UE, un capitalismo a la deriva: Todo empezó en una ciudad holandesa
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Hace algunos años atrás los responsables políticos que lograban llegar a las distinguidas y nobles funciones del Estado, después de una vida de combates políticos, podían cultivar la esperanza de guía de los destinos del país, modelando a su manera el futuro de sus pueblos. Era la época en que la dimensión del hombre de Estado grabaría con una huella imborrable la historia de su pueblo y para las generaciones futuras esta quedaría plasmada en un monumento, una plaza o en el nombre de una calle.
Hoy el hombre de Estado aparece promovido a estos cargos para administrar el “corte de tijera” necesario en el presupuesto de las naciones y su nombre se hace popular en las manifestaciones callejeras y en la bronca de la gente. Los hombres de negro campan a sus anchas. La soberanía de los Estados se bate en retirada a medida que los enviados de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europea acompañados del Fondo Monetario Internacional) imponen sus recetas. La crisis abrió la veda para una batería de ajustes que recortan cada vez más y más derechos y preconizan un aumento de las desigualdades en la Unión Europea (UE). Sin embargo, la derrota del poder político frente al económico no es algo de ahora y ni siquiera de los últimos años.
Vivimos ahora en una Europa sin alma, en una Europa que se hunde en las desigualdades, en una Europa que se desfigura en esta crisis sin fin que pone cada día más al descubierto el desgarro de unos procedimientos democráticos vulnerados. En efecto la crisis política está poniendo al orden del día en Europa propuestas altamente antidemocráticas, con una peligrosa tendencia hacia soluciones autoritarias, con la subordinación de las políticas nacionales ante la conservadora política europea común. Italia Portugal, Grecia e Irlanda en diferentes momentos se ha suspendido de modo efectivo el control democrático sobre la política económica. Mientras que España con la reforma de la Constitución demuestra hasta qué punto la crisis ya no es solo económica o financiera, sino política. La concentración de las rentas y la riqueza en pocas manos ha provocado la perversión de la democracia. Un futuro nada risueño para una Unión Europea que nació –dicen– para preservar la paz y defender la democracia. Hoy Grecia, es la ultima victima de la obra inacabada de una inmensa estafa política y social.
El tratado de Maastricht
El tratado de Maastricht del 7 de febrero de 1992 definió el «proyecto de integración europeo» tras los progresos realizados en el Acta Única de 1986. Prometía, en un mismo paisaje comunitario, «desarrollar la dimensión social de la Comunidad, reforzar la legitimidad democrática de las instituciones y mejorar su eficacia». En la operación de maquillaje, también se quiso presentar el Tratado de Maastricht como la consagración de la “Europa de los ciudadanos” al reconocer el derecho de voto en las elecciones municipales a los residentes de la UE, con independencia de su nacionalidad de origen.
Pero lo cierto es que el protagonismo real que la ciudadanía europea debería haber jugado y conquistado, por historia y acervo democrático, está ausente. Y aunque introduce el principio de subsidiariedad -del cual ya ahora nadie habla- el Tratado de Maastricht sólo se justifica por su aportación clave a la unión económica y monetaria, fijando al alza, y con acento germánico, los requisitos para la construcción europea. Lo fundamental, la razón de ser del Tratado, sin hipocresías ni funambulismos, fue el anuncio de creación de la nueva moneda europea y los criterios por los que podrían acceder a la misma los Estados miembro que decidieran formar parte también de la unión monetaria. La Europa de Maastricht ha transformado de esta manera a cada responsable político a nivel nacional en un “presidente al 3%” encargado de hacer respetar las condiciones de la UE. La realidad que el seguimiento de los objetivos rigurosamente cifrados apunta y conduce a hacer desaparecer todos los modelos nacionales segregados por la historia y modelados por las mentalidades.
Los objetivos tienen que ver con la inflación, el déficit, la deuda y el tipo de interés
El contrato hablaba también de fortalecer las competencias del Parlamento Europeo y auguraba una unión entre pueblos bajo una ciudadanía europea sin límites fronterizos
La UE se postulaba en su creación como un equilibrio entre los mercados y las necesidades socioeconómicas de la población, una armonía que se encargaba de desestabilizar otro de sus puntos fundacionales: la puesta en marcha de una unión económica y monetaria. El profesor de sociología Josep María Antentas (1) sostiene que “Desde sus inicios se trata de un proyecto para reconstruir y defender al capitalismo europeo enmarcado dentro de una alianza político-económico-militar con Estados Unidos. Nunca ha sido un proyecto al servicio de los intereses de los trabajadores o de la mayoría de la ciudadanía»,
El sociólogo remarca que esa concepción neoliberal, que ha estado siempre presente en la UE, se acentuó con la llegada de la moneda única en 2002 y se relanzó con los siguientes tratados (Amsterdam 1997, Niza 2001), que sirvieron para terminar de definir ese proyecto de integración. «Su máximo expresión fue en el 2005 cuando fracasó el intento de aprobar la llamada Constitución Europea con el ‘no’ francés, pero que finalmente se rescató con otro disfraz, el del Tratado de Lisboa de 2007». «La UE mantiene una relación imperialista con los países del Sur y está comprometida con una política militarista»
En realidad lo que se plantea en Maastricht son objetivos que tienen que ver con la inflación, el déficit, la deuda y el tipo de interés y que después tendrán su culminación en el euro, un espacio económico al servicio fundamentalmente del capital financiero..
Muchos académicos comparten la idea de que, al amparo de estos conceptos, Europa utiliza la retórica para legitimar su proyecto económico Antentas agrega: «La UE no es nmingún paraíso de los derechos humanos, ni en casa ni a escala mundial. Mantiene una relación imperialista con los países del Sur y está comprometida con una política militarista a nivel internacional. Desde este punto de vista, asociar a Europa con un paradigma de democracia es en gran parte una retórica para legitimar un modelo basado en el neoliberalismo».
La propia estructura de la UE propicia el control de la agenda europea por parte de los mercados. El Parlamento Europeo apenas tiene competencias, las decisiones se toman en consejos. El entramado en Bruselas de la Comisión Europea, el poder ejecutivo real de la UE, está organizado de tal forma que sus estructuras quedan ajenas a la fiscalización de los ciudadanos, que, además, no tienen ningún poder de elección directa sobre la composición de sus miembros. El profesor de Sociología apunta además que la relación entre los Estados miembro está totalmente jerarquizada, donde las economías de los países periféricos -con Grecia, Portugal y España a la cabeza- han quedado subordinadas a la de los países centrales, algo que se ha potenciado con la crisis.
Dentro de ese andamiaje aparecen las autoridades monetarias, encargadas de repartir austeridad bajo la bandera del rescate financiero. Pensar que el Banco Central Europeo (BCE) es antidemocrático es un eufemismo. Los Gobiernos nacionales se pliegan a los planteamientos de la troika, que lleva a Europa a una deriva cada vez mas autoritaria. La gran banca ha tomado el poder y ha consolidado una Unión fracturada. Esas fracturas han ido creciendo con el tiempo y se han multiplicado con la crisis. El resultado es que la unión monetaria ha conducido necesariamente al endeudamiento masivo de familias y empresas.
El sociólogo Antentas incide en que las políticas de austeridad son una consecuencia de un modelo basado en el neoliberalismo y recuerda que «estamos asistiendo a una transferencia masiva de recursos y derechos de la mayoría de la población a los bolsillos de una minoría financiera».
El poder económico ha ido de la mano del diseño conservador de la UE, con la complicidad de la socialdemocracia, cuando inundaba de rojo el mapa del continente. Los Gobiernos socialdemócratas, uno detrás de otro, se han ido adaptando a la economía dominante y desde hace décadas no han presentado una alternativa económica distinta a la de la derecha. “ En el marco de la crisis lo hemos visto claramente. A la hora de imponer recortes y austeridad no cambia mucho un color del otro», detalla el profesor de la UAB.
La idea de Europa
A todo esto hay que responder que el Tratado de Maastricht, como hito fundamental en el llamado proceso de integración europea, consagra una concepción de la Unión Europea que difícilmente se podría tachar de democrática.
Es natural que los ciudadanos no hayan leído el Tratado de Maastricht. propiamente llamado Tratado de la Unión Europea (TUE), y, aún menos, la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tratado de la Unión Europea (RPETUE). Esto viene a cuento porque en dicha resolución e expone que el TUE «no ha superado el déficit democrático parlamentario» y tiene deficiencias serias y graves en número de 21. Digamos, de paso, que este déficit democrático se refiere básicamente a las escasas competencias que se otorgan al Parlamento Europeo como órgano de representación ciudadana.
En resumen, la separación entre lo económico y lo político sitúa a este último ámbito cada vez más huérfano de competencias, lo que es perfectamente lógico desde una perspectiva tecnocrática. En la misma perspectiva, los criterios de convergencias son igualmente indiscutibles: no son más que instrumentos para alcanzar las metas señaladas por el proyecto tecnocrático europeo. Es obvio que las desigualdades están arruinando la economía. Ni los EE.UU. ni la UE podrán recuperarse mientras no se impongan las políticas que revierten el grado de desigualdad social, y si ese no es el caso, la narrativa europea sólo puede terminar mal, porque quienes podrían rectificar las políticas persisten -a sabiendas- en el error. A estas alturas ya no vale pensar que se trata sólo de una equivocación de doctrina o de políticas económicas.
La saña con que hunden las políticas keynesianas (prohibiéndolas constitucionalmente, tal como ya las expulsaron de la Unión Europea con los últimos Tratados y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ahora de la Constitución española) no va sólo contra los servicios públicos, que ya de por sí sería muy grave. Va contra la creación de puestos de trabajo y las políticas de empleo, va contra un mínimo de bienestar. A estas alturas, todos los determinantes de salud han encendido sus señales de alerta. Y todo eso significa mayor desigualdad y mayores dificultades para desandar lo andado, hacia una senda de mayor equidad. Y por tanto, todo nos aleja, de una manera que parece irreversible, del retorno hacia sociedades más estables, menos bárbaras, más solidarias y democráticas.