Atribuir el actual conflicto en Bolivia y la mala gestión gubernamental a dirigentes opositores insertos en el aparato estatal, a vándalos disfrazados de indígenas ponchos rojos o a lineamientos emitidos por el expresidente Evo Morales, es ignorar la magnitud de la crisis y analizar con simplismo la complejidad de nuestra diversidad y realidad social.
La reciente declaración presidencial, provocó en la población una sensación de improvisación en el tratamiento de los temas vitales del país. Manifestó que no se va a privatizar las empresas estatales, pero guarda silencio de la negociación de los créditos millonarios solicitados ante organismos financieros internacionales que condicionarán su aprobación al cierre o privatización de las empresas estatales.
En seis meses, lo más sobresaliente del gobierno del presidente Paz, fue la profundización de la crisis y el daño económico de los numerosos escándalos de corrupción. ¿Por qué el presidente no reconoce la corrupción y tampoco la combate con decisión? ¿Políticamente a quiénes está protegiendo?
El escándalo del combustible atribuido a un grupo político empresarial que ocupa ministerios y cargos ejecutivos en las entidades estatales, fueron los responsables de adquirir con sobreprecios y mala calidad la “gasolina basura” que ocasionó el deterioro de miles de motores de las movilidades en el país. Originalmente se intentó apuntar como un ejemplo típico de mal servicio, a la institucionalidad estatal (YPFB).
La magnitud del escándalo y la presión popular exigió que el gobierno y la fiscalía empiecen a investigar señala La Época. Hasta ahora los resultados son inciertos y más allá de la renuncia de altas autoridades y los informes genéricos de las investigaciones, el estado no ha responsabilizado, tampoco ha identificado a los culpables de este negociado. Por lenidad y supuesta complicidad, también la justicia y la fiscalía, se encuentran cuestionadas por la población.
La Defensoría del Pueblo informó que los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el departamento de La Paz dejaron decenas de arrestados y personas.
La situación en Bolivia ha alcanzado un punto crítico con enfrentamientos violentos, heridos y detenidos en La Paz, donde las fuerzas de seguridad intentaron desbloquear carreteras bloqueadas por sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes han respondido con explosivos caseros, piedras y ataques contra trabajadores de prensa. La Defensoría del Pueblo ha reportado 47 detenidos y cinco heridos.
Aunque el malestar social, la inseguridad y el agotamiento de experiencias progresistas abrieron espacio para liderazgos de derecha o ultraderecha, esos mismos gobiernos enfrentan rápidamente el costo de administrar economías frágiles, sociedades movilizadas y expectativas de cambio difíciles de cumplir.
Sin duda, el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos fortaleció discursivamente a varios sectores conservadores latinoamericanos, aunque también provocó reacciones nacionalistas y tensiones diplomáticas en distintos países.
La riqueza de Bolivia es indiscutible, y no solo con relación al litio. Hoy el subsuelo boliviano puede proveer varios de los minerales más requeridos por la industria tecnológica y armamentista.. En el país se encuentran 31 de los 38 minerales críticos y tierras raras que actualmente se demandan para todo tipo de innovaciones tecnológicas como son el antimonio, el bismuto, el estaño, la plata, el zinc, el germanio, el manganeso, el niobio y el tantalio, para fabricación de baterías, inteligencia artificial, instrumental tecnológico de altísima precisión o recursos militares de última generación.
Estados Unidos debe fortalecer sus cadenas de suministros de minerales críticos y estratégicos ya no sólo para afrontar una crucial competencia con China, sino también para enfrentar a cualquier enemigo que desafíe su voluntad hegemónica y su exaltado ánimo bélico. El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, en el que el litio ocupa un lugar prioritario.
El convenio no establece ninguna garantía de industrialización en territorio boliviano, así como tampoco obliga a las empresas estadounidenses interesadas a construir plantas de procesamiento ni a definir mecanismos de transferencia tecnológica. Tampoco fija porcentajes mínimos de valor agregado local y deja abierta la principal pregunta: quién o quiénes se quedarían con las principales ganancias que proporcione la libre explotación de los recursos estratégicos.
El principal interés está puesto en el litio, del que Bolivia poseería 23 millones de toneladas, lo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos la convertiría en el mayor depósito de este recurso a nivel mundial. Sin embargo, en 2025 produjo poco más de dos mil toneladas, frente a las 56 mil de Chile. La brecha no sería geológica, sino estructural: se requerirían enormes inversiones para asegurar el procesamiento del litio en función de la creciente demanda desde el norte.
La urgencia por conseguir dólares movilizó a Paz a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 3.300 millones de dólares, rompiendo así uno de los principales puntos del acuerdo alcanzado con la izquierda que lo apoyó en el balotaje de octubre de 2025 para que no triunfara su oponente, Jorge “Tuto” Quiroga, de posturas inicialmente mucho más conservadoras y con estrechos lazos con la ultraderecha global.
Ante al ascenso de la protesta social, el gobierno se ocupó de alterar y de distorsionar el relato de la necesidad económica para avanzar, en cambio, en la esfera de la seguridad, uno de los intereses prioritarios del establishment estadounidense en lo que respecta a la América andina.
El regreso a Bolivia de la DEA, la agencia estadounidense contra las drogas, en noviembre de 2025 y tras 17 años de ausencia, se concretó finalmente bajo una razón central: la búsqueda y captura del expresidente Evo Morales, oculto en la región de El Chapare, señalado como el principal instigador de las protestas y máximo enemigo del gobierno. Su detención es de máxima prioridad para Washington.
Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el gobierno y cada vez más inclinado a la influencia de Donald Trump, anunció el acuerdo con el FMI como si se tratara de un hito histórico que le posibilita a Bolivia insertarse en las más amplias redes del comercio global de recursos minerales.
Atribuir el actual conflicto y la mala gestión gubernamental a: dirigentes opositores insertos en el aparato estatal, a vándalos disfrazados de indígenas ponchos rojos o a lineamientos emitidos por el ex presidente Evo Morales, es ignorar la magnitud de la crisis y analizar con simplismo la complejidad de nuestra diversidad y realidad social.
Corrupción
En seis meses, lo más sobresaliente del gobierno del presidente Paz, fue la profundización de la crisis y el daño económico de los numerosos escándalos de corrupción. ¿Por qué el presidente no reconoce la corrupción y tampoco la combate con decisión? ¿políticamente a quiénes está protegiendo?
El escándalo del combustible atribuido a un grupo político empresarial que ocupa ministerios y cargos ejecutivos en las entidades estatales, fueron los responsables de adquirir con sobreprecios y mala calidad la “gasolina basura” que ocasionó el deterioro de miles de motores de las movilidades en el país. Originalmente se intentó apuntar como un ejemplo típico de mal servicio, a la institucionalidad estatal (YPFB).
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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