Sin duda han sido notables los avances que experimentó la sociedad en cuanto a las tasas de crecimiento económico, disminución de la pobreza y mejoramiento en general de las condiciones de vida de las familias chilenas. También se implementaron hitos icónicos que hoy parecen normales, como el seguro de desempleo, la ley de prestaciones médicas inicialmente conocida como AUGE o el pilar solidario de pensiones. Lo mismo en el plano valórico: la ley del divorcio, el fin de la condena a la sodomía, la ley que puso término a los hijos ilegítimos, la unión civil de parejas de igual o diferente sexo, la despenalización del aborto y una larga lista de conquistas que durante largo tiempo eran exigidas por vastos sectores del país.

Por ello, cuando se habla del reclamo social expresado el 18 de octubre de 2019: “No son 30 pesos, son 30 años”, es una frase, en términos objetivos, incorrecta e injusta. Esta consigna ha dado paso, de manera paradojal, a que los sectores conservadores de la política chilena reivindiquen muchos de los cambios a los que, por décadas, ellos se opusieron tozudamente.

El cuestionado juicio sobre el pasado reciente es la principal causa de la actual fragmentación de los partidos y movimientos que buscan una nueva Carta Fundamental para Chile. Algunos sectores de la izquierda también reclaman por los términos alcanzados en el “Acuerdo por la paz social y nueva Constitución”, sellado la noche del 15 de noviembre de 2019, que regirá la Convención Constitucional y en particular, contra la norma de los 2/3 para su aprobación.

Todo ello ha llevado a que las fuerzas que más lucharon por ello y que obtuvieron casi el 80% de los votos, hoy marchen camino a la derrota ante la imposibilidad de las cúpulas de haber alcanzado una lista unitaria para enfrentar la elección del próximo 11 de abril. En lugar de acercar posiciones en estos meses de discusión, parece haber ocurrido lo contrario. Cada vez son más ácidas las críticas al pasado, lo que obviamente asegura la dispersión de los votos y eventualmente, una mayoría a los sectores de la derecha.

Cuando se analizan las causas del descontento y se escarba en el sentido de la frase de los “30 años”, vemos que las críticas se han profundizado en los sectores más duros de la izquierda, muchos de los cuales votaron por gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Los argumentos más repetidos hoy parten con la “falta de voluntad” para efectuar cambios profundos o “el acomodamiento y aceptación del neoliberalismo” que habría caracterizado a los gobiernos de centro izquierda.

En particular, con el proceso mismo de negociación de las reformas constitucionales de 1989 que dejó establecidas las bases del neoliberalismo y que luego se habrían “encargado de perfeccionar”, con muchos personeros convencidos de que era el mejor camino. Además, indican, se aceptó la permanencia del entonces comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, en el mismo cargo donde ya llevaba 17 años. No solo eso, agregan los críticos, se le garantizó impunidad de por vida al incluir que una vez que dejara el uniforme, pasaría a ser senador designado por los próximos ocho años.

Además, continuaron las privatizaciones que contribuyeron a legitimar el modelo económico-social que terminó de explotar en octubre de 2019.

Suman a estos argumentos, los casos de corrupción que salpicaron a políticos, las formas de financiamiento de las campañas, la impunidad para los poderosos, la colusión de grandes empresas, el financiamiento de la educación superior, las AFP e ISAPRES, algunas leyes relativas a recursos naturales, el sentido tema del agua y la entrega a perpetuidad de derechos, la firma del TPP-11, y una larga lista de reclamos donde aparecen con fuerza los pueblos indígenas -en particular de los mapuche-, la falta de reconocimiento constitucional, la muerte de varios de ellos en manos de carabineros, así como la incapacidad de comprender las profundidades del problema.

Las fracturas entre las visiones del pasado se podrían resumir como haber permitido que el sistema legitimara los abusos y la desigualdad para una gran parte de la población y que la llevó a exigir dignidad.

Parece difícil alcanzar hoy un acuerdo sobre los 30 años. Cada vez que se inicia un debate por el papel de los gobiernos, de sus presidentes, de los dirigentes y sus partidos, rápidamente se encienden los ánimos y muchas veces terminan acusándose con duros términos. Dado que no será posible lograr en el corto plazo una visión común y alcanzar un “consenso” -palabra que provoca ira en algunos sectores-, entre las dos visiones, es preferible dejar esa discusión a las generaciones futuras. Hoy, esa discusión impide alcanzar acuerdos trascendentales para el mundo progresista.

Los juicios históricos toman mucho tiempo en madurar y no siempre se llega a un resultado que sea compartido por todos. El 11 de enero se cerró la posibilidad de que hubiese primado el pragmatismo y haber aceptado que, si bien no hay una visión común sobre el pasado reciente, se podría haber levantado la vista y haber dado respuesta a aquellos que por 40 años han estado esperando una nueva Constitución. Debió haberse puesto como meta obtener los 2/3 en una lista única.

Esa era la única lectura correcta del resultado del plebiscito del 25 de octubre pasado. La derecha sabe que son minoría y por eso antepusieron su interés común conformando una sola lista. La suerte está echada, pero no todo perdido para quienes esperan una verdadera nueva Constitución. Dependerá de que se produzca una alta participación electoral y que los votos se concentren en las listas grandes de la oposición.

Tal vez los millones de ciudadanas y ciudadanos den a la clase política una lección de madurez; esa es al menos una esperanza que queda. Las actuales dirigencias políticas pasarán, pero la Constitución que se escriba permanecerá por un tiempo indeterminado. Se corre el serio riesgo de que las promesas se confronten a la dura realidad: que la derecha vete los sueños de la inmensa mayoría.

Vienen nuevos desafíos electorales que culminarán con las elecciones presidenciales a fines de año. Alcanzar un acuerdo de todo el amplio mundo del progresismo para buscar democratizar Chile y avanzar hacia una sociedad más justa en igualdad de oportunidades, no es revivir la Concertación ni la Nueva Mayoría, es anteponer el interés colectivo de los millones de chilenas y chilenos que se movilizaron en las históricas jornadas de octubre de 2019.

Publicado en La Mirada Semanal