Acuerdo para explotar Vaca Muerta: Las cuentas que nunca se hacen completamente
El gobierno argentino ha anunciado la firma de un acuerdo con las empresas y los sindicatos para avanzar en la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenca neuquina (provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza). Se trata de la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional, la cuarta de petróleo no convencional y la principal formación geológica de shale en Argentina.
El acuerdo lo suscribieron el Presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y su par de los Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo. El texto del acuerdo se mantiene en reserva y solo se conocen algunos aspectos derivados de declaraciones públicas de los distintos actores.
Según informó el propio Presidente, las empresas que participarán de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometen a planes de inversión que, sumados, alcanzarían USD 5.000 millones en este año 2017 y mayores a USD 10.000 millones por año a partir de 2018.
El Estado Nacional por su parte, extenderá el Plan Gas hasta 2020, brindando garantías a los inversores sobre el precio del gas en boca de pozo, eliminará las retenciones a las exportaciones de petróleo y además invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector. Por otro lado, la provincia de Neuquén garantizará la estabilidad tributaria para las empresas y mejorará el estado de los caminos provinciales.
Los sindicatos a su vez, han aceptado una reforma de su convenio colectivo que implica –según varios voceros gremiales- una flexibilización laboral que incluye: jubilación anticipada, permitir el montaje y desmontaje en horario nocturno, solo la empresa -y ya no el sindicato- podrá suspender el trabajo por condiciones climáticas y vientos fuertes, instrumentación de nuevos mecanismos de control para reducir ausentismo, eliminación de las horas ‘taxi’ (tiempo de viaje hasta el yacimiento), entre otros.
El objetivo del acuerdo, según el presidente argentino, es atraer inversiones para la explotación de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, reducir los costos de la energía, retomar la exportación de hidrocarburos y aumentar los empleos. “[Vaca Muerta] tiene el potencial de generar miles de puestos de trabajo y la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares. … El mundo entero necesita energía, y nosotros podemos ser parte de la respuesta a ese desafío global, tanto en energías renovables como en recursos convencionales y no convencionales” expresaba el presidente en “La Mañana” de Neuquén.
El balance
Es muy difícil hacer una evaluación del acuerdo en tanto no se conoce su texto concreto. En principio el estado argentino, tanto en lo nacional como en lo provincial, deberá hacer una inversión no cuantificada, pero que puede preverse abultada, para construir carreteras, caminos y vías férreas. Además perderá una parte importante de ingresos por la eliminación de las retenciones a las exportaciones petroleras y la “estabilidad tributaria” de la provincia.
Debe agregarse que la explotación de recursos no convencionales de gas y petróleo tiene una corta pero profusa historia de impactos ambientales, además de importantes riesgos dada la magnitud e intensidad de la fracturación hidráulica requerida para su explotación. Puede presumirse que el Estado deba, en algún momento, hacerse cargo de los gastos de remediación, recuperación o control de contingencias, tanto sociales como ambientales.
Los aportes estatales, tanto en subsidios directos como indirectos a la explotación de hidrocarburos han sido históricamente importantes en Argentina, como lo ha sido en todos los países latinoamericanos. En un informe publicado por instituciones argentinas en diciembre de 2016 se cuantifica de manera exhaustiva la transferencia de recursos del estado argentino al sector hidrocarburos (1).
Según el informe entre el cuarto trimestre de 2008 y la primera mitad de 2016 las transferencias totales a favor de las empresas del sector hidrocarburífero fueron superiores a USD 21.500 millones, tanto a través de programas de estímulos directos como por ingresos que el Estado dejó de percibir. Los montos transferidos a las empresas fueron crecientes hasta 2013 y desde allí se han mantenido cercanos a los 3.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 4% de los ingresos tributarios totales del Estado Nacional.
El estudio afirma además que el monto transferido por el Estado a las empresas ha sido superior a la suma de todos los salarios pagados por el sector de hidrocarburos en Argentina. Según los balances contables de las compañías del sector, entre el 6% y el 10% de los ingresos totales de las empresas se destina al pago de salarios. El informe estima que la masa salarial total pagada por las compañías entre 2009 y 2015 fue de USD 8.174 millones. Las transferencias proporcionadas directamente por el Estado en el mismo período (sin contar otros aportes) fueron de USD 12.243 millones. Es decir, el Estado Nacional cubrió en un 150% la totalidad de los salarios del sector.
El estudio citado no incluye otras contribuciones estatales indirectas como la construcción de infraestructura o los costos sociales y ambientales derivados de la explotación de los hidrocarburos.
La nueva política del presidente Mauricio Macri parece querer sustituir las transferencias anteriores con otro tipo de transferencias: aumento de las tarifas al público, garantías sobre los precios a los productores, eliminación de las retenciones, construcción de infraestructura para asegurar la salida de la producción y flexibilidad laboral.
Ha sido prácticamente una constante en la historia latinoamericana, que los estados se hagan cargo de buena parte de los costos de explotación de la materia prima para la exportación, con el argumento de la generación de empleos y el progreso económico. Muchos costos quedan ocultos en esta cuenta, como la degradación de los ecosistemas, los pasivos ambientales, la reducción de los estándares laborales y la salud de las poblaciones en torno a los enclaves productivos.
La cuenta total parece nunca hacerse completamente. Algunas veces con un tinte más liberal y otras veces más progresista, pero siempre termina el Estado poniendo la parte que falta para que el extractivismo sea rentable y las materias primas puedan emprender su viaje a factorías lejanas. Lo que queda en el país son los pasivos ambientales, una pequeña élite de funcionarios bien pagados, el déficit fiscal y un montón de chirimbolos importados con las divisas obtenidas.
Notas
1. http://www.ejes.org.ar/InformeTransferencias.pdf: Lea el informe realizado por Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman
*Analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)