México, persecuciones y asesinatos: las autoridades impunes
El 16 de Diciembre de 2011, se conmemoró en México el primer aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, activista que luchaba en contra de los múltiples feminicidios que ocurren en Ciudad Juárez. Como parte de las actividades realizadas en el estado de Chihuahua para recordar su muerte, grupos civiles marcharon con una manta que decía “Si me van a matar, que me maten aquí, en Palacio de Gobierno del estado, a ver si les da vergüenza”. | FERNANDO CASTRO.*
Esta frase había sido pronunciada por Marisela Escobedo días antes de que fuese asesinada en las puertas de dicho edificio de gobierno.
La integrante del Comité de madres de jóvenes desaparecidas, fue ejecutada en el ahora emblemático lugar mientras se encontraba en una acampada de protesta debido a la resolución judicial que permitió que quedara libre y huyese Rafael Barraza, pareja y asesino de Rubí Freyre, quien había confesado el crimen cometido en agosto de 2008 e indicado el sitio donde abandonó y prendió fuego al cadáver de la hija de Escobedo.
El hostigamiento a quienes están vinculados con movimientos sociales o cualquier forma de crítica hacia el gobierno o al crimen organizado, no es un hecho aislado y durante la últimas semanas ha tenido un incremento notable. Además del asesinato del activista Nepomuceno Moreno y del atentado contra la militante Norma Andrade —sucedidos los últimos días de noviembre— la persecución y represión ha aumentado en días posteriores.
El viernes dos de diciembre, en la cisterna de lo que fue su casa en la Ciudad de México, fue encontrado el cadáver de la actriz Julia Marichal, de 67 años. El cuerpo se encontraba dentro de varias bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición. Ya desde mediados de noviembre se había denunciado su desaparición. Participaba en una plataforma cultural del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la cual presentaría un libro de testimonios de familiares de desaparecidos.
El seis de diciembre, una caravana también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue interceptada por un comando paramilitar al salir de la comunidad de Xayakalán, 
en Santa María de Ostula, en el estado de Michoacán. Dicho comando secuestró a Don Trinidad de la Cruz Crisóstomo, de 74 años, encontrándose al día siguiente su cuerpo ya sin vida.
La comunidad de Santa María de Ostula es conocida debido a que ahí, en junio de 2009, se promulgó el Manifiesto de Ostula, donde se reivindica el derecho a la autodefensa de los pueblos indígenas, mediante el que se han recuperado grandes extensiones de tierras comunales que estaban ocupadas por caciques de manera ilegal.
En el estado de Guerrero, el mismo día del secuestro de Don Trino, los también integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Eva Alarcón y Marcial Bautista, miembros además de la Organización de campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, fueron secuestrados. Se dirigían en autobús a Chilpancingo, capital del estado, cuando un grupo armado detuvo el autobús y se los llevó a la fuerza. Hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero.
Días después, el nueve de diciembre, el sacerdote Alejandro Solalinde —que dirige el Centro Hermanos en el Camino ubicado en el estado de Oaxaca y que funciona como resguardo para los migrantes en su recorrido a través de México rumbo a los Estados Unidos— fue denunciado por presunto abandono de personas. El prelado comentó: “Nosotros hicimos lo necesario, lo que le toca al Estado hacer y ahora, es el mismo Estado el que nos demanda, en lugar de haber cumplido su responsabilidad” y aseguró que la denuncia es parte de una “estrategia intimidatoria” en su contra.
Finalmente, el 12 de diciembre, dos jóvenes murieron en un enfrentamiento entre estudiantes y policías estatales y federales. La agresión ocurrió luego de que los estudiantes bloquearan la Autopista del Sol como medio para exigirle al gobernador la reanudación de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla. Ante el cierre de la carretera la policía arribó para desalojar, dejando como resultado una cantidad indefinida de heridos y dos estudiantes muertos.
Javier Sicilia, líder del movimiento, dijo refiriéndose a los asesinatos: “Ha empezado una cacería profunda de defensores de derechos humanos, de padres que están buscando a sus hijos”, y negó que sea únicamente un ataque a su movimiento, sino en contra de los diferentes grupos que defienden los derechos humanos a lo largo y ancho del país.
Estos acontecimientos se presentan en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada el 11 de diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, diez días después de iniciar su sexenio como mandatario. Esta guerra ha dejado hasta el 31 de octubre de este año, según informa el semanario Zeta, 60.420 muertes relacionadas con el crimen organizado. Y 1.6 millones de desplazados según informan académicos del Instituto Mora y consultores de la ONU.
* En www.marcha.org.ar.