La «marca Bachelet» y la soberbia concertacionista

Fabián Araneda

Las responsabilidades de Bachelet en el manejo de la crisis del 27-F son vistas desde el oficialismo como una gran oportunidad para socavar el apoyo y adhesión popular que dan a la ex mandataria las encuestas de cara a las próximas elecciones. Han intentado varias veces, con distintos énfasis, establecer que la capacidad de liderazgo y de resolución, al fragor del terremoto y tsunami, muestra inoperancia de su parte.
En esta línea, incluso la vocera de gobierno la llamó a pedir perdón a las víctimas. | FABIÁN ARANEDA.*

Sin embargo, nada de eso ha resultado.
Ello porque la crítica desde la derecha es oportunista, de vocación meramente electoralista y por ende solo busca empatar responsabilidades entre un gobierno que aquella noche se mostró inepto (qué duda cabe) y el fracaso de la reconstrucción (responsabilidad del gobierno actual).

A ello sumemos la profunda crisis de credibilidad del gobierno y del propio presidente, cuestión que hace que cualquier cosa que digan o hagan cuente con la más amplia desconfianza ciudadana. Junto con eso el gobierno ha mostrado ser tanto o más ineficiente que el anterior. El discurso de la excelencia o «el gobierno de los mejores» se fue a los tumbos.
Hoy la derecha está en la UTI. No es opción.

La revelación de las declaraciones de Bachelet ante la fiscal a cargo del caso volvió a poner el tema en el tapete. A medida que se van recabando nuevos antecedentes queda en evidencia el mal manejo de aquella fatídica jornada. Esa ineficiencia se tradujo en cientos de muertos y damnificados, y por ende debe ser castigada por la opinión pública.

Pero… ¿cuál es la verdadera responsabilidad de Bachelet?
Bachelet encabezó un mal gobierno. A veces los números y la encuestitis hacen que perdamos la memoria reciente. En particular, la noche del 27 de febrero de hace tres años evidenció bajos niveles de coordinación entre el gobierno central y las regiones (un centralismo asfixiante) y un nulo manejo de las operaciones de las FFAA, con comandantes que siguieron durmiendo tras el sismo y no tenían aviones disponibles para recorrer el país.
Se perdieron horas vitales, al no tener información de lo que pasaba en Concepción y en Talcahuano, debido a un impresentable estado de los sistemas de comunicación. Hablamos de errores que eran fácilmente evitables, pero que costaron la vida de cientos de chilenos.

Empero, más allá de enumerar la larga lista de errores técnicos y de procedimiento, nuestra impresión es que la crisis de aquella fatídica noche no es sólo ineficiencia, es la puesta en escena de un gobierno más preocupado de la imagen y popularidad de una presidenta saliente que de diagnosticar y resolver efectivamente una crisis.
Había que resguardar «la marca Bachelet». 

La soberbia los llevó a hablar de marejadas en vez de maremoto. En las primeras horas hubo una obsesión en las voces concertacionistas para bajar el perfil a lo ocurrido (basta escuchar las declaraciones del intendente del Bío Bío, el socialista Jaime Tohá, esa madrugada).
La marca Bachelet era más importante que la realidad que golpeaba brutalmente y sin aviso a miles de chilenos.

Esa marca ha sido resguardada por los barones del PS. Ella calla, ellos blindan y la promueven. La defienden con garras y colmillos sedientos por recuperar La Moneda. El problema es que la marca Bachelet no se vende separada de sus agentes y operadores. Si ella gana, la soberbia concertacionista volverá a instalarse despreciativa de las demandas ciudadanas y populares.
Esa soberbia bien la conocimos durante las movilizaciones estudiantiles del 2006 o tras el asesinato de Matías Catrileo.

Porque las limitaciones, el techo de lo posible con la Concertación, se demostró desde el primer momento de ese último gobierno de “centro-izquierda”, cuando, mientras Bachelet asumía el gobierno, los pobladores de Peñalolén intentaban tomarse un terreno para lograr el sueño de la casa propia en medio de gases lacrimógenos; lo hizo nuevamente cuando miles de estudiantes secundarios salían a las calles ese mismo año exigiendo una transformación real de la educación —en una antesala de las potentes protestas que protagonizaríamos el 2011— sólo para ver cómo las autoridades de gobierno llegaban a un acuerdo con la derecha política, perfectos voceros de las necesidades empresariales, en un triste eco del acuerdo de 2005 que creó el Crédito con aval del Estado y profundizó la mercantilización de la educación.

En los hechos la Concertación ha sido la mejor defensora de los intereses de los empresarios, y ejemplos en ese sentido se pueden mencionar por decenas: la privatización de los puertos, la política intensa de concesiones de obras públicas como las carreteras, los beneficios múltiples para los privados en el manejo de nuestros recursos naturales, las continuas políticas de flexibilización laboral —con el apoyo eterno de la CUT—, la progresiva militarización del Wallmapu y un largo etc.

Apoyar a Bachelet es dar respiración boca a boca a una coalición moribunda. Pensar que una vez en el gobierno la Concertación respetará el programa que pacten es al menos iluso. Ya lo hicieron el 90. Basta releer el notable libro El Programa abandonado, del economista Hugo Fazio.

Tampoco pretendemos simplificar. No dudamos de las intenciones de verdadera transformación del modelo neoliberal que poseen sectores de la izquierda de la Concertación o del PC. El problema es que estos “buenos muchachos” no podrán avanzar sobre el muro conservador construido  por el eje DC-PS, el que también posee el mayor caudal de votos de la coalición, condición que los convierte en el bloque de mayor influencia a la hora de tomar decisiones políticas.



¿Volveremos entonces en las próximas elecciones a escuchar la cantinela del mal menor o los llamados a «parar la derecha»?
Eso hoy no es suficiente y va a contracorriente de un pueblo que ha estado en la calle movilizándose y conquistando espacios. Si algo hemos aprendido es a defender nuestras convicciones cada vez con más fuerza y energía y no nos dejaremos encantar por quienes han co-construido un modelo desigual y antidemocrático.
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Vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECH).