Sobre el límite: la extorsión y después (la pulseada con los fondos buitre)
La pulseada entre la Argentina y los fondos buitre llegó a una instancia definitoria al cumplirse el “período de gracia” de treinta días después del primer vencimiento de bonos de deuda argentina, tras quedar en firme la sentencia del juez Griesa. El propio magistrado les impidió cobrar a los acreedores (bonistas del canje), pese a que el deudor (Argentina) depositó en tiempo (antes del 30 de junio) y forma (en el banco designado pagador por contrato, el BoNY) los fondos correspondientes.
Vencido este período de gracia el 30 de julio y sin haberse concretado el cobro, el juez, a través de su interlocutor, el special master Dan Pollack, señaló que “es inminente que Argentina entre en default (…), un evento real y doloroso que dañará a personas reales: ciudadanos argentinos, bonistas que entraron al canje y los holdouts (fondos buitre)”.
En esta instancia, mientras el gobierno argentino niega que “el evento” pueda caracterizarse como default, así como los “dolorosos daños” en los términos expuestos por Pollack, aparecen en escena nuevos “actores”: bancos argentinos dispuestos a “pagar” para que los propios fondos buitre habiliten el stay y se libere el pago a los bonistas, evitando así que se llegue al supuesto default. Pero ¿se trata de generosos salvadores? Y si tenían la solución, ¿por qué no llegaron antes? Si los bancos fueran los dueños de la “varita mágica” que abriera el cofre de la solución, ¿pasarían a ser también los dueños de la situación en este conflicto de repercusión internacional?
Buscando las explicaciones de a una, podría decirse:
¿Por qué recién ahora? Porque la estrategia de los fondos buitre fue presionar a que la Argentina cediera en su posición de rechazar el pago de la deuda en los términos de la sentencia, extorsionándolo con el bloqueo del pago a los bonistas del canje (hold in) y la posterior declaración del default. Cuando entendieron que la Argentina no cedería ni en el límite, accedieron a considerar la propuesta de terceros (banqueros argentinos pero también de otros orígenes), que ya circulaba desde hace semanas.
¿Por qué un grupo de bancos locales surge como salvador? Porque resultarían los que más perderían con una declaración externa de default. Tienen en sus activos un monto elevado de títulos de deuda argentinos, buena parte de ellos bajo legislación extranjera. Y el valor de los títulos de sus empresas, que cotizan en Nueva York, se desvalorizarían. Porque son los que manejan el grueso del vínculo financiero con Estados Unidos (transferencias de fondos, pagos comerciales y por colocaciones financieras, depósitos y préstamos externos), flujo que se podría ver sensiblemente afectado por una descalificación de la plaza argentina en el núcleo financiero de Nueva York. Porque, además, concretar la operación de compra de deuda le podría valer a este grupo de bancos estrechar vínculos con grupos inversores de mucho peso en las finanzas neoyorquinas.
Su participación tiene mucho más que ver con defensa de intereses propios que con un gesto patriótico. No por nada, a estas horas, otros grupos financieros, incluso de Estados Unidos, siguen disputando por ocupar su lugar en la operación. Es por estas mismas razones que concretar la operación no los convertiría en “patrones” de la situación ni en dueños de la solución.
¿Por qué la salida debería venir de afuera de la causa? Porque las restricciones legales que tiene la Argentina, para no disparar la cláusula RUFO con un acuerdo que exceda al del canje, y la cerrazón de los fondos buitre y el juez en su pretensión de cobro o acuerdo inmediato, hacen que la situación quede absolutamente trabada. Sólo una oferta externa que tienda un puente entre las partes abriría un principio de solución. Un camino que el special master, con su actitud hasta acá y su declaración de ayer, no ayudó precisamente a recorrer.
La extorsión y después
Argentina vivió toda la semana pendiente no tanto de cómo se resolviera el conflicto planteado por los fondos buitre en Nueva York, sino de cómo podría superar apenas una instancia del mismo: el “plazo de gracia” del 31 de julio para hacer efectivo el pago del vencimiento del 30/6 a los bonistas con títulos Discount, que debían cobrar en el exterior.
Entre amenazas de las graves consecuencias de entrar en un “default” que no era tal, de pronto, el miércoles, varios medios locales anunciaron en sus portadas, con entusiasmo, el surgimiento de la “solución” a través de un acuerdo de bancos locales, nucleados en Adeba, con los fondos buitre. Con el ministro de Economía en Nueva York, se esperaba que esa tarde Axel Kicillof anunciara la “feliz noticia”. Pero ocurrió lo contrario: tras otro frustrado encuentro con el special master Dan Pollack, nada se había movido.
Los fondos buitre seguían rechazando el otorgamiento del stay para que los bonistas del canje pudieran cobrar y las partes de la demanda tuvieran más tiempo para buscar un acuerdo, y en consecuencia el reloj seguiría corriendo consumiendo los minutos hasta que se agotara el “plazo de gracia”. El abismo enarbolado como amenaza quedaba a la vista.
¿Qué actitud tomó el Gobierno ese jueves tan temido? Se desentendió del presunto acuerdo “entre privados” –bancos y fondos buitre–, del que nunca había hecho mención ni generado expectativas de ser portador de la “solución”, y rechazó con argumentos tajantes –y hasta descalificando al juez Griesa y a su special master– tanto la imputación de estar defolteando la deuda como las terribles consecuencias que ese estado de cosas traería aparejado.
En apenas un par de días, el clima político y social pareció oscilar entre la euforia por una “solución” (la de los bancos) que no era tal y el temor a un “infierno” (la condena al default) que tampoco lo era. El 31 de julio pasó, y el post 31 le deja al Gobierno otros desafíos. Sin pretensión de abarcar integralmente la cuestión, podrían señalarse dos planos en los que deberá concentrar buena parte de la energía.
Uno es interno. Empezando por los fondos buitre y por todos quienes acompañen su estrategia, está clara la intención de sembrar una sensación de que al país le esperan horas aciagas si no acuerda urgentemente el pago de la sentencia de Griesa –el comunicado de Pollack del miércoles es groseramente elocuente al respecto–. El Gobierno deberá lidiar con esa ofensiva que busca alejar a inversores, desalentar las compras de bienes durables de los consumidores, alentar las compras especulativas de divisas y la fuga u ocultamiento de activos, además de las subas “preventivas” de precios. Es la receta clásica del menú de desestabilización financiera, que ahora busca encontrar en la falsa declaración de “default” su elemento disparador.
El otro plano es el internacional. Las repercusiones del “caso Griesa” trascendieron ampliamente las fronteras locales y el círculo de directos involucrados. Es importante que el Gobierno siga cosechando consenso sobre su estrategia y en cada paso que da. Y el que dio esta semana, rechazando la extorsión de “la fecha límite”, es central.
Costas Lapavitsas es un prestigioso economista griego, nacido en Atenas en 1960, un meticuloso investigador que estudió el origen y evolución de la deuda de su país y la crisis europea. Es, desde hace algunos años, un destacado columnista de opinión en el diario británico The Guardian, desde donde expresa su visión crítica de la actual estructura del sistema financiero mundial y de los problemas de la relación entre finanzas y desarrollo. Todo esto lo ha convertido en un referente de peso para la izquierda griega (Syriza) y buena parte de las corrientes “euroescépticas”, que rechazan las políticas recomendadas por la troika Unión Europea-Banco Central Europeo-FMI.
Lapavitsas acaba de escribir, junto a otro profesor de Economía como él en la Universidad de Londres, Daniel Munevar, unas pocas líneas de reflexión sobre el caso argentino, que aún no fueron publicadas. Bajo el título de por sí significativo “Argentina tiene razón en rechazar la extorsión”, señala: “No es sorprendente que Argentina haya decidido lo que hizo el miércoles pasado y queda por verse, ahora, qué pasos tomará en relación con la reestructuración de su deuda. El default no es hoy una necesidad en tanto el país tiene fondos y voluntad de pago.
Este ha sido declarado a la Argentina por un sistema financiero internacional groseramente disfuncional. Corresponde entonces al gobierno de Cristina Fernández y su joven ministro de Economía, Axel Kicillof, plantearse en forma enérgica una perspectiva alternativa. Deberán dejar de aspirar a la readmisión en los mercados financieros internacionales para priorizar el desarrollo de su sector productivo y confiar en la ayuda y los recursos del Sur.
”Las implicancias generales de lo ocurrido con Argentina para las finanzas internacionales serán de largo plazo. Un pequeño grupo de especuladores brutales se ha aprovechado de las leyes de EE.UU. para quebrantar la vida de millones de personas. El sistema legal norteamericano y el juez Griesa han demostrado ser extraordinariamente ineptos, en tanto han llevado a brindar a ‘fondos buitre’ y ‘holdouts’ un fuerte incentivo para no aceptar nunca reestructuraciones de deudas.
”La decisión de Argentina, además de ser necesaria para proteger sus intereses vitales nacionales, es un acto de valentía que debería servir de ejemplo para otros países endeudados en relación con sus acreedores. Las lecciones para los países altamente endeudados de Europa, en particular Grecia, son evidentes. Es esencial, por lo tanto, apoyar ampliamente a la Argentina en esta disputa”.
Tal como señala Jorge Marchini, economista argentino, referente del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges), de contacto fluido con Lapavitsas y otros especialistas internacionales “anti-sistema”, en momentos en que “se lanzan dardos contra Argentina por su decisión, es muy importante que voces de prestigio internacional se pronuncien a favor y además lo hagan con alta calidad argumental: la batalla no es sólo legal-financiera, sino también cultural. Es por razones y corazones”.
*Publicado en Página 12