Panorama Económico Latinoamericano – Del 22 al 29 de mayo de 2024

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La continua pauperización de las ciudades peruanas

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Javier Herrera

«En la capital se concentra el mayor número de pobres; más se padece hambre en el Perú y en donde no hay ni estrategia ni instrumentos de focalización para la lucha contra la pobreza”.

En 2023, por primera vez en casi 20 años, la pobreza total y la pobreza extrema se incrementaron por dos años consecutivos. Esto nos aleja definitivamente de la trayectoria descendente que se observó en los periodos de crecimiento (2004-2011) y de estancamiento (2012-2019). Las perspectivas de bajo crecimiento potencial de la economía no dejan lugar a dudas de que, aun en un escenario optimista, la pobreza no regresará a los niveles prepandemia en el mediano plazo. Es importante considerar que, para lograr una reducción de la pobreza, la composición sectorial del crecimiento es un factor relevante. En 2023, el PBI cayó en -0,6%, pero los sectores productivos de transformación (manufactura, construcción, agricultura, entre otros) intensivos en trabajo que dan cuenta del grueso del empleo de la población pobre y vulnerable cayeron fuertemente (-7,1%), mientras que las actividades extractivas (principalmente minería) crecieron en 3,9%. Con ese patrón de crecimiento no habrá reducción de la pobreza, aun si el crecimiento macro es positivo.

Cuando miramos la evolución de los gastos entre el 2019 y el 2023, constatamos que la mitad más pobre tuvo una caída mucho mayor que el resto, con tasas más altas en la población en riesgo de caer en la pobreza (-3,9%) y en -2,6% en la población ya en situación de pobreza. Similar patrón se observó entre 2022 y 2023. Muchos no pobres cayeron en pobreza y se profundizó la de aquellos ya en pobreza. En total, en 2023 hubo, respecto a 2022, más de medio millón de nuevos pobres (596.000), de los cuales 249.000 son pobres extremos. Si agregamos a la población vulnerable, que cualquier choque adverso la hace caer en la pobreza (31,4% de la población, alrededor de 10 millones de personas), tenemos que 6 de cada 10 peruanos viven en una situación de pobreza o de precariedad.

La creciente pobreza urbana y la pauperización de la capital

Los resultados del 2023 confirman y agravan una tendencia ya manifiesta desde 2016: la pobreza en la capital crece a un ritmo acelerado, mayor que en el resto del país. La pobreza en Lima se ha prácticamente triplicado en 7 años, pasando de 11% en 2016 a 28,7% en 2023 y duplicado desde la prepandemia (2019). Según los últimos resultados de pobreza, respecto al total de pobres del país, entre 2019 y 2023, la proporción de aquellos que residen en Lima pasó de 22,8% a 32,6%; es decir, un tercio de la población en pobreza vive (o, mejor dicho, sobrevive) en la capital. Igualmente, preocupante es el hecho de que Lima concentra una mayor proporción de pobres extremos (pasó de 5,1% a 18,4% del total de pobres extremos). Si a ello añadimos el resto de las ciudades, en 2023 el 73,1% de los pobres y el 44,9% de los pobres extremos se encuentran en las ciudades.

La caída en el gasto promedio en 2023 ocurrió en la capital y en el resto de las ciudades (-0,4% y -1,8% respectivamente) y no en el área rural. Si miramos qué ocurrió para la mitad más pobre, la caída fue aún mayor: -1,2% en la capital y -3,2% en las otras ciudades. Los hogares urbanos han tenido que restringir sus gastos, incluso en bienes esenciales como la alimentación. La calidad de la alimentación de los hogares de la capital sigue deteriorándose. Sigue cayendo el consumo de proteínas animales (-2,6% de carne, -3,5% de pescado, -2,2% en leche, huevos, -4,7 en legumbres y verduras). A ese deterioro se añade una caída en la cantidad de alimentos dentro y fuera del hogar (-3,1% en 2023 y -9,9% desde 2019).

Al incremento de los hogares cuyos gastos totales no alcanzan a cubrir la canasta de alimentos, se agregan aquellos que, teniendo mayores recursos, tienen que sacrificar gastos en alimentos para pagar el alquiler, la luz, el agua, el transporte, salud, gastos indispensables sin los cuales no se pueden procurar ingresos. Al sacrificar el gasto en alimentos, muchos de esos hogares tampoco logran cubrir sus necesidades, ya no solamente de calidad de alimentación, sino también sus requerimientos en calorías, esenciales a su salud y actividades cotidianas, incluyendo el trabajar. Gracias a la información recogida sobre cantidad comprada de cada alimento y considerando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), hemos podido estimar que en 2023 un poco más de 4 de cada 10 (43,5%) limeños padecen hambre, proporción que comenzó a crecer ya desde el 2016, más que duplicándose. La situación en el resto de las ciudades y el área rural también es preocupante. Nunca antes, desde que medimos el déficit calórico, hemos alcanzado tan alto nivel de privación alimentaria. Cuando más se lo necesita, el número de beneficiarios de Qali Warma, en lugar de aumentar, cayó en -0,9% (39.205 personas fueron privadas de la ayuda alimentaria).

Los programas sociales implementados desde el 2005 fueron diseñados para combatir la pobreza rural, en particular la pobreza extrema (que por entonces eran de 83,5% y 41,6%). Al considerarse únicamente la proporción y no el número absoluto de pobres urbanos (que ya superaban al de los pobres rurales), la pobreza urbana quedó fuera del radar de las políticas públicas. Aún hoy, no se dispone de una estrategia adaptada a las formas específicas que reviste la pobreza en las ciudades ni tampoco los instrumentos de focalización. Eso quedó en evidencia ya hace 4 años con la distribución de los bonos a la población urbana en el momento de la pandemia. No se ha aprendido de las experiencias y se ha continuado con un piloto automático (en un carro sin chofer) que nos conduce directamente contra una pared.

¿El ciclón Yaku y las protestas sociales?

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La versión oficial pretende culpar al ciclón Yaku, al fenómeno de El Niño o a las protestas sociales que ocurrieron en el primer trimestre del año, sin mostrar mayor evidencia al respecto. Una primera mirada a las evoluciones mensuales nos permite descartar tales explicaciones (o mejor dicho, excusas ante la inoperancia de las políticas públicas). Observamos que durante la primera mitad del año la pobreza disminuyó, mientras que se incrementó rápidamente a partir del mes de agosto.

Descartada esta explicación, las posibles explicaciones radican en varios factores. En primer lugar, el rezago es aún muy importante en el empleo adecuado, aquel que permite ingresos por encima de la línea de pobreza y gozar de un mínimo de protección social. Otra posible explicación es que para los hogares alrededor de la línea de pobreza los precios aumentaron en 7% y (en 11% los alimentos). Los hogares pobres dedican una mayor proporción de sus gastos a los alimentos, por lo que resultaron siendo los más afectados. Según nuestros cálculos, la inflación ha añadido 2,7 puntos porcentuales a la pobreza a nivel nacional, 2 puntos más para los urbanos y 5 puntos para los rurales (de allí el incremento de la pobreza extrema rural).

Las políticas sociales no han respondido como debieran ante el deterioro de las condiciones de vida de los hogares. Comparado con el año 2022, la contribución del conjunto de políticas sociales a la reducción de la pobreza ha disminuido en el campo y se ha mantenido en el mismo nivel en las ciudades, a pesar del agravamiento de la situación.  La situación respecto a las transferencias monetarias es aún peor: su contribución se redujo más fuertemente (de 3,8 ptos. a 3,4 ptos. en el área urbana y de 8,8 ptos. a 6,5 ptos. en el área rural). Se hace urgente un replanteamiento de las políticas sociales. Los hogares perderán pronto la paciencia.

 

 

¿Descubrimiento de petróleo en la Antártida?

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Manuel Valenti y María Laura Civale * – Ocipex

¿Es nuevo el descubrimiento de recursos petroleros y gasíferos en la Antártida? 

Desde la década del 1970 se realizaron estudios de prospección petrolera en la Antártida, tanto en el continente como en el Mar de Weddell. Por lo tanto la respuesta a la pregunta es no. Por ese entonces, el interés provenía principalmente de EU y Gran Bretaña para estudiar la posibilidad de explotar recursos petroleros en el continente blanco, ya que existían distintos conflictos en Medio Oriente que dificultaban el acceso a dichos recursos. Los estudios mostraban que la Antártida podía poseer dichos recursos al estar dentro de las mismas cuencas que poseían recursos en la costa de África, Brasil, el Mar Argentino, la Cuenca de Malvinas y el Atlántico Sur (1).

Este interés llevó a la negociación en la década del 70 y 80 de un acuerdo para la explotación petrolera y minera en el continente antártico entre todos los países que formaban parte del Tratado Antártico, incluida la Argentina. Esta fue denominada “Convención sobre la Regulación de las Actividades asociadas a los Recursos Minerales Antárticos” la cual fue firmada en 1988, pero nunca fue ratificada.

Un estudio de 1991 del Servicio Geológico de EU realizó una estimación de recursos de  19 mil millones de barriles de petróleo recuperable y 106 billones de pies cúbicos de gas, que equivalen a 3 billones de Mm3 de gas, equivalente a 36 mil millones de barriles de ´petróleo, fundamentalmente en el Mar de Weddell, dentro de la Antártida Argentina (2). Estos datos son muy similares a los que hoy se difunden como las supuestas reservas encontradas por Rusia.

¿Se puede explorar y explotar hidrocarburos en la Antártida?

Ese mismo año, en 1991, por acuerdo de todos los países miembros del Tratado Antártico se firmó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991), que prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales e hidrocarburíferos, dejando a salvo la investigación científica. Es importante remarcar la diferencia entre la investigación científica propiamente dicha respecto de la prospección con el potencial fin de explotación. Esta última actividad es la que ha dado lugar a suspicacias respecto de las actividades rusas en la Antártida.

¿Es real que Rusia descubrió petróleo en la Antártida?

Hasta el día de hoy no hay información oficial del gobierno ruso sobre estos supuestos hallazgos. Una de las fuentes citadas es la cuenta de Twitter BRICSNews, que no es un órgano oficial de difusión. Si fuera real la realización de prospección con el objetivo de cuantificar reservas hidrocarburíferas explotables con fines comerciales, la Federación Rusa estaría incumpliendo el Protocolo Ambiental que suscribió. Otra cosa es que un país, como cualquier otro que realiza actividades científicas en la Antártida, encuentre la presencia de hidrocarburos o minerales en el marco de sus investigaciones.

Es importante aclarar que más allá de que la tecnología evolucionó mucho y ya se explota petróleo en el Ártico, las condiciones no son iguales en la Antártida (3). Los mayores costos logísticos, la gran distancia de los principales centros de consumo, y las mayores dificultades para su potencial explotación, implican altos costos. Además, la situación jurídica del Ártico es muy diferente a la que rige en la Antártida, donde no existe un tratado internacional con las características que distinguen al Tratado Antártico.

Entonces, ¿por qué se afirma esto? El 22 de febrero el Departamento de Estado de EU, al cumplirse dos años del inicio del conflicto en Ucrania, publicó una nueva lista de sanciones a entidades, bienes y personas rusas. Dentro de esas empresas sancionadas se encuentra ROSGEO, “un holding geológico multidisciplinario de propiedad estatal rusa que ofrece servicios de exploración geológica. Dentro de Rusia, ROSGEO y sus subsidiarias realizan una variedad de servicios geofísicos en la búsqueda y exploración de campos de petróleo y gas” (4).

Según la página de ROSGEO, hace al menos cuatro años se completaron exploraciones geofísicas marinas integrales en el marco de la 65° Expedición Antártica Rusa en el Mar de Riiser-Larsen, dentro del sector que reclama Noruega en la Antártida. Allí encontraron, al igual que en estudios anteriores de otros países, evidencia de la presencia de recursos petroleros y gasíferos (5).

Dentro de ROSGEO se encuentra el JSC Polar Marines Geosurvey Expedition (PMGRE) que, según el Departamento de Estado, se dedica a la exploración y prospección de minerales. Esta empresa también realiza acciones científicas con sus buques en la región antártica como el Mar de Weddell. Sin ir más lejos, el barco que realiza dichas actividades es el Akademik Karpinsky que también se encuentra sancionado. En el documento estadounidense no se aportan pruebas específicas de actividades irregulares del buque ruso en la Antártida.

Este buque recala en Sudáfrica para sus operaciones. Por esta razón el medio sudafricano Daily Maverick sacó numerosas notas desde el 28 de febrero (6) en adelante denunciando las supuestas actividades ilícitas en la Antártida del buque ruso en el Mar de Weddell. Este territorio es parte de la Antártida Argentina y es reclamado por el gobierno británico como propio, fundado en la proyección territorial de la ilegal e ilegítima ocupación sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Es importante recordar, en este contexto, que tanto Rusia como Sudáfrica son parte del bloque BRICS.

Esta información fue recopilada por la Cámara de los Comunes del Reino Unido de Gran Bretaña, que a través del Comité de Auditoría Medioambiental (7) pidió informes específicos a especialistas en política antártica y convocó a miembros de la Cancilleria y del Departamento de Regiones Polares británicos, entre otros.

¿Qué respondieron los especialistas y funcionarios británicos?

Klaus Dodds, quizás el principal especialista en geopolítica antártica, planteó en un escrito que “Existe la preocupación de que Rusia esté recopilando datos sísmicos que puedan interpretarse como prospección y no como investigación científica. (…) Al parecer, el buque ruso responsable de las actividades, el Akademik Karpinsky, está financiado por un programa estatal organizado por la empresa estatal rusa Rosgeologia” (8). Sin embargo, no aporta respaldo documental ni fuentes primarias a esta afirmación potencial de que Rusia habría realizado prospecciones con fines comerciales y no científicos.

Cuando le consultaron al viceministro de exteriores, David Rutley, que su departamento había decidido confiar en las garantías rusas de que sólo estaba realizando investigaciones científicas, agregó: “Rusia ha reafirmado recientemente su compromiso con los elementos clave del tratado” (9).

Por su parte, la directora de las regiones polares del Reino Unido, Jane Rumble, dijo que “no hay ninguna evidencia que apunte a una violación del tratado. Se necesitarían equipos diferentes entre la topografía y la explotación real, para que no haya un cambio”. La funcionaria aclara que “Rusia ya ha sido abordada sobre este tema antes y, de hecho, ha asegurado a la RCTA (Reuniones consultivas del Tratado Antártico) en múltiples ocasiones que se trata de un programa científico, por lo que lo mantendremos bajo revisión” (10).

El parlamentario McMorrin instó a Rutley a revisar las preocupaciones y presentarlas en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico que se realiza a fin de mes en la India.

¿Por qué se difunde esta “noticia”?

La Antártida ha sido objeto de puja en distintos períodos de la historia y nunca fue ajena al orden internacional imperante. Desde comienzos del siglo XX cuando se llevaron a cabo las primeras expediciones a fin de explorar el continente, hasta mediados de ese siglo cuando a raíz de la formulación de reclamos territoriales y en paralelo al desarrollo de la guerra fría y su consecuente orden bipolar, se vislumbró la necesidad de regular el continente obedeciendo a una lógica de seguridad internacional.

Del mismo modo, una vez más la disputa geopolítica mundial se expresa en el escenario antártico. Esto está conectado a la estrategia de la alianza angloestadounidense en el Atlántico Sur y la Antártida, que se cristalizó hace poco más de un mes con la visita de Laura Richardson a Ushuaia, la preocupación sobre “la pesca ilegal china” en el Mar Argentino y las sospechas de un potencial “uso militar” de la base espacial china en la provincia de Neuquén.

A esto le sumamos que el conflicto ruso-ucraniano también se ha expresado dentro de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, hecho inédito si tomamos en cuenta que se trata de un ámbito, que a diferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, históricamente fue ajeno a los conflictos por parte de los representantes de los Estados Parte.

¿El Tratado Antártico qué función cumple?

Además de la prohibición de actividades relacionadas con la explotación de minerales anteriormente señalada, es importante puntualizar algunas cuestiones que suelen divulgarse de manera confusa:

Además del Tratado Antártico de 1959, se adoptaron otros 3 instrumentos conexos que regularon otros aspectos de la Antártida a lo largo del tiempo: la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980) y el Protocolo sobre Protección de Medio Ambiente (1991). Por esto, se habla de “Sistema del Tratado Antártico” (STA).
El Tratado Antártico y sus instrumentos conexos no tienen fecha de vencimiento. Sí es posible hacer modificaciones y enmiendas, pero bajo ciertos requisitos. Se suele mencionar el año 2048 como punto cúlmine, pero ello refiere a la posibilidad de revisión del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente que cumplirá 50 años de su entrada en vigencia. Eventualmente, en ese caso, podrían realizarse modificaciones, pero requiere una mayoría específica para su adopción (incluyendo ¾ Partes Consultivas) que lo hace de difícil cumplimiento.

El Art. 4 del Tratado Antártico (1959) hace referencia al status de las reclamaciones territoriales. Es importante aclarar que este artículo, también conocido como “cláusula paraguas”, mantiene inalterados los reclamos territoriales del continente. Esto quiere decir que no se han resuelto las reclamaciones formuladas por únicamente siete países a lo largo de la historia (más las reservas a realizarlo en un futuro por parte de Estados Unidos y hoy la Federación Rusa); por ende, no dejaron de existir. En pos de la utilización pacífica de la Antártida y la investigación científica, quedaron “pausadas/congeladas” y no se admiten nuevos reclamos ni ampliaciones de las formuladas con anterioridad.

Las decisiones del Tratado Antártico se toman en las mencionadas “Reuniones Consultivas del Tratado Antártico”, donde únicamente participan con voz y voto las Partes Consultivas (los países signatarios originales del Tratado y los que posteriormente demostraron interés científico) y las Partes Adherentes (el resto de los países que no demuestra este interés no forma parte de la toma de decisiones). Actualmente hay 29 países que se consideran Partes Consultivas y otros 27 países que son Partes Adherentes. En relación a lo sucedido, se pone a prueba el sistema de toma de decisiones del STA, donde nuestro país participa activamente en cumplimiento de los objetivos primordiales del Tratado Antártico.

¿Y Argentina?

Nuestro país es uno de los signatarios originales del Tratado y tiene una extensa historia en la Antártida, siendo el país con más presencia prolongada e ininterrumpida en dicho continente desde 1904.

El sector reclamado por Argentina comprende los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste, desde el paralelo 60° de latitud Sur hasta el Polo Sur. Nuestro reclamo se superpone con el de otros dos países: Chile y el Reino Unido. Es relevante puntualizar que junto con Chile, desde la década del 50, existen declaraciones conjuntas en las que se produjo el reconocimiento mutuo de soberanía.

Respecto del Reino Unido, la pretendida porción abarca totalmente al Sector Antártico Argentino y la disputa con este actor se repite apenas un poco más al norte de la Antártida, donde se encuentran implicadas las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes, en el marco de una controversia que lleva casi dos siglos pendiente de resolución.

En el contexto actual caracterizado por la disputa de varias potencias en la configuración de un nuevo orden internacional, cuya presencia se acentúa cada vez más en el Atlántico Sur y la Antártida, resulta indispensable el resguardo de los espacios vitales de nuestro país mediante la implementación de estrategias de largo plazo en nuestra política exterior y con un modelo económico que tienda al desarrollo de nuestras capacidades con el objetivo de defender el interés nacional.

Referencias:

1) https://pubs.usgs.gov/of/1991/0597/report.pdf

2)  Ídem.

3) El Ártico, al tratarse de un océano congelado, se encuentra regido sustancialmente por el Derecho del Mar, a la vez que existen controversias en relación a la delimitación de los espacios marítimos entre los Estados que tienen proyección al Ártico (Plataforma Continental, Zona Económica Exclusiva). La Antártida es un continente con un sistema jurídico específico y con otros actores involucrados.

4) https://www.state.gov/imposing-measures-in-response-to-navalnys-death-and-two-years-of-russias-full-scale-war-against-ukraine/

5) https://rusgeology.ru/en/press/news/rosgeologiya-vypolnila-issledovaniya-geologicheskogo-stroeniya-i-neftegazovogo-potentsiala-shelfa-an/

6) https://www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/ y https://www.dailymaverick.co.za/article/2024-05-09-russias-antarctic-prospecting-links-via-sa-warrant-deeper-scrutiny-hears-uk-westminster-inquiry/

7) https://committees.parliament.uk/committee/650/environmental-audit-subcommittee-on-polar-research/

8)  https://committees.parliament.uk/writtenevidence/124548/pdf/

9) https://www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/

10) https://www.dailymaverick.co.za/article/2024-02-28-us-sanctions-target-russian-ship-surveying-for-antarctic-oil-and-gas-via-cape-town/

 

*Valenti Randi es director del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx). Civale es responsable del grupo de trabajo Malvinas, Antártida, Atlántico Sur.

 

 

 

Trampas y desequilibrios energéticos en Latinoamérica y el Caribe

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María Julia Mayoral – PL

Datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) avalan los progresos relativos que contribuyen a la descarbonización de las economías y al cumplimiento de los compromisos climáticos del Acuerdo de París, suscrito en 2015.

Según reveló el organismo, en la generación eléctrica regional, las energías renovables pasaron de 53 por ciento en 2015 a 65 en 2022 y en la oferta total, la participación subió de 24 a 28 puntos porcentuales, siguiendo igual comparación.

Al mismo tiempo, la cobertura eléctrica total avanzó del 96,5 por ciento en 2015 al 97,5 en 2022 y las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) del sector energético bajaron de mil 993 millones de toneladas a mil 849 millones, indicó la Olade en su informe.

Hasta el momento, el proceso de transición energética en el área centró su atención en la matriz de generación eléctrica, un esfuerzo loable, pero insuficiente para encarar los desafíos del desenvolvimiento sostenible en términos socioeconómicos y medioambientales.

Por los cálculos de la Olade, la electricidad representa en la actualidad alrededor de un 20 por del consumo final de energía en la región y más del 60 por ciento de ese consumo corresponde a fuentes de origen fósil, aunque prevalecen notables diferencias entre los países.

Los porcentajes anteriores ayudan a entender la necesidad de mayores esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente las de CO2, en los sectores de consumo final, sobre todo en los más intensivos en el uso de energía, entre ellos, el transporte y la industria.

De acuerdo el análisis, la electricidad de origen renovable, la biomasa moderna y el gas natural, han sido hasta ahora las fuentes de transición disponibles para reducir emisiones de carbono en las esferas del consumo final.

Sin embargo, hay segmentos en los que las fuentes limpias tienen dificultades para penetrar; a saber, el transporte aéreo, marítimo y de carga pesada por carretera e industrias como la cementera y siderúrgica, corroboró el diagnóstico.

Algunos países vislumbran la posibilidad de introducir nuevos vectores limpios, entre ellos, el hidrógeno y el amoniaco verdes y los combustibles sintéticos, a fin de encarar el problema, apreció el secretario ejecutivo de la Olade, Andrés Rebolledo, en la más reciente edición del Panorama Energético de América Latina y el Caribe.

Esta zona del planeta, estimó la Cepal, alberga casi 20 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25 de algunos de los metales estratégicos y más de 30 de los bosques primarios y el agua dulce.

Mientras las actividades económicas basadas en los recursos naturales representan solo 12 por ciento del valor agregado, 16 puntos porcentuales del empleo y la mitad de las exportaciones del área, sopesó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Junto a los probados y potenciales beneficios, crecen los impactos sobre el medio ambiente y las desigualdades sociales, esto subraya la necesidad de un cambio estructural en las matrices de producción y energía, reiteró la agencia de Naciones Unidas.

El “Panorama de los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, publicado por la Cepal en abril de 2024, valora el papel de esos bienes, tanto renovables como no renovables, en el desenvolvimiento económico e invita a avanzar hacia un modelo de desarrollo que incorpore los principios de sostenibilidad y equidad.

En un escenario de transición energética, los cambios deberían adecuarse a las necesidades y capacidades de los países para que los beneficios y costos del proceso se distribuyan de acuerdo con el principio de equidad entre los hogares y los sectores económicos.

La dimensión justa de la transición energética debería tener en cuenta un imperativo ineludible: la protección de los empleos, ingresos y negocios de las personas y su abastecimiento de energía, lo que señala la importancia de impulsar de manera simultánea e integral la diversificación en el plano energético y productivo en general, argumentó el diagnóstico.

En tal sentido, la Cepal recomendó a los Estados planificar la estrategia de abandono gradual de las energías fósiles, lo cual podrá diferir según las necesidades, las capacidades y los contextos específicos de cada nación, teniendo en cuenta, en particular, si se trata de un país productor o no de hidrocarburos y cuán desarrollada esté su industria de petróleo y gas natural.

Además, abundó, los combustibles fósiles cumplen funciones que las energías renovables y limpias no pueden asumir en la actualidad con la generación de electricidad, así sucede en las aplicaciones industriales para la producción de acero, cemento y productos químicos.

Tampoco sería justo exigirles a las naciones del Sur Global, con reservas de petróleo y gas que renuncien a servirse de esos recursos, que ampararon y siguen respaldando el progreso de grandes potencias económicas en el mundo.

El uso más sostenible de los combustibles fósiles constituye un complemento necesario a las opciones para lograr una transición energética justa; la penetración de las energías renovables y limpias y la mejora de la eficiencia energética, sopesó la Cepal, no son los únicos factores que pueden contribuir a las agendas mundiales.

En consecuencia, opinó, la transformación, además de gradual, debe ser pragmática, de modo que los países menos adelantados asuman compromisos factibles para alcanzar su desarrollo sostenible y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Las inversiones deben ser tanto en energías fósiles más sostenibles (con secuestro y gestión de las emisiones) como en energías bajas en carbono, y han de programarse junto con la estrategia de abandono de los combustibles fósiles, propuso la entidad de Naciones Unidas.

Para tales fines, las naciones latinoamericanas y caribeñas requieren inversiones extranjeras directas, así como la transferencia de conocimientos y tecnologías, los cuales podrían favorecer, a la vez, la creación de capacidades para diversificar la estructura productiva.

A juicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el área figura entre los punteros del proceso de transición energética internacional, por las capacidades instaladas en hidroeléctricas, plantas solares y eólicas.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050, hace falta acelerar el ritmo de inversiones en electro-movilidad, redes de transmisión eléctrica, hidrógeno verde, tecnologías de almacenamiento e integración energética, un desafío que los gobiernos no pueden enfrentar por sí solos, consideró el BID.

Aunque hay avances, los más recientes pronósticos de la Cepal para 2024 plantean que el Producto Interno Bruto (PIB) regional podría registrar este año apenas una expansión del 2,1 por ciento como promedio.

La previsión no expresa un problema meramente coyuntural, la zona continúa sumida en una crisis de desarrollo, caracterizada por tres trampas que se refuerzan mutuamente: la trampa del magro crecimiento económico, la inherente a alta desigualdad y escasa movilidad social y la asociada a la baja capacidad institucional y la gobernanza ineficaz, reiteró la entidad de Naciones Unidas.

 

 

El flagelo de la palma aceitera en Ecuador

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Nathalia Bonil – Opción

En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.

Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).

Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.

El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.

Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.

Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.

Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directamente al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.

Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.

Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.

Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.

Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?

 

 

México: Inversión extranjera récord en el primer trimestre

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Braulio Carbajal

Durante el primer trimestre de 2024 la inversión extranjera directa (IED) en México fue de 20 mil 313 millones de dólares, monto 9 por ciento superior a los 18 mil 636 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2023, por lo que alcanzó un nuevo máximo histórico para un periodo similar desde que se tiene registro, informó la Secretaría de Economía (SE).

En un comunicado, la dependencia resaltó que en los primeros tres meses del año se ha observado una reconfiguración del comportamiento de la IED, resultado de la confianza de los inversionistas foráneos en el buen ambiente de negocios y la estabilidad económica del país.

Lo anterior permite mantener los capitales extranjeros mediante la reinversión de sus utilidades y que las empresas cuenten con la capacidad de realizar y recibir préstamos, así como saldar sus deudas con el exterior, apuntó la SE.

Estados Unidos se posicionó como el principal socio inversionista en México, al concentrar 52 por ciento de los flujos totales (10.615 millones de dólares); no obstante, la dependencia aseguró que se observa una mayor diversificación del origen de las inversiones y sus sectores de participación.

Debajo de Estados Unidos se colocó Alemania, con 1.740 millones de dólares, que equivalen a 9 por ciento del total; seguido por Canadá, con 1.705 millones de dólares (8 por ciento), y por Japón, con 1.430 millones de dólares, que representan 7 por ciento del total de la inversión extranjera directa.

Destaca que 97 por ciento de la inversión foránea que recibió México en el primer trimestre de 2024 provino de reinversión de utilidades, es decir, ganancias de los accionistas de las empresas que permanecen en el país en lugar de enviarse al extranjero; en tanto, sólo 0,6 por ciento fueron nuevas inversiones y 0,1 por ciento cuentas entre compañías.

La Ciudad de México, primer lugar en captación

Como resultado de la estabilidad económica del país y el buen ambiente de negocios, por segundo año consecutivo la reinversión de utilidades vuelve a alcanzar un máximo histórico, lo que refrenda la confianza de los inversionistas extranjeros en el país con el fin de ampliar, mejorar o trasladar sus procesos productivos, indicó la Secretaría de Economía.

Por otro lado, se detalló que 77 por ciento de la IED se concentró en cinco entidades federativas, entre las cuales destaca la Ciudad de México como la principal receptora de capitales, con un monto de 12.043 millones de dólares, seguida por Nuevo León, con 1.351 millones; Baja California, 1.083 millones; Veracruz, 685 millones, y Chihuahua, con 683 millones de dólares.

 

 

Gobierno chileno optimista por alza de 2,3% del PIB en primer trimestre

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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recogió con optimismo el dato entregado esta mañana por el Banco Central en las Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2024, que dio cuenta de un crecimiento de 2,3% del PIB en lo que va del año.

Si bien el dato estuvo levemente por debajo de las expectativas, expertos destacaron como “transversal” los brotes verdes que se están dando en casi todos los sectores; y aseguraron que va en línea con las expectativas de crecimiento para este año.

Recuperación de la economía

Son noticias positivas para la economía nacional y que lentamente, pero a paso seguro, empiezan a mostrar un precedente para el ciclo de recuperación que estaba esperando el mercado.

Levemente por debajo de lo esperado, el Informe de Cuentas Nacionales publicado esta mañana por el Banco Central, dio cuenta que el PIB local, este primer trimestre de 2024, logró su mejor desempeño desde el segundo trimestre de 2022, anotando un crecimiento de un 2,3% en lo que va del año.

De acuerdo al último dato de Imacec, se esperaba una variación de un 2,5%. Sin embargo, se destaca que gran parte de las actividades tuvieron cifras positivas en el periodo. Minería, la actividad de suministro de electricidad, gas, agua y transportes fueron las que más influyeron en el alza.

El ministro Marcel recogió con optimismo el dato y mantuvo las proyecciones de crecimiento para este año, que fueron corregidas al alza de acuerdo al último Informe de Finanzas Públicas.

Mejoras en consumo e inversión y sectores al debe

Por otro lado, la demanda interna creció un 2,0% ante un alza del consumo y la inversión.

Esto se debe principalmente a la recuperación del consumo de los hogares que creció un 0,6% en el periodo, debido a un mayor gasto en servicios y en bienes no durables.

No así la caída en la formación bruta de capital fijo (FBCF), que destacó Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, que anotó una caída de 6,1%, en particular en su componente de maquinaria, anotando caídas también en el sector construcción y otras obras.

Si analizamos por actividad, la actividad agropecuario-silvícola creció un 1,1%, debido a la silvicultura. Misma cifra para la industria manufacturera debido a una mayor producción de celulosa y papel.

La actividad de suministro de electricidad, gas, agua (EGA) mostró un fuerte avance de 17,8% en los primeros tres meses, liderada por la generación eléctrica.

Y aunque el sector minero creció un 7,0% debido a la extracción de cobre, y en menor medida de minerales no metálicos, Valentina Apablaza, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, dijo que lo que se observa es un crecimiento transversal.

En tanto, se anotaron caídas la industria de la pesca, que mostró un retroceso de 10,7%, debido a menores desembarques de peces y a una caída en las cosechas de la acuicultura. La actividad de la construcción mostró una baja de 1,1%, debido a una menor actividad de los servicios especializados y el comercio también bajó un 0,4%.

 

 

Panorama internacional

 

1.- Indocumentados, columna vertebral de la economía de EU

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¿Seguiría siendo Estados Unidos la primera potencia económica mundial con menos migrantes? No, porque son la columna vertebral, el motor que mueve la máquina y del que dependen muchos sectores esenciales, afirman expertos.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, una agencia oficial independiente, lo tiene claro: el repunte de la migración impulsará la economía estadunidense en 7 billones de dólares en la próxima década (alrededor de cinco veces el valor actual de la economía mexicana en un año), al proporcionar fuerza laboral y aumentar la demanda.

Sin embargo, este pronóstico no ha impedido que la llegada de extranjeros se use como arma en la campaña para las elecciones de noviembre, que disputarán el presidente demócrata, Joe Biden, quien busca la relección, y su predecesor republicano, Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva si regresa a la Casa Blanca, porque considera que los indocumentados envenenan la sangre de la nación.

¿Puede prescindir de ellos Estados Unidos, pese al envejecimiento de la población? Los extranjeros son el alma y la columna vertebral del país, porque de ellos dependen muchas industrias, como la alimentaria, de servicios, construcción, agricultura y sanitaria, que son críticas para el funcionamiento de cualquier sociedad, declaró a AFP Justin Gest, politólogo y profesor de la George Mason University.

Privar a estos sectores de su mano de obra tendría un efecto crítico en todo el país, donde viven alrededor de 11 millones de extranjeros en situación irregular, señala.

Si dejaran de trabajar sería absolutamente catastrófico en algunas industrias y tendría un efecto dominó que afectaría a toda la economía, coincide Heidi Shierholz, presidenta del Instituto de Política Económica, centro de reflexión progresista. Con todo, las encuestas reflejan que los estadunidenses están cada vez más preocupados por la migración.

En particular los simpatizantes del Partido Republicano, que achaca el desborde de indocumentados a la política de Biden: más de 7 millones interceptados tras cruzar ilegalmente la frontera con México durante su mandato, según datos oficiales, pese al endurecimiento de su política para un flujo ordenado, imponiendo condiciones para entrar –como pedir cita mediante una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios– y acelerando las expulsiones de aquellos que las incumplan.

Algunos estados conservadores han ido mucho más lejos e impulsan leyes y medidas antimigrantes contra aquellos que se hallan en el país de manera irregular.

Estados Unidos tiene algo que no tiene el resto de los países de América: un excedente de puestos de trabajo, así que este discurso oficial de que la gente que está sin permiso sea expulsada es más que nada electoral, declaró a AFP Oscar Chacón, director de Alianza Américas, coalición de 58 asociaciones de defensa de los migrantes en el país.

Concretamente hay más de ocho millones de puestos de trabajo sin cubrir, según el Departamento de Trabajo.

Emprendedores

Un mercado laboral como el de Estados Unidos depende de los migrantes porque figuran entre las fuerzas laborales más flexibles, móviles y versátiles del país, afirma Gest. Además, contribuyen a controlar la inflación, otra de las grandes preocupaciones de los votantes.

Sin ellos el costo de la mano de obra subirá, por lo que los salarios pueden aumentar, lo que conduce a presiones inflacionarias que conllevan que los precios suban para todos los estadounidenses, explica el politólogo. Además son más emprendedores, completa Shierholz.

 

 

El orden económico mundial se está desmoronando

El orden económico mundial se está desmoronando, La gran regresión | Lampadia - Antorcha informativa

Álvaro García Linera

Continúan los lamentos del prestigioso semanario económico conservador The Economist. La edición del 9 de mayo, le dedica investigación, tinta y abundante frustración para comprobar, lo que califican, como el “lento desmoronamiento del orden internacional liberal” que predominó durante 40 años

El rosario de quejas se inicia con la parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC), considerada hasta hace poco como la portaestandarte y guardián del globalismo mercantil. Desde hace 5 años, deliberadamente han quedado acéfalas las representaciones de las grandes potencias, dejando al “libre” albedrío de los gobiernos el rechazo a la apertura de sus mercados. En las siguientes páginas desmenuza la sucesión de “desglobalizaciones” que han proliferado en el mundo, comenzando por la guerra de aranceles, no solo entre China y EU, sino ahora también, entre la Unión Europea (Ue) y China que, vaticinan, habrá de recrudecer en los siguientes meses.

La Ue está a punto de imponer elevados impuestos para impedir la presencia arrasadora de los automóviles eléctricos chinos, que son más eficientes y baratos que los de la pesada industria europea. Por su parte, el gobierno del Reino Unido acaba de impedir que empresarios chinos compren una fábrica de chips y, tragándose la retórica del libre mercado, han decidido, por “seguridad nacional”, vendérsela a inversionistas norteamericanos, claramente menos competitivos. Por si fuera poco, el candidato Trump, que amenaza a los estadounidenses con un “baño de sangre” si no gana las elecciones, ha anunciado que subirá los aranceles a los productos chinos, del 25 al 60%. Para no quedarse atrás, Biden acaba de subir al 100% los impuestos a la importación de autos chinos. La libertad de comercio ya no arrastra votos. Hoy lo hace el “made in EU”.

Al “indignante” incremento mundial de regímenes de regulación y control estatal de las inversiones extranjeras, The Economist incorpora, con sobria resignación, los reveladores gráficos del declive del comercio mundial, de la retracción de los capitales transfronterizos e incluso del comercio de servicios. Abatido ante este derrumbe del orden global liberal, el semanario enumera otras dos medidas de esta inevitable catástrofe: la primera, la acelerada divergencia de precios de los mismos bienes en países diferentes. La añorada utopía de un mercado único planetario con un precio estampilla, queda aplastada por la realidad de un mundo fragmentado por mercados regionalizados y lealtades geopolíticas en la que cada país impone políticamente la diferencia de precios. Y la segunda, el reverdecer de “políticas industriales”, esto es, subsidios estatales para crear empresas, privadas o estatales, en suelo patrio a fin de garantizar “soberanía” y “autonomía” nacional en esos rubros.

Curiosamente, y a propósito de esta “tragedia” del ascenso del “nacionalismo económico” el FMI ha publicado la investigación The return of industrial policy in data.2024. Parece que la retórica de la “eficiente asignación de recursos del mercado” ya solo queda para los incautos y, ante lo inevitable, el FMI hace sugerencias para unas “eficientes” subvenciones que no “agraven” aún más la geofragmentación. Enumera que, mientras en el año 1990, las acciones de política industrial no llegaban ni a 70, y eran solo en países periféricos, el 2023, se han producido más de 2.500 intervenciones de políticas industriales en el mundo que, esta es una joyita lingüística del FMI, “discriminan” intereses extranjeros.

Y lo peor, es que estas medidas no las encabezan países marginales, engullidos por populismos desenfrenados, sino los baluartes del capitalismo moderno: EU, Europa y China, que ahora compiten en subsidios con las llamadas “economías emergentes”. Al final, el FMI se inclina por un tipo de orden global híbrido en el que el proteccionismo y las subvenciones selectivas en la industria se combinen con liberalizaciones de la relación salarial y de la inversión extranjera “amiga”.

Pero no solo las grandes instituciones económicas defensoras del antiguo orden global liberal constatan su lenta fosilización, sino que son también las elites políticas occidentales las que salen a justificar esta nueva oleada soberanista. No ha sido un comunista trasnochado quien ha arrojado al “infierno” el libre comercio, sino el presidente Biden en su discurso ante los sindicalistas norteamericanos en Springfield, el 25 de enero del 2023. Y ha sido el mismísimo Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de EU, que recibió al presidente electo de Argentina Milei en visita a Estado Unidos en noviembre del 2023, el que semanas antes había expuesto la “estrategia industrial estadounidense” para garantizar su “seguridad nacional”.

Tengo curiosidad de saber qué habrá hecho Milei, con sus acartonadas frases paleolibertarias aprendidas de Murray Rothbard, al chocarse con el ferviente defensor de un “patio pequeño y valla alta”, es decir, proteccionista, para las tecnologías estratégicas estadounidenses en las áreas de inteligencia artificial, microprocesadores, computación cuántica y las llamadas energías verdes.

Para no quedar muy cortos ante la historia, los políticos europeos, fervientes defensores del liberalismo económico, ahora también están mudando de ropaje y asumiendo el alegato soberanista. Se trata de un travestismo ideológico obligado por la inferiorizacion económica frente a China. En un extenso discurso pronunciado el 25 de abril en La Sorbona, el presidente francés Macron, ha expuesto de manera sistemática el fin del orden globalista y el regreso a la política de las fronteras para que la vieja Europa “no muera” En palabras solemnes, la Europa que “compraba su energía y sus fertilizantes a Rusia, tenía su producción en China y delegaba su seguridad en Estados Unidos ha terminado”.

Hay que abandonar la “ingenuidad” de las políticas comerciales de fronteras abiertas ya que “las dos principales potencias internacionales han decidido dejar de respetar las reglas del comercio”, sentencia Macron. Y para que Europa no muera, propone que hay que “ser soberanos”. Para ello, hay que aumentar “la capacidad de defensa” europea, incluida la atómica y el despliegue de “una economía de guerra” para el rearme. Como ya lo había adelantado el secretario general de la OTAN, J. Stoltelberg, los mercados no traen la armonía; solo “las armas son el camino a la paz”.

Paralelamente, argumenta Macron, se debe impulsar una política industrial “made in Europa”. Esta mala palabra hace 7 años, cobra hoy protagonismo estratégico para el presidente francés. Y lo hace de la mano de la defensa de las “subvenciones” a empresas estratégicas, la “derogación de la libre competencia” en sectores productivos claves. Ante productos extranjeros más baratos, “hay que proteger a nuestros productores” y no “ceder ante la desindustrialización”, asevera Macron en La Sorbona.

Para rematar este arrebato de proteccionismo iliberal, propone proteger aún más a sus agricultores europeos de la “desleal” competencia externa y un “golpe de inversión pública” que dinamice la económica continental. ¿Y el déficit fiscal?, no es problema para él.

Hay que subir los impuestos, comenta Macron ante la mirada horrorizada de los defensores del libre comercio. “Impuestos fronterizos” a las importaciones, “impuestos a las transacciones financieras”, “impuestos a las multinacionales”. Ni la CEPAL anteriormente dirigida por Alicia Bárcenas lo habría dicho mejor. Y si hay dudas de este revival del nacionalismo económico, Macron se encarga de disiparlas anunciando el control de inversiones “no-europeas” en sectores sensibles. Con razón The Economist se ahoga en un mar de lágrimas ante el irreversible derrumbe del viejo orden global.

Ciertamente no es un regreso a los tiempos del norteamericano New deal de Roosevelt, ni a la quinta república de Charles de Gaulle; pero claramente es el globalismo neoliberal que cede su paso a un modelo anfibio de soberanismos regionales, liberalismos selectivos y oleadas de subvenciones y déficits fiscales elevados.

Sin embargo, nunca faltan en el teatro político, los anacrónicos, como los Milei y los mileis andinos, que evocan a un “occidente” globalista y de libre mercado que ya solo existe en la insignificancia de su furiosa retórica. Son los melancólicos esperpentos de una curiosidad colonial, que pretenden llevar a sus países a una economía de enclave o dual: un paraíso para un puñado de empresas extractivistas de materias primas de exportacion, en medio de un mar de servicios precarizados. Se trata de exóticos fósiles tratados con indulgente conmiseración por un “occidente” hoy cada vez más soberanista y proteccionista, que se distrae con sus agraciados malabarismos discursivos vintage, a modo de rancio recuerdo de los dorados años de un globalismo extinto.

 

* Político y teórico marxista boliviano, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2006-19)

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