Sename: La “industria” del abuso infantil en Chile

Álvaro Ramis

Charles Dickens publicó su novela Oliver Twist bajo la forma de entregas mensuales en la revista Bentley’s Miscellany entre febrero de 1837 y abril de 1839. Han pasado 178 años pero la historia de Oliver Twist podría haberse escrito hoy mismo, a partir de la biografía de un niño o de una niña bajo atención del Sename (Servicio Nacional de Menores). Dickens narra la vida de un huérfano en la Inglaterra decimonónica, una sociedad extremadamente hipócrita, desigual, clasista y arrogante. Oliver es un interno en el asilo de la señora Mann, y allí conoce todo tipo de abusos. Como los pequeños padecen un hambre tremenda, deciden jugar para decidir quién le reclamará al director del asilo. Oliver resulta elegido y al finalizar la cena se dirige al Sr. Bumble, el director del orfanato, y le pide más comida.

Enfurecido, Bumble decide poner al “problemático Oliver” en subasta al primer postor, y de esa forma lo toma como aprendiz el enterrador de cadáveres Sowerberry. Oliver logra escapar de su trabajo en el cementerio y huye a Londres, donde se une a una banda de niños delincuentes. El texto de Dickens fue un “balde de agua fría” en el orgullo del imperio británico, que vivía su momento de mayor gloria y expansión mundial. Es una crítica irónica y frontal a sus instituciones políticas y su sistema de justicia, que operaban como una industria del hambre, del trabajo y la mortalidad infantil, y del abuso descarado envuelto en las hipocresías de la señora Mann y del Sr. Bumble.

Si Dickens volviera a la vida seguramente le impactaría leer el recién publicado libro autobiográfico Mi infierno en el Sename, de Edison Llanos. Este relato retoma los mismos tópicos de Oliver Twist, pero en primera persona. Como sostiene el autor: “Ingresé al Sename (según me han contado) a los dos años y medio de edad, y ahí estuve hasta los quince. Mi caso es excepcional, lo sé. ¿Cuántos como yo logran estudiar en institutos de capacitación técnica o en la Universidad? No lo sé. ¿Uno, dos, tres, un puñado insignificante? Con este libro intento exorcizar la pesadilla a la que me sometieron mis torturadores, pero busco también lanzar un grito de alerta a la sociedad entera, por los niños y las niñas sin derechos, habitantes descartados de un país que se jacta de respetar los derechos humanos, pero que ignora que éstos no existen en nuestro infierno. Escribo en nombre de ellos y de ellas, en un acto tan desesperado como urgente, para que algún día las instituciones, los gobernantes, los legisladores, los fiscalizadores, la población entera reconozca sus responsabilidades y se acabe con una aberración que ya se prolonga por décadas. Por ellos y por ellas, por esos descartados y torturados, hablo”.

Una caja negra sin responsables

Si leemos el informe final de la comisión investigadora Sename II, que está en su última fase en la Cámara de Diputados, la historia de Oliver Twist nos parecerá una historia suave y esperanzadora al lado de lo que se detalla sobre el sistema de “protección” de menores en nuestro país. El informe Sename II habla de violencia sistemática y normalizada contra los niños y jóvenes. Se trata de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en tanto el Estado es el responsable último de una industria de la violencia institucionalizada, que se ha expresado en crisis estructural de salubridad y equipamiento, denuncias de violencia sexual, y un número escandalosamente poco claro de muertes. Por un lado, la cifra oficial, recogida por el informe 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde datos de Sename, indica 249 menores fallecidos, atendidos por el sistema de justicia juvenil y 619 acogidos en el sistema de protección, para el periodo 2005- 2016. Esto arrojaría un total de 868 muertes en once años. Por otra parte, el diputado René Saffirio ha identificado un total de 1.313 muertes en ese mismo período. Estas contradicciones se deberán resolver por medio de una Comisión de Verdad, que al menos ponga luz sobre lo que ha pasado porque ni siquiera hay claridad sobre estos datos.

La historia de la “industria”

Para entender es necesario mirar con perspectiva. El Sename es una de las tantas creaciones monstruosas de la dictadura. Su fundación se debe a la entonces ministra de justicia Mónica Madariaga, que impuso el Decreto Ley N° 2.465 del 10 de enero de 1979, para sustituir al Consejo Nacional de Menores y la Fundación Niño Chileno, que hasta ese momento ejercían estas tareas.

El Sename de la dictadura fue pensado como una institución “a la inglesa”, totalmente “victoriana”, por varios motivos. El Servicio es concebido como una institución minimalista, proveedora de subvenciones a una serie de instituciones privadas, muy parecidas al asilo de la señora Mann, las que en realidad gestionan el sistema. Los niños y niñas son reducidos a la categoría cuasimilitar de “menores”, objetos de cuidado, pero no sujetos de derechos bajo una mentalidad que vincula desprotección familiar con delincuencia. El artículo 2 del Decreto N° 2.465 que creó el Sename es claro en esta vinculación: “El Servicio atenderá a menores que carezcan de tuición o que, teniéndola, su ejercicio constituya un peligro para su desarrollo normal integral; a los que presenten desajustes conductuales, y a los que estén en conflicto con la justicia”. Todos los casos quedan integrados: menores sin tutores, menores con “desajustes conductuales” y menores en “conflicto con la justicia”, todos en un solo marco institucional. Más que proteger a los niños y niñas la legislación dictatorial buscó “proteger a la sociedad” de unos menores que presupuso peligrosos de por sí, porque les catalogó como una amenaza a la propiedad y al orden. Los vio como los “rotitos”, los “patipelados”, los “pililientos”, los “pungas”, que con el tiempo se transformaron en los “cumas” y “flaites” de hoy en día.

El Sename bajo dictadura fue una institución sumida en la miseria y el abandono más absoluto. Estudios de Opción⁽¹⁾ muestran que en 1989 la subvención a las instituciones colaboradoras era un 139% menor que en 1981. Además, la subvención era más alta en los centros de internamiento, por lo cual se produjo un incentivo perverso a la creación de “hogares” permanentes que llegaron a concentrar el 63% de la oferta programática del Sename. Un 40% de los niños que pasaron por esos “hogares” nunca deberían haber sido internados, y tendrían que haber recibido atención ambulatoria. El 90% de los niños que pasó por estas instituciones nunca recibió una intervención en su familia de origen, y los problemas que motivaron su ingreso permanecieron sin variación.

Con la transición vinieron cambios, pero centrados en la modernización del mismo marco legal y el incremento de los recursos. Los organismos colaboradores (Ocas) han aumentado exponencialmente, hasta sumar más de 700 instituciones, que reciben anualmente más de 230 mil millones de pesos. En estos años se redujo el porcentaje de menores internos a favor de los tratamientos ambulatorios, y se incrementó la subvención. Pero la asociación arbitraria entre menores sin tutores, menores con “desajustes conductuales” y menores en “conflicto con la justicia” permaneció. Y a las denuncias de abuso a los niños se sumaron las denuncias por acoso y abuso laboral a los trabajadores de las Ocas.

Las denuncias de René Saffirio

Tras este cuadro adquiere mucho valor el gesto del diputado René Saffirio Espinoza, quien renunció a su partido, la DC, el 25 de mayo de 2016 debido a que su bancada rechazó investigar las posibles vulneraciones a menores del Sename durante la gestión de su ex directora, Marcela Labraña (militante democratacristiana).

En esa ocasión Saffirio afirmó: “La gota que rebalsó el vaso para mí fue la negativa y falta de apoyo de mi bancada para investigar vulneraciones de derechos para niños y niñas a lo largo de Chile. Situaciones dramáticas afectan a quince mil niños a lo largo del país, muchos no tienen familia, pero tampoco tienen un Estado que los proteja. Al contrario, un Estado que oculta violaciones, abusos sexuales, físicos y sicológicos, maltratos y condiciones de vida miserables. Yo lo que quería era investigar eso, no estaba pidiéndole a los militantes del partido al que renuncio que hicieran una declaración sancionando o criticando a nadie”. Y agregó que “las redes económicas que existen de parte de instituciones colaboradoras del Sename hacen imposible que se produzcan los cambios”.

Lo que el diputado percibió es que el Sename, en tanto repartición central, pero también muchas de las Ocas, tenían una vinculación estrecha con su partido, por lo cual era imposible avanzar en cualquier investigación mínimamente imparcial. De allí su afirmación:

“Los partidos hoy día están reunidos en torno a intereses, no ideas. Esos intereses tienen que ver con el acceso al poder para construir redes en el aparato público y extraer recursos para contratar personas y, a través de ello, tener una suerte de rehenes de los partidos para que sirvan, no al país, sino al partido”. A un año de distancia, la realidad ha confirmado crudamente las denuncias de Saffirio. En las últimas semanas el ahora diputado independiente denunció el intento de “blanquear” el informe final de la comisión investigadora Sename II, para eliminar menciones específicas a personas como la ex directora Marcela Labraña y la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco.

La crisis del Sename representa otro síntoma más de la crisis final de una transición política que pensó que bastaba aumentar los presupuestos y modernizar la gestión para hacer que la institucionalidad de la dictadura pudiera funcionar de acuerdo a estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos. Han tenido que pasar 27 años para que Chile empiece a entender que no se puede construir un Estado social de derecho, que proteja a los más vulnerables, sobre la base de instituciones pensadas y diseñadas para hacer todo lo contrario.

Nota

⁽¹⁾ https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=90881&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 878, 23 de junio 2017.