América Latina se ha convertido en el tablero invisible de la competencia entre China y Estados Unidos. La pugna global por influencia ya no se mide solo en ejércitos, misiles o conflictos abiertos, sino en puertos estratégicos, infraestructura crítica, cables submarinos, inversiones millonarias y acuerdos comerciales que condicionan decisiones nacionales.
La rivalidad entre China y Estados Unidos redefine el panorama geoeconómico latinoamericano. Mientras Washington privilegia acuerdos bilaterales y mecanismos de presión comercial, Beijing avanza con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y proyectos vinculados a la mejora de la infraestructura.
Sin embargo, esta competencia trasciende lo económico: implica una tensión entre modelos de gobernanza global y marcos jurídicos internacionales divergentes que obliga a los países latinoamericanos a recalibrar sus estrategias de inserción internacional en el marco de la disputa por la
hegemonía mundial. De ahí que valga la pena preguntarse qué lugar ocupa Latinoamérica en esta disputa.
En su competencia con China, Estados Unidos necesita a América Latina para la provisión de minerales, tierras raras y energía que estarán en disputa en otras zonas del planeta. Pero la tradición estadounidense con la región ha sido el saqueo y la intervención a través de golpes militares o gobiernos sumisos dispuestos a entregar la riqueza de sus países.
Trump amenazó con convertir a Canadá en otro estado de Norteamérica, amagó con enviar tropas a México para “combatir al narco” y aumentó las tarifas aduaneras a Brasil en castigo por haber encarcelado al ex presidente Jair Bolsonaro que intentó un golpe de Estado que incluía el asesinato de Lula.
El brutal ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y el criminal bloqueo a Cuba son muestras de cómo piensa Washington la “libre asociación” con la región. Cuba no tiene petróleo para sus hospitales, los quirófanos no funcionan, el pueblo cubano está sufriendo penurias inhumanas por el bloqueo. Es lo que quieren Trump y su Secretario de Estado Marcos Rubio.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue condenado a cincuenta años por introducir media tonelada de cocaína en Estados Unidos. Trump lo liberó y lo envió al país centroamericano. La semana pasada, Diario Red difundió una serie de audios entre el narcotraficante liberado por Trump con el presidente hondureño Nasry Asfura. Hernández aseguró que no era su voz, pero la conversación encaja en contenido y protagonistas.
Hernández aseguraba que Javier Milei se había comprometido a poner 350 mil dólares para instalar una oficina de prensa para atacar con falsa información a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la familia Zelaya, de los ex presidentes hondureños José Manuel Zelaya Rosales e Iris Xiomara Castro Sarmiento. En el audio que se difundió se habla de una oficina de prensa para toda América Latina que sería manejada desde Miami dirigida “por un especialista de acá”.
China concentra sus inversiones en infraestructura, energía y transporte. En Panamá, la expansión del puerto de Colón significó 1.200 millones de dólares, con contratos a 25 años que comprometen decisiones sobre soberanía portuaria. En Perú, la construcción de ferrocarriles y terminales portuarios ya supera los 4.500 millones, con participación directa de empresas estatales chinas.
El proyecto mundial de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, introducido por el presidente Xi Jinping en 2013, es una clara expresión del poder blando chino, en el que predomina la cooperación inclusiva y el pragmatismo. Latinoamérica ingresó tardíamente a la Iniciativa, pues la cooperación marítima implicaba conectividad geográfica entre África, Asia y Europa. La presencia china en la región ofrece una oportunidad de diversificación y de apertura a iniciativas en sectores clave, con una lógica de ganar-ganar y de pragmatismo, propia del estilo de negociación chino.
El panorama para Latinoamérica en interlocución con Estados Unidos es delicado. El nuevo acercamiento estadounidense, que privilegia los palos sobre las zanahorias, hace que buena parte de la región deba plantear y repensar con sumo cuidado cómo actuar, manteniendo siempre una sintonía entre las dimensiones nacional e internacional, señala Foreign Affairs.
Más de veinte países latinoamericanos y caribeños han aceptado ser parte de la ella. Excepto por Brasil, Paraguay —mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán— y Panamá —retirado por la presión del gobierno estadounidense en 2025—, cada país adherente está ahora inserto en proyectos de cooperación de distinta naturaleza: desde infraestructura física (Argentina, Bolivia-Brasil y Perú), comercio e inversión (Chile, Panamá y Uruguay), cooperación energética (Argentina, Ecuador y Jamaica), desarrollo digital (Argentina, Chile y Cuba), hasta intercambio cultural y académico (Cuba y Perú). El último país que procuró su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue Colombia.
En Argentina, las represas y parques solares financiados por bancos chinos alcanzan 7.000 millones de dólares; y en Brasil, la red eléctrica State Grid controla más del 30% de la distribución nacional. Cada proyecto amplía el margen de influencia de Pekín y refuerza su presencia económica en sectores clave.
Estados Unidos mantiene su dominio a través de acuerdos históricos y cooperación económica. México intercambia más de 600.000 millones de dólares anuales con EE.UU. bajo el USMCA, mientras Brasil recibe inversiones tecnológicas y de infraestructura por más de 3.000 millones. Washington busca asegurar que la región mantenga modelos de gobernanza compatibles con sus intereses, apoyando instituciones locales y monitoreando proyectos estratégicos y tratando de contener a los candidatos e ideas progresistas.
La balanza es frágil. América Latina depende del financiamiento externo para puertos, carreteras y energía. Cada préstamo chino con tasas blandas se traduce en influencia política, mientras cada programa estadounidense impone condiciones regulatorias. Ninguna potencia ofrece desarrollo sin costo: una exige alineamiento político; la otra, apertura total de mercados.
China
En 2023, China acumulaba más de 150.000 millones de dólaresen préstamos e inversiones directas en América Latina. Estados Unidos, por su parte, mantiene acuerdos comerciales y de inversión que superan los USD 200.000 millones, incluyendo cooperación tecnológica y seguridad regional. Perú, Chile, Panamá, México y Brasil se ubican en el centro de esta disputa: son puntos neurálgicos para el comercio, el transporte y el acceso a materias primas críticas.
La competencia no solo busca controlar rutas y recursos, sino moldear instituciones, normas y dependencias. La capacidad de definir estándares tecnológicos, reglas de comercio y marcos de inversión se ha convertido en el nuevo campo de batalla geopolítico. América Latina es hoy el laboratorio donde se mide la habilidad de ambas potencias para influir sin intervenir.
Esta guerra silenciosa impacta directamente en democracias, soberanías y desarrollo. Cada puerto construido, cada ferrocarril financiado y cada cable submarino instalado redefine quién tiene poder y quién queda subordinado. El desafío histórico para la región es claro: negociar con superpotencias sin perder autonomía y proteger sus intereses estratégicos.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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