Una década del argentinazo: impunidad en democracia
Prácticas de las dictaduras que ahora están focalizadas hacia los barrios periféricos donde se amontonan los ni-nis, chicos que ni trabajan ni estudian y que no tienen futuro en este sistema. Son desechables, números sin rostro.
Recordar los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 sin incluir a los asesinados y los heridos, dejando de lado a los desechables de ayer y de hoy, sería un vano ejercicio de macropolítica, de una sociología que sólo analiza lo que le sucede a otros y nunca incluye a los de debajo de carne y hueso. Ellos pusieron buena parte de los muertos de aquellas jornadas y los siguen poniendo diez años después.
Por eso, no tiene sentido conmemorar el ayer sin traerlo hasta el hoy, sin denunciar un modelo minero-soyero que convierte la naturaleza en mercancía y condena a los pobres a vivir en campos de concentración, allá lejos, en las periferias inundables y contaminadas que por ahora no interesan a la especulación inmobiliaria. Si se atreven a salir, son detenidos a razón de uno cada 10 minutos (sólo en Córdoba) o son asesinados, a razón de uno cada 28 horas en todo el país, según los últimos datos de la Correpi.
Es hora de sincerarse y dejarnos de dobles discursos. Eso que llamamos democracia y derechos humanos tiene vigencia para una parte de la sociedad, quizá menos de la mitad. Un solo ejemplo: en 2009 un vigilante privado que asesinó a un joven discapacitado física y mentalmente en el conurbano de Buenos Aires fue condenado días atrás a dos años y 10 meses, ya que el juez le aplicó la figura de "homicidio cometido en situación de error en el ejercicio de la legítima defensa" (Página 12, 19 de noviembre). Creatividad jurídica para avalar la impunidad.
Los familiares de las víctimas del argentinazo constataron, en sus testimonios durante el encuentro en Rosario, que la impunidad no es una anomalía sino un patrón común. En el mejor de los casos, los que dispararon a sus hijos fueron condenados a unos años de prisión y ya están en libertad. En 2004 el gobierno de Néstor Kirchner les ofreció reparaciones materiales que la mayor parte rechazaron.
La reflexión sobre la impunidad, sobre todo la de los responsables políticos, impone reflexiones más profundas. ¿Podemos pensar a los policías y a los políticos como guardianes del campo de concentración? Si así fuera, los que gozamos de ciertas libertades estamos ante un dilema ético que supone elegir de qué lado de las alambradas nos vamos a colocar, aun sabiendo que esa elección no tiene marcha atrás, porque el sistema no perdona a los que están abajo ni a los que se colocan a la izquierda.
*Analista internacional uruguayo