Al parecer, algo anduvo mal en el diseño de la política internacional del presidente Sebastián Piñera para su segundo mandato. Contrariamente a lo ocurrido en su primer gobierno (2010-2014), donde en términos generales se respetó una política exterior de Estado, en el segundo no ha sido así y el país ha sufrido un deterioro de su credibilidad, así como ha visto disminuida su presencia en la escena regional y global.

La coyuntura producida por el giro a la derecha en los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia, entre otros, ilusionaron al presidente con la idea de cambiar el eje de la integración latinoamericana al suspender o retirarse de los órganos políticos, donde al menos existía un espacio para el diálogo entre jefes de Estado. Además, todos estos países apostaron por la caída del régimen en Venezuela y la posibilidad de legitimar un nuevo gobierno. En este escenario, con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, Piñera y sus asesores vieron una oportunidad para levantar un liderazgo regional avalado por el prestigio y la estabilidad política, social y económica de Chile.

Se sumaba una rica agenda internacional para su segundo mandato, incluyendo que Chile sería anfitrión de APEC y de la COP-25 en 2019. Con ello se abría la posibilidad de dar mayor visibilidad a los temas económicos, profundizar los acuerdos comerciales y en especial los medioambientales -cambio climático-, algo que permitiría sintonizar con los principales países de la Unión Europea y realzar su figura en el plano global. Mirado en esa perspectiva, se comprende que el rol presidencial sería crucial y por tanto se requería de un ministro de relaciones exteriores de bajo perfil.

En su primer gobierno, designó y mantuvo los cuatro años al ex canciller, Alfredo Moreno que, si bien no provenía del mundo internacional, tenía carácter, se rodeó de asesores competentes a los que supo escuchar y sacó adelante una nutrida agenda incluyendo que el presidente Piñera asumiera en 2011, en Caracas, la presidencia de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Sin embargo, este segundo gobierno no ha sido así. Es cierto que el estallido social del 18 de octubre de 2019 y la pandemia del año siguiente cambiaron las prioridades, pero ya antes quedó en evidencia que se pretendía cambiar aspectos que caracterizaban a la política exterior chilena, comenzando por el eje enfocado en la cooperación e integración regional. En 2018, el presidente Piñera visitó 15 países en América, Europa y Asia buscando mostrar su preocupación por temas medioambientales, fortalecer las relaciones políticas y profundizar acuerdos comerciales que ayudaran a relanzar la economía.

En París, luego de su reunión con el presidente Emmanuel Macron, declaró: “Hablamos del cambio climático y cómo unir fuerzas para que Chile y Francia podamos ser líderes en un mundo y un planeta más limpio y sustentable”. Sin embargo, uno de los primeros traspiés fue su rechazo a firmar el Acuerdo de Escazú o primer tratado de protección medioambiental de América Latina y el Caribe -suscrito por 21 países-, el cual había sido impulsado por Chile y Costa Rica, luego de cuatro años de negociaciones y que hasta hoy sigue en espera.

En septiembre del mismo año, el mandatario viajó a Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca, donde ante la sorpresa de todos, cometió un agravio a la dignidad de Chile al agregar la estrella de nuestra bandera a la estadounidense. Ahí expresó que tenía una visión compartida con Trump sobre Venezuela, respecto a que no era una democracia y que haría todo lo posible por ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad. Pocos meses después, en febrero de 2019, con el pretexto de estar presente en la entrega de ayuda humanitaria, Piñera viajó a la frontera colombo-venezolana esperando se produjera un quiebre de las fuerzas armadas que pusiera fin al gobierno de Nicolás Maduro.

La imagen del mandatario en la frontera, junto a una turba frenética, quedó registrada para la historia. Impropio de un Jefe de Estado chileno, un acto propagandístico, de política mal calculada y que solo fue pérdida para su imagen y la de Chile.

El estallido social de octubre de 2019 canceló totalmente la agenda internacional y nacional del gobierno. Cayó primero la Cumbre de APEC, donde el presidente Piñera recibiría a los 21 jefes de estado y/o gobiernos que la conforman incluyendo a los mandatarios de Estados Unidos, China, Rusia, entre muchos otros. Luego tuvo que renunciar a la COP-25, donde asistiría el presidente francés, un sinnúmero de personalidades y ambientalistas de todo el mundo.

El escenario político cambió dramáticamente para un mandatario que se había jactado de la estabilidad de su gobierno al declarar, diez días antes del estallido: “En medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis, con una democracia estable”. Si el diseño había apuntado a que el presidente Piñera sería además de Jefe de Estado, Canciller, ello explica el nombramiento de un débil ministro de relaciones exteriores, sin trayectoria, como lo fue Roberto Ampuero, quien estuvo como ministro de cultura en su primer gobierno.

Escritor, vivió en Cuba donde se casó con la hija de un alto dirigente, Fernando Flores Ibarra, quien fue el temido fiscal de La Habana después de la revolución y luego embajador en Yugoslavia, Francia y Chile, entre otros países. Ampuero había probado ya “la dulce miel” del poder y pasó de revolucionario a converso. Sin conocimientos ni redes en la política internacional, vacilante en las decisiones, fue flor de un día y rápidamente aceptó irse de embajador a un país europeo, a España. Duración en el cargo de Canciller: 15 meses.

Con un panorama de política interna totalmente cambiado por el estallido y sin saber cuánto duraría la pandemia, pero con la esperanza de recuperar prestigio, Piñera designó a Teodoro Ribera como Canciller. De perfil bajo, había sido ministro de justicia en su administración anterior. Sin una gran visión de la política internacional, su mérito era un doctorado en derecho en Alemania, pero desconocedor del sentido profundo del interés nacional. Aconsejó el cierre de tres embajadas de Chile ante la Unión Europea: Dinamarca, Grecia y Rumania, más el cierre de las misiones en Siria y Argelia. Claro, probablemente no pudo resistirse a la presión del ministerio de Hacienda y pagó el costo de las erróneas recomendaciones que le formularon su equipo de asesores en Cancillería, incluyendo algunos experimentados diplomáticos. Fue incapaz de imponer su propio criterio. Duración en el cargo: 13 meses.

El turno llegó al actual ministro, Andrés Allamand, quien asumió el 28 de julio de 2020.  Eterno candidato a la presidencia de la República y joven promesa de la derecha al llegar la democracia quien, en 1989, junto a Sergio O. Jarpa estuvo a la cabeza de las negociaciones con los entonces líderes de la Concertación para aprobar las reformas constitucionales que el general Pinochet no admitió en el paquete de reformas y que luego él y los partidos de derecha no cumplieron, como bien lo recuerda el expresidente Ricardo Lagos en sus memorias. Allamand prometía ser la cara de la renovación de los sectores conservadores.

Simpático, cercano a los políticos del centro izquierda, aparentemente dispuesto a los acuerdos, opuesto a los poderes fácticos que habían determinado la agenda de su partido. Poco quedó de esa promesa. Paulatinamente se fue acercando cada vez más a posiciones conservadoras y entre más a la derecha se fue moviendo, más disminuyeron sus posibilidades de perfilarse como candidato de su sector a la presidencia de la república. Se opuso con vehemencia al acuerdo firmado en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 por una nueva Constitución, señalando que se cometía un error histórico.

Sin dudas tiene más luces, redes y pergaminos que sus dos antecesores en Cancillería. Además, con un presidente volcado a la política interna, buscando desesperadamente mejorar su imagen ante el país y la historia, Allamand habría podido volar con luz propia si no hubiese mostrado la peor cara de la derecha. La mala noticia para él es que las cancillerías en el extranjero fueron informadas detalladamente por sus embajadores acerca de quiénes en el gobierno -en un gabinete dividido- apoyaban o rechazaban una nueva carta fundamental, que con casi un 80 por ciento fue aprobada en el plebiscito de octubre pasado.

El actual Canciller no lo ocultó y su lema de “rechazar para reformar” fue barrido por las chilenas y chilenos que votaron por una nueva Constitución y por la totalidad de constituyentes elegidos. Claro, en diplomacia las cosas se saben y se expresan, cuando se desea, de manera sutil. Allamand viajó al cambio de mando en Bolivia, algo que fue un hecho positivo para la relación bilateral. Luego lo hizo a Madrid, París y Bruselas, donde fue recibido amablemente por sus homólogos. Ahora bien, es fuerte para la imagen de Chile que el país envíe, para que explique el proceso constituyente y la necesidad de una nueva Constitución, a quien fue su principal opositor.  Su nombramiento como Canciller fue una antigua aspiración, ha señalado la prensa,  se le ve cómodo, contento, pese a que su opción presidencial está cada vez más lejana. Duración en el cargo: No lo sabemos.

La política exterior se construye con una visión donde se recoge la historia del país, los intereses permanentes que identifican a la mayoría, el presente y su proyección al futuro, anteponiendo el interés nacional a cualquier otro. En 30 años, con avances y retrocesos, Chile había logrado superar visiones ideológicas o de grupos de interés. Hemos visto un serio retroceso en los últimos tres años, en particular en la desarticulación de los organismos regionales de integración, donde el gobierno del presidente Piñera ha tenido gran responsabilidad.

Hoy nos encontramos en un escenario desesperanzador por la pandemia que afecta al planeta, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos. Cuando más necesidad hay de coordinación con nuestros vecinos y la región, de hablar con una sola voz para defender intereses comunes y ser escuchados, vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional.

Publicado en La Mirada Semanal