Variantes y disculpas de la agresión periodística en Ecuador

Alberto Maldonado S.*

“La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA) vigilará la Ley de Medios” anuncia amenazante el diario El Comercio de Quito, en su edición del domingo 31 de octubre del 2010; y advierte, en una sumilla en negritas destacadas: “La Comisionada de DD.HH. viajará a Ecuador en enero del 2011. Mostró preocupación por los ataques a la prensa”.

En este juego macabro y mediático; y cuando aún está fresco el intento golpista del 30 de septiembre/2010 (el 30-S), el diario El Comercio de Quito, el principal de los medios sipianos en el Ecuador, “se acuerda” del proyecto de Ley de Comunicación (no de medios, como repetidamente este y otros medios tratan de rebautizarlo) que, desde hace meses, duerme en la Asamblea Nacional una especie de sueño profundo, precisamente llevado a esa situación por la rabiosa oposición a este mandato constitucional, tanto de los políticos golpistas que tratan de salir a cualquier precio del gobierno-Correa, como de los propios medios comerciales y de organismos paralelos como Fundamedios (que la SIP-CIA se ha encargado de crear y financiar) precisamente para que “hagan frente” a regímenes que no se encuadran en el guión político e ideológico del gran imperio del norte.

¿Cuál el objetivo de tan “repentina” recordación? Puede ser que el medio y sus “aliados sipianos” estén tratando de recrear un viejo escándalo mediático a ver si sus perceptores empiezan a olvidar el dramático así como brutal 30-S, que no termina de suscitar muchas versiones y opiniones. El propio Presidente de la República (Rafael Correa) en sus últimos enlaces sabatinos, no ha dejado de referirse a este triste episodio y de recordar que sus principales actores (especialmente políticos de oposición y jefes policiales) deben ser sancionados conforme a la ley.

Y las acusaciones principales son las de que los sublevados pretendieron dar un golpe de estado y un intento de magnicidio contra el propio jefe de estado; los dos, delitos tipificados en nuestro Código Penal con penas severas.

El “jueguito mediático” (instaurado por los políticos de oposición, mas sirvientes de organismos de la SIP, la NED, la USAID, el Coro, etc.) es el de “demostrar” a Rafael Correa como un gobernante que “refuerza el discurso confrontador” (titular de la misma edición de El Comercio de Quito, del domingo 31 de octubre) y que “rehuye” lo que “todo el mundo” le dice y aconseja: que “El jefe de estado no ha procesado aún el llamado al diálogo y a la concertación” según el mismo diario ya que “en estos últimos días, el país político, no ha hablado otra cosa que de la necesidad de que el presidente y su gabinete replanteen las prioridades del gobierno”

Y por si esta afirmación “tan contundente” fuera poco, en la misma crónica publicada por El Comercio, se dice: “La Iglesia Católica, los formadores de opinión, los sectores de oposición, los expresidentes de la república.. Hasta el titular de la Legislatura, Fernando Cordero, ha pedido al país buscar un acercamiento nacional”

En otras palabras, la agresiva oposición trata de convencer al país (y a ellos mismos) que lo del 30 de septiembre no fue sino una revuelta policial, que fue el presidente Correa el imprudente que se metió en “la boca del lobo” y que se está haciendo un polvorín de un hecho sin importancia.

Si se acepta esta tesis, pues, lo procedente es que el agraviado presidente Correa “converse” con sus adversarios, baje el tono de la confrontación, tramite una amnistía general y replantee su política “desafiante”, en busca de los anhelados “consensos” (se allane a los conspiradores) ya que la “opinión pública” (de la que se creen dueños y sus representantes) así lo exige, so pena de que “más temprano que tarde” Correa vuelva a enfrentarse a sucesos “más graves” que los que tuvo que enfrentar.

Esa música no es ni nueva ni original, en países como Ecuador y otros de esta América Latina. Es que siempre, los sectores retardatarios del esquema plutocrático: “si ganan” en sus afanes golpistas contra un mandatario que quiere cobrarles impuestos, que habla de liquidar las inequidades y de enderezar muchas cosas torcidas; y que hasta desafía al gran imperio y sus obsecuentes servidores, pues desatan una represión sádica, morbosa, sin límites ni éticos ni morales.

Si “pierden” lanzan al ruedo las viejas tesis de que hay que bajar el tono, que hay que conversar, que se deben buscar consensos y que la opinión publica exige “renuncias de parte y parte” hasta encontrar la paz y la tranquilidad.

Y para eso están los medios de comunicación y otros “hacedores de opinión” aún más emblemáticos y creíbles. La jerarquía de la iglesia católica, por ejemplo, en un país altamente religioso. Mientras se desarrollaban los tristes y brutales episodios del 30-S, que se haya sabido, ningún obispo, ningún jefe de la iglesia, salió a pregonar la necesidad de que baje la confrontación, que cese la agresión “de parte y parte” y a recordarles a los policías amotinados y sus “asesores” civiles, que su obligación es velar por la paz y la seguridad ciudadanas y no convertirse en sus verdugos.

Días después del triste episodio y una vez que los medios sipianos y sus voceros, y los políticos “sensatos” —y otros que también— comenzaron a hablar de que el 30-S no había sido intento de golpe de estado sino una “sublevación policial” y que había que dictar una amnistía general para todos los implicados, sale el Arzobispo de Guayaquil (el conocido franquista Arregui) a hablarnos de la necesidad de consensos, que Correa debe bajar el tono de sus intervenciones y etc. etc. Y se valen de que está posesionándose un nuevo Arzobispo de Quito (en lugar del anterior, que fue elevado a la categoría de cardenal) para “arrancarle” expresiones y proclamas similares.

Esta actitud me recuerda un pasaje que es relatado por José Peralta (el ideólogo de la revolución liberal radical y un dirigente político muy afín y leal a Eloy Alfaro) en su libro “Alfaro y sus Victimarios” que, cuando la chusma alcoholizada y enfervorizada pasaba arrastrando los cadáveres del viejo caudillo y sus lugartenientes (que habían sido asesinados en el entonces llamado Panóptico García Moreno) el entonces Arzobispo de Quito (González Suárez, uno de los más ilustrados obispos de esos tiempos) simplemente miró por la ventana tamaña salvajada y siguió trabajando en sus tareas eclesiales. Pero, días después, cuando fue requerido por dirigentes políticos de derecha para que salga a tranquilizar al pueblo, lo hizo, presidió una gran manifestación y todos quedaron tranquilos y contentos.

Vuelvo a la amenaza con la que comienzo este ensayo. El Comercio, en el texto de la información, aclara que la señora Dinah Shelton (que es la Presidenta de la Comisión) PODRÍA venir a Quito para “enero 2011” (aunque dos días después aclaró que podría ser “marzo”) y  que los quejosos ecuatorianos (asambleistas de oposición, con César Montúfar a la cabeza, canales comunitarios (¿) Fundamedios y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos) no se reunieron con la señora Shelton sino con la “relatora de la libertad de expresión de la OEA” la famosa señora Catalina Botero, una colombiana uribista que hace semanas ya anunció que estaba preocupada por los términos en que se tramitaba el proyecto de ley de medios (de comunicación habrá querido decir).

¿Por qué le pusieron en segundo término a la señora Botero? Pienso yo que hay en esa ubicación secundaria algo de vergüenza no confesada ya que dicha funcionaria de la OEA ha sido denunciada porque anda muy preocupada por la “libertad de expresión” en Venezuela, Bolivia, Ecuador (en los cuales no hay un medio cerrado violentamente ni periodistas perseguidos o asesinados) y no dice ni pío frente a las transgresiones diarias y los asesinatos de periodistas que se cometen en otros países (antes era Colombia, cuando estaba Uribe) Para no citar sino uno: Honduras, que en apenas meses del gobierno espúreo y no reconocido del señor Lobo, ya va por el décimo periodista asesinado.

El mismo El Comercio de Quito (edición de noviembre 2/2010) bajo el título destacado de “El apoyo internacional hará una mejor ley de medios” publica (preguntas y respuestas) una entrevista al señor César Ricaurte quien, desde hace unos tres años, asume y presume la representación y la dirección de una institución “internacional” llamada Fundamedios (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, es su denominación oficial) creada y financiada por organismos USA, como la NED, la USAID, Coro, etc.

Es decir, ellos saben a ciencia cierta para qué crearon estos y otros membretes( Participación Ciudadana, de César Montúfar) ya que nadie les ha designado, ni representan grupos locales organizados, ni nada. Y tampoco saben quién los financia a pesar de que, por ejemplo, Fundamedios, recibió de la USAID, por el 2008 (si no estoy equivocado) más de 45.000 dólares USA.

La entrevista en mención revela algunos datos: que es este señor quien le lleva las cuentas (250) de las veces que el Presidente Correa “insulta” a los medios “democráticos” y a sus periodistas. Desde luego, el señor no le lleva las cuentas a los propios medios y sus voceros de las veces que le dicen “samba canuta” al mismo Presidente o de las veces que han mentido o han tergiversado o manipulado informaciones. Esa práctica (brutal y sin límites) para los medios sipianos  “es ejercicio de la libertad de expresión”.

Esta actitud me recuerda otro acápite del libro citado de Peralta, quien dice que los periódicos de la época (El Comercio, entre ellos) relataron, al siguiente día de los macabros asesinatos de Alfaro y sus lugartenientes (enero 28/1911) “como si se tratara  de una representación teatral o de una función de toros” y cita una frase textual de este diario (que presumía de liberal):

“La índole buena de nuestro pueblo, unida a las precauciones de la Intendencia, ordenando la clausura de  las cantinas, influyó decisivamente para que se restableciera el orden en la ciudad y la calma y la tranquilidad entre los moradores… Pasada la excitación de la ira popular, y dispersadas las multitudes, volvió la población a su natural calma, a la tranquilidad más absoluta, sin que tengamos que deplorar los desbordamientos  y desmanes consiguientes, y que eran de temerse de una multitud ebria de coraje y de indignación”

Me suena que este texto (no solo de El Comercio sino de otros actores) es una repetición de lo que pasamos: “El 30-S no fue un golpe de estado sino un reclamo policial – Debe declararse una amnistía general para todos — debe bajarse el tono de la confrontación—etc”.

Pero el 30S no solo fue “un grave quebrantamiento del orden y la legalidad” ya que murieron 8 personas y más de 200 resultaron heridas, el jefe de Estado fue insultado, gaseado, agredido y por último se pidió a viva voz su asesinato.¿Podrán los sipianos repetir lo que los diarios de la época dijeron en torno al asesinato y el arrastre de los Alfaro?

* Periodista.