No permitieron ingresar a Ushuaia a un crucero con bandera de colonia británica
El gobierno de la austral provincia argentina de Tierra del Fuego hizo valer una ley provincial e impidió el amarre de un crucero de lujo con bandera de las islas Bermudas, una colonia inglesa. Desde la Cancillería británica mostraron su “preocupación”.
En medio de las tensiones con el gobierno británico por la soberanía de las islas Malvinas, las autoridades del puerto de Ushuaia hicieron valer la ley provincial que señala la prohibición de “permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones logísticas en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer referencia a la soberanía de las islas en el acto por los 200 años del izamiento de la bandera (ver página 2).
“Se dio parte a la Cancillería y no habiendo recibido una autorización hasta momentos antes de la llegada del buque, se decidió que no amarrara”, informó ayer la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, a través de un comunicado. Las islas Malvinas forman parte del territorio provincial que está en manos de Ríos, quien presenció además en Ushuaia el último fin de semana la firma de una resolución por parte de legisladores del Congreso Nacional –sesionaron especialmente allí– en un acto simbólico de reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas. “Durante la madrugada me comuniqué con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para informar la situación y acordar las acciones a seguir”, volvió a aclarar la gobernadora.
La disputa por la soberanía de las islas Malvinas se fue acrecentando en los últimos meses. El gobierno argentino realizó una fuerte tarea diplomática que logró la adhesión al reclamo para que el gobierno de Inglaterra cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas que instan a iniciar un diálogo por la soberanía. El punto de inflexión fue la firma de un acuerdo en Montevideo, donde los integrantes del Mercosur –Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil– se comprometieron a no permitir el ingreso de barcos “con la bandera ilegal de las islas Malvinas”, al que luego se sumó Chile. El premier David Cameron garantizó entonces a los habitantes de las islas que “nunca negociaremos la soberanía”, y luego se anunció el viaje del príncipe William al archipiélago como parte de su entrenamiento.
Los funcionarios portuarios de Ushuaia aplicaron ayer la ley provincial conocida como Gaucho Rivero, que prohíbe en su artículo 2 la “permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones logísticas en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia”. El crucero al que se le prohibió el ingreso al puerto fueguino es el Star Princess, un barco de lujo que lleva bandera de las islas Bermudas, un pequeño enclave colonial inglés en el norte de América. Cuenta con capacidad para 2600 pasajeros y 289 metros de largo, que volvía luego de dos días de navegación alrededor de las islas Malvinas. Si bien la ley sancionada en el 2011 se refiere a barcos que realicen “tareas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, o a buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina”.
El director del puerto de Ushuaia, Alejandro Berola, afirmó que “las autoridades de la embarcación fueron notificadas de la prohibición por la mañana, cuando navegaban por el Canal Beagle frente a la ciudad chilena de Puerto Williams, por lo que tuvieron que retomar su curso presumiblemente hacia la ciudad trasandina de Punta Arenas”. También confirmó que había un segundo crucero, 
identificado como Adonia, que portaba la bandera del Reino Unido y Bahamas, al que se le aplicó la misma norma, aunque el comunicado oficial de la gobernación fueguina sólo hacía referencia al Star Princess.
Desde la Cancillería británica señalaron que estaban “muy preocupados” por la decisión argentina y afirmaron que “los diplomáticos británicos en Argentina están tratando de aclarar urgentemente las circunstancias que rodean este incidente, y estamos en contacto con la compañía afectada”. A su vez, agregó que “no puede haber ninguna justificación para interferir en un comercio libre y legítimo”.