá a Brasil y Argentina, sus socios en la administración de esas usinas. La cancillería informó que una comisión del Ejecutivo prepara una propuesta para la modificación de los tratados mediante los cuales comparte en partes iguales con Brasilia y Buenos Aires la energía proveniente de las instalaciones hidroeléctricas.
Todo se origina en el hecho de que Paraguay apenas consume una porción de su 50 por ciento, entre otras cosas, por la falta absoluta de infraestructura y la poca industrialización para utilizar esa fuente energética, y vende el resto en forma preferencial a Brasil y Argentina.
La posibilidad de cesar en esa venta fue mencionada en los últimos meses por el gobierno de facto liderado por Federico Franco en medio de opiniones con un tinte político, ante la molestia paraguaya por su suspensión en la membresía de Unasur y Mercosur, tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
Las amenazas no pasaron de ser parte del debate político, pero ahora el anuncio de la integración de la comisión gubernamental para preparar modificaciones a los tratados y los nuevos argumentos utilizados cambiaron el carácter del asunto.
El tema se tocó públicamente por el canciller, José Fernández, en momentos que el país se encuentra al borde de un colapso total de su sistema de suministro eléctrico, sufriendo altísimas temperaturas y largos apagones, especialmente en zonas residenciales.
Una línea de 500 megawats que se construye con fondos facilitados por Mercosur para aumentar la generación tiene serias demoras para su culminación en 2014, afronta deficiencias en la obra y se advirtió que apenas servirá para aliviar un poco las líneas sobrecargadas.
Sin embargo, además del trasfondo político del anuncio gubernamental, la oposición planteó que el objetivo verdadero es la entrega subsidiada de la energía a la multinacional Río Tinto Alcán, que esta semana debe firmar un primer acuerdo para instalarse en el país.
Este gigante productor de aluminio, cuya forma de funcionamiento es electrointensiva, concita el rechazo de organizaciones sociales y partidos de izquierda por considerar que afectará la soberanía energética nacional y provocará severos daños al medio ambiente y a la salud de la población.
Junto a Río Tinto, afirman, otras transnacionales -fundamentalmente estadounidenses- recibirían beneficios en el suministro de electricidad para su funcionamiento en el Chaco paraguayo.