ONU determinó que el gobierno brasileño debe permitir a Lula ser candidato
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó el viernes 17 de agosto que el gobierno (de facto) de Brasil debe permitir al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien permanece en prisión, ejercer sus derechos políticos y que no sea descalificado para la próxima elección presidencial del 7 octubre, ya que su apelación está en trámite.
El Comité, con sede en Ginebra, que es un órgano convencional formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado, instó a Brasil a que «tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer, mientras permanezca preso, sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018» y pueda hacer campaña desde la cárcel.
«Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político», indicó en una declaración remitida a la prensa. El organismo consideró, además, que el ex mandatario de 72 años no puede ser excluido como aspirante «hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos». El Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro de Lula.
En previsión de esta resolución, la cancillería brasileña desarrolló en Ginebra una amplia presión para impedirla. Ya en la víspera, en la delegación oficial evidenciaba el pánico de la dictadura empresarial-mediática con la consolidación de la conciencia mundial de que Lula es un preso político que tiene sus derechos civiles arbitrariamente conculcados.
Son conscientes que Lula, que aún preso duplica en intención de votos a los candidatos de la derecha, representa la posibilidad de interrumpir el estado de excepción reinante desde el golpe de Estado contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, para dar inicio a la restauración democrática y la reconstrucción económica y social del país.
La decisión y la posterior reacción pone en evidencia que a los golpistas brasileños no les importa transformar a Brasil en un estado paria, en vergüenza para el mundo, aun cuando el costo de ello sea la profundización del arbitrio y el totalitarismo jurídico-mediático, el lawfare.
El Comité de la ONU, que supervisa violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la aplicación de Protocolo Facultativo, señaló además que la «medida urgente para preservar los derechos de Lula» no implica que haya constatado una violación de esos derechos; subrayó que el caso continúa en estudio y el veredicto de la ONU se espera el próximo año.
Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió poco después en un comunicado que «las conclusiones del comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto vinculante jurídicamente», y se comprometió a «encaminar al Poder Judicial» las decisiones adoptadas por el organismo formado por expertos, tras señalar que su país «cumple fielmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos» y que sus principios son también «constitucionales brasileños, aplicados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial».
Lula (presidente de 2003 a 2010), amplio favorito en los sondeos para los comicios de octubre, purga desde abril en Curitiba una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue condenado como supuesto beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras, hecho que nunca se comprobó.
Enfrenta además otras cinco causas judiciales aunque se declaró inocente en todas y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder.
El miércoles 15, el Partido de los Trabajadores inscribió su candidatura a la presidencia, que de inmediato fue impugnada por la Fiscalía General y sobre la que debe decidir el Tribunal Superior Electoral. El gobierno de facto sostiene que la candidatuta debe ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia, que determina que un condenado no está habilitado para presentarse a cargos de elección, según su interpretación.
El Comité aclaró que se trata de una «medida interina» con la que se pretende «preservar los derechos» del exmandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso. Los abogados de Lula denunciaron el pasado mayo ante el Comité al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.
El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Raúl Zaffaroni, advirtió que se está dando un proceso de “agresión a la democracia”, que responde a los vínculos entre el poder judicial y el financiero, y que tiene su correlato en la “dominación del poder transnacional” en el mundo. Y alertó que en América Latina “se manipulan los medios de comunicación concentrados en combinación con segmentos de la Justicia” como arma política, lo que en derecho se llama “lawfare”.
Evitó hacer declaraciones que impugnen su voto en una potencial apelación de Lula en la Corte Interamericana de la que forma parte, pero se refirió a la supuesta lucha contra la corrupción que encabezan algunos jueces.
“La corrupción pareciera ser solo del Estado, sobre todo cuando éste está en manos de los populistas y entonces dicen que hay que achicarlo, lo que garantiza no solo la impunidad de una corrupción sistémica mucho mayor sino también la virginidad moral del no estado (…) Los casos de privados no corren la misma suerte porque “quien está más cerca del poder es más impune y hoy éste está del lado del poder trasnacional”, dijo.
*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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