México. – LA MILICIA DE CALDERÓN

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio hizo suyas las declaraciones del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien en días pasados declaró su «profunda preocupación» por la vida de las 14 mujeres que fueron violadas por 12 militares en activo la madrugada del 11 de julio del año pasado.

Tal y cómo lo dice el Obispo Vera, asegura el Observatorio en un comunicado, los militares acusados si no son sentenciados ‘van a salir a matarlas’, lo cual se convierte en una amenaza probable, dada la inacción gubernamental al respecto.

La preocupación del Obispo Vera, señala el Observatorio, es que las víctimas y su representación legal han sido constantemente hostigadas, amenazadas en sus bienes y en sus vidas, sin que el Estado cumpla con su obligación de salvaguardarlas.

«Y no nos referimos solamente al gobierno del estado de Coahuila, sino a los tres niveles de gobierno que no se han ocupado de otorgar medidas cautelares de protección, al legislativo cuya omisión ha permitido que el ejército se encuentre todos los días en la calle, en abierta violación del artículo 129 constitucional».

Y nos referimos también al poder judicial, añade el comunicado, quién con su dilación en la resolución de este caso, ha permitido la incertidumbre y la continuación de la amenaza antes mencionada a las víctimas.

Por tanto, ante la dilación en la sentencia, retraso que para Vera huele muy mal, el Observatorio «hace un urgente llamado al juez penal que tiene a su cargo la sentencia de cargo, para que a la brevedad resuelva, como lo indica el coordinador de la Procuraduría del estado en Monclova, Luis Horacio Hoyos, quien considera que hay elementos suficientes para una sentencia mayor a 20 años de condena».

Hacen eco también del llamado que la Diócesis de Saltillo hizo al juez a analizar y ponderar las acusaciones realizadas por las víctimas, para que éste se convierta en un caso paradigmático que ejemplifique, sin lugar a dudas, qué es lo que sucede en la legalidad cuando los militares abusan de su fuero de guerra. «De no ser así, se estará enviando un mensaje de impunidad y permisibilidad criminal a un ejército que no atiende los dictados de la Constitución».

El Obispo de Saltillo, al hablar sobre la sentencia, dijo que el juez se apegó a un artículo que señala que cuando el expediente pasa de determinado número de fojas se aumenta el plazo para emitir un fallo. Pero que «ya huele muy mal, parece ser que se estuvieran buscando los subterfugios para que no haya protestas por el hecho de que los dejen ir».

Urgió a que se dicte una sentencia verdaderamente justa, porque las mujeres violentadas fueron vejadas durante cerca de cuatro horas, «no sólo fue una violación, es el conjunto de los 20 soldados que dañaron la integridad de estas mujeres. Es decir están dejando en la impunidad los delitos de los agresores que no fueron capturados al culpabilizar a 12 soldados y capturar a ocho que están siendo procesados en un juicio muy lento».

Los militares que están siendo procesados son: el subteniente Norberto Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, el cabo Norberto González Estrada y los soldados Angel Antonio Hernández Niño, Rosendo García Jiménez, Fernando Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Casimiro Ortega Hernández.

Y hay tres militares prófugos de la justicia: Ricardo Hernández, Baldomeano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez, quienes pertenecían al 14 Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, Coahuila y que lograron evadir no sólo la acción de la justicia, sino también la disciplina y vigilancia militar de sus mandos.

Un régimen militarizado

Vera habló también de otros casos que definen para él un contexto preocupante: la actuación del ejército en el ámbito civil se ha sobre limitado y las acciones del gobierno van encaminadas a convertirse en un régimen militarizado, violatorio de las garantías individuales, advirtió.

En los últimos dos años en Coahuila, ocurrió no sólo el caso de Castaños, sino también la detención arbitraria de cuatro periodistas en Monclova y la agresión sufrida por policías ministeriales, estatales y municipales en Ciudad Acuña, sin contar lo sucedido en Zongolica y otros casos que hablan de la impunidad con que trabaja el Ejército Mexicano con la indiferencia de las autoridades civiles.

Vera López comentó que observa una prepotencia, una falta de respeto a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las autoridades. «Es sumamente preocupante, no lo podemos tomar a la ligera, no podemos dejar que esto camine a una especie de régimen militarizado y que el día de mañana se convierta en una dictadura militar».

Añadió que las autoridades civiles se deben preocupar muchísimo, «no estamos de acuerdo, no queremos regresar a la época posrevolucionaria, no queremos regresar a la época de las dictaduras militares de América Latina».

El prelado enfatizó que es descarado el proceder de la milicia, porque está montando un aparato de amedrentamiento, con las políticas económicas, de seguridad y de migración. Dijo que la problemática de las y los migrantes centroamericanos se agrava, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cortó las vías ferroviarias, lo que impide que ahora puedan trasladarse hacia la frontera norte del país.

Señaló que la instrumentación del Plan Colombia en México, a sugerencia de las autoridades norteamericanas no será efectiva, «tan sólo basta ver el ejemplo de Colombia, este plan no surtió ningún efecto».

El caso Castaños, el caso de los cuatro periodistas detenidos en Monclova por la AFI y el ejército, y el último incidente de Acuña, donde policías ministeriales y municipales fueron agredidos por soldados, habla de que la milicia actúa en violación de las garantías individuales no sólo en Coahuila, sino en todo el país, aseveró el Obispo.

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* Periodistas.
En CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, www.cimac.org.mx.